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Con la votación a favor del No zanjada sobre el cierre del domingo 27, el presidente Luis Lacalle Pou se refirió muy brevemente a la Ley de Urgente Consideración (LUC) y dirigió su conferencia de prensa a “pasar página” y enfocarse en las prioridades del gobierno para el resto del período: reformas en la educación y en la seguridad social, combate a los asentamientos, apertura comercial, aumento de obra pública, control de precios y posible baja de impuestos. Aunque respaldó a los policías por “ser utilizados injustamente” durante la campaña en torno a la LUC, no hubo anuncios respecto a la seguridad pública.
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Pero sus palabras no significan que el Ministerio del Interior no tenga prioridades definidas. De hecho, desde el inicio del gobierno tiene un objetivo que por distintos factores fue postergándose y desde el lunes 28 volvió a tomar fuerza. Se trata de los allanamientos nocturnos, impulsados por Jorge Larrañaga desde que era legislador opositor y retomados por Luis Alberto Heber como ministro.
“Es hora de volver a plantearlo. Es una herramienta que el país precisa. El allanamiento nocturno es la bala de plata contra las bocas de droga y serviría para profundizar la lucha contra el narco”, dijo a Búsqueda Luis Calabria, director general de Secretaría del Ministerio del Interior. “La batalla madre contra el crimen es la que se emprende contra el narcotráfico. Allí está el corazón del mal. Genera delito, víctimas y familias desintegradas”, añadió.
En noviembre, cuando la campaña por el referéndum empezaba a tomar calor, Heber dijo a Búsqueda que legalizar los allanamientos nocturnos seguía “en la carpeta” del gobierno, pero convenía apartarlo para no desgastar el tema ante la ciudadanía mediante el debate electoral con el Frente Amplio. “El momento en donde estamos en el sistema político enfrentados por la seguridad, no es el mejor clima como para plantearlo. Tenemos que esperar el referéndum y después retomar porque es una herramienta que todo el mundo la tiene menos Uruguay”, sostuvo.
En el ministerio y la Policía Nacional consideran fundamental que los allanamientos nocturnos sean legalizados para mejorar el ataque contra las bocas de microtráfico de drogas, especialmente en Montevideo y Canelones. El artículo 11 de la Constitución lo prohíbe al establecer que “el hogar es un sagrado inviolable” y “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe”. De día, solo se pueden realizar allanamientos por orden expresa de un juez, por escrito y en casos determinados por la ley.
En 2019 Larrañaga, como senador, presentó una reforma constitucional “para que un juez pueda, cuando haya sospechas, ordenar allanamientos para combatir la delincuencia en horas de la noche”. La propuesta formó parte de las cinco medidas del programa “Vivir sin miedo” que Alianza Nacional sometió a referéndum en las elecciones de octubre de aquel año, donde quedó trunco con el 47% de los votos. “Es sabido que muchos delincuentes usan casas para la venta de droga, como las denominadas bocas de pasta base. Estos delincuentes sacan provecho de la especial protección que actualmente brinda la Constitución al hogar, para evitar de ese modo la acción policial”, argumentó entonces Alianza Nacional en su propuesta.
Ya como ministro del Interior, Larrañaga intentó concretar la herramienta en el Parlamento con el senador Carlos Camy como interlocutor. Una encuesta de Equipos Consultores, realizada entre mayo y junio de 2020, mostró que 72% de los uruguayos estaba de acuerdo con los allanamientos nocturnos bajo orden judicial. Aunque el apoyo era mayor entre los votantes de la coalición de gobierno (89%), incluso entre los votantes del Frente Amplio la mayoría (54%) apoyaba la idea.
Camy trabajó en un proyecto de ley que establece que la Constitución puede ser reformada por leyes constitucionales que requerirán para su sanción los dos tercios de cada una de las cámaras del Poder Legislativo. La iniciativa, amparada en el literal D del artículo 331 de la Constitución, no prosperó por falta de respaldo en la oposición. El senador José Carlos Mahía, entre otros parlamentarios del Frente Amplio, aseguró a Informativo Sarandí que en caso de presentarse, la ley no sería acompañada porque habilitar los allanamientos nocturnos era “un exceso” que iba en contra del pronunciamiento de la ciudadanía en 2019. También la Institución Nacional de Derechos se manifestó en contra de la modificación del artículo 11 de la Constitución.
Sin la anuencia del Frente Amplio para acompañar un proyecto de ley, el Ministerio del Interior se enfoca ahora en el literal B del mismo artículo 331, que permite la reforma de la Constitución por proyectos que reúnan dos quintos de la Asamblea General, los que serán sometidos a plebiscito en la primera elección que se realice. En este caso, esa elección será la nacional de octubre de 2024. Para que el plebiscito sea afirmativo se requerirá que vote Sí la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a los comicios.
“Es un tema que quiero poner arriba de la mesa luego que se tranquilicen los vientos del referéndum. Ningún país del mundo tiene la prohibición de poder entrar de noche a una casa con autorización judicial”, había adelantado Heber la semana pasada en? La Nueva Radio Florida. “Eso viene del 1830 porque no había alumbrado público, entonces cuando el dueño abría la casa estaba muy oscuro y si decía que era la Policía podía ser un ladrón. Pasó tiempo pero esto sigue. ¿Entonces por qué no tener este instrumento?”.
