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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron esta semana rechazar el recurso de revocación que la jueza Mariana Mota había presentado ante la corporación por su traslado de una sede penal a una civil, dijeron a Búsqueda fuentes judiciales.
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La magistrada había criticado en su recurso que el traslado fue “inmotivado” y que se había obviado consultar al fiscal de Corte, entre otros argumentos.
Los ministros de la Corte rechazaron esa argumentación y reiteraron que el traslado se debió a razones de “mejor servicio”.
El traslado de Mota generó una gran repercusión pública, al punto que el día de su juramento como jueza civil —el 15 de febrero— el edificio de la Corte fue ocupado durante más de tres horas por un grupo de manifestantes que impidieron en ese lapso que otros 15 magistrados tomaran posesión de sus nuevos cargos.
Una vez que la Corte rechazara el recurso, la magistrada quedó habilitada para acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, la jurisprudencia de ese organismo hasta la fecha sostiene que la opinión del fiscal de Corte no es vinculante para la corporación, por lo que la omisión de este hecho no amerita la anulación del acto administrativo.