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Próximos a un año de intensa actividad electoral se aprecia que las graves irregularidades cometidas por ciertas delegaciones a las comisiones binacionales con Argentina solo se pueden solucionar con cirugía mayor porque, en esos casos, no son admisibles soluciones conciliatorias. Pero queda pendiente, en el ámbito portuario, una cuestión muy debatida que, en mi opinión, puede ser solucionada por las vías de la negociación.
Me estoy refiriendo al acuerdo entre TCP-Katoen Natie y el Estado, del 25 de febrero de 2021, respecto al cual, hace más de dos años, sostuve que debía ser mejorado, rectificando errores, mediante una negociación entre las partes involucradas.
Ratifiqué esa opinión cuando fui convocado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, donde sostuve la conveniencia de que toda la controversia surgida por el contrato de la referencia debía ser analizada a nivel parlamentario para diluir el conflicto, resolver diferencias y, sobre todo, rectificar los errores que se habían cometido al celebrar ese acuerdo.
Incluso, mantuve un diálogo, en ese sentido, con un alto ejecutivo de TCP-Katoen Natie que, lamentablemente, no llegó a buen puerto. Siempre he entendido que la enorme inversión a realizar por esa empresa, que implica la incorporación de tecnología de última generación y la mejora en la operativa del Puerto de Montevideo, eran aportes muy valiosos que se debían tomar en consideración, sin perjuicio de rectificar errores mediante el diálogo y la negociación.
Transcurridos dos años y medio del contrato con TCP-Katoen Natie sin que la empresa haya efectuado inversiones de importancia en la terminal a su cargo, parecería conveniente que se generen las condiciones para comenzar a procurar fórmulas de entendimiento dirigidas a establecer un marco jurídico y operativo más aceptable para su funcionamiento, ingresando al proceso dinámico de una negociación, con todos los involucrados en la controversia, sin prisa pero sin pausas, partiendo de la premisa de que se trata de una cuestión compleja, que tiene diferentes aspectos jurídicos y técnicos para considerar. Obviamente, el propósito de esas conversaciones debe ser el de arribar a un acuerdo en el que se efectúen recíprocas concesiones, por lo que es indispensable que exista, a esos efectos, una clara voluntad de flexibilizar posiciones.
Me gradué de abogado hace 64 años y aprendí, en ese largo transcurso del tiempo, que “más vale un mal arreglo que un buen pleito” y que negociando se pueden alcanzar soluciones mucho más satisfactorias que las que se pueden lograr con los avatares de un conflicto proyectado en instancias judiciales y arbitrales.
He participado en múltiples y difíciles negociaciones a lo largo de mi vida, y creo que es posible que, en esta dura controversia derivada del contrato celebrado con TCP-Katoen Natie, es posible llegar a acuerdos negociados en la medida que a esos efectos participen especialistas en temas portuarios y marítimos y las conversaciones se realicen en un ámbito de respeto a las posiciones contrarias, de confianza y de confidencialidad. Naturalmente, de alcanzarse esa solución conciliatoria, deberían clausurarse las denuncias penales y los procedimientos que se están siguiendo en los planos judicial y arbitral.
El Puerto de Montevideo es una importantísima palanca de desarrollo para nuestro país. Hagamos un esfuerzo para que se inicien negociaciones dirigidas a alcanzar la conciliación a que hago referencia para que continúe incrementando su operativa, beneficiando a importadores y exportadores y generando más fuentes de trabajo.
