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El Consejo de Ministros aprobó el lunes 7 un decreto que reglamenta la Ley de Asignaciones Familiares de 2007 y que también se aplicará a la de 1980. Establece que a aquellos hogares que no cumplan con la ley se les suspenderá el pago de la prestación hasta que regularicen su situación.
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Las asignaciones familiares son prestaciones (que van de los $ 700 a $ 1.500) que reciben los hijos de los trabajadores o los niños que integran hogares de vulnerabilidad socioeconómica (casi 500.000 personas). La norma establece contraprestaciones como que los niños vayan a la escuela o el liceo y se hagan revisiones periódicas en centros de salud.
En los hechos, el decreto pone por escrito una práctica que se aplica desde el año 2013, cuando el Banco de Previsión Social (BPS) informó sobre las situaciones de incumplimiento a la Ley de Asignaciones Familiares. En 2014 el BPS suspendió la prestación a 15.000 hogares.
El decreto establece que en julio y noviembre de cada año el BPS deberá hacer públicos los “incumplimientos” detectados.
El Ministerio de Desarrollo Social, el de Educación y la Administración Nacional de Educación Pública deberán contactarse con las familias que incumplen con la ley para revincularlos. De persistir el incumplimiento, el BPS “suspenderá” el pago de la prestación hasta que se regularice la situación.
Meses atrás, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, opinó que las transferencias no deben estar condicionadas pero aclaró que cumpliría con la ley.