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La fijación de precios máximos, con el objetivo —nunca alcanzado— de proteger a los consumidores, es una tentación para quienes creen que la realidad puede modificarse por decreto evitando el camino largo de cambiar las causas últimas de lo que se desea modificar. Desde el ruinoso edicto de fijación de precios máximos del emperador Diocleciano hasta la fecha, la realidad —que es porfiada— nos ha presentado abundante evidencia empírica de lo que predice la teoría económica: la fijación de precios máximos causa desabastecimiento y propicia la aparición de mercados negros, perjudicando a quienes se quería proteger.
La fijación de precios máximos para los préstamos de interés en dinero (tasa de usura) es ampliamente aceptada, aunque no por ello resulta menos equivocada. Los reparos respecto a la usura tienen diversos orígenes históricos, todos ellos con similares bases: la búsqueda de un “precio justo” y la supuesta “esterilidad del dinero” (el dinero no puede producir dinero). Hoy sabemos que no existe un “precio justo”, sino que este depende de las valoraciones subjetivas de los consumidores y que el dinero no es para nada “estéril”.
En el caso de nuestro país, la propia Constitución de la República, a través de su artículo 52, prohíbe la usura y establece que la ley debe señalar “…el límite máximo al interés de los préstamos.” Es importante destacar, sin embargo, que esto no siempre fue así. Nuestra Constitución de 1830 no establecía límite alguno respecto a la tasa de interés y por ley del 4 de julio de 1838 se establecía que “el interés legal del dinero será el que acuerden las partes contratantes”. En el marco de las más amplias libertades del sistema financiero —impulsadas por mentes preclaras del calibre de Tomás Villalba, Carlos María Ramírez, José Pedro Ramírez y Pedro Bustamante, entre otros— Uruguay creció de manera sostenida llegando en 1873 a ostentar un PIB per cápita igual al de Estados Unidos y muy superior a los de Brasil y Argentina. Las tasas de interés se mantuvieron bajas principalmente por una alta disposición al ahorro de los habitantes de nuestro país.
En los últimos meses, hemos visto que algunos actores políticos han comenzado a manifestar cierta preocupación por el nivel de las tasas máximas de interés para los préstamos en dinero. Sostienen que las tasas actualmente aplicadas en el mercado no son “razonables” para un país con baja inflación y bajo riesgo país. Ante estas preocupaciones y argumentaciones, creemos oportuno reflexionar sobre el proceso de fijación de precios y sobre la naturaleza de un precio en particular: la tasa de interés.
El sistema de precios es una institución de orden espontáneo —no creado por un una persona o grupo de personas— que emergió como respuesta al muy complejo problema de la coordinación de la producción, esto es, determinar qué bienes de consumo o de capital deben ser producidos y qué factores productivos deben ser asignados a dicha producción de manera de dar satisfacción a las cambiantes y subjetivas necesidades de los consumidores. El sistema de precios actúa como un sistema de señales. Si un producto se vuelve relativamente escaso, su precio aumentará dando una señal a los consumidores para que refrenen su consumo y a los empresarios para que destinen más factores para su producción. De esta manera, tenderá a corregirse esa descoordinación que generó la escasez relativa. Si a causa de la escasez, el gobierno decretara la prohibición del aumento de precios, los eventos que tienden a corregir esta descoordinación no ocurrirán y la escasez relativa persistirá o se agravará. El sistema de precios es un sistema de señales imperfecto, como todo lo humano, pero seguramente de mucha mayor eficacia que la que pueda ofrecer un burócrata que fija precios con información muy limitada en relación a la complejidad del problema planteado.
La tasa de interés es un precio y también actúa como una señal. Específicamente es el precio de los préstamos en dinero y actúa como una señal que permite la coordinación del mercado de fondos prestables en el que participan ahorradores y tomadores de préstamos. La tasa de interés está determinada por la preferencia temporal, por el riesgo de crédito y por la inflación.
La preferencia temporal refiere a la mayor o menor disposición que tengan las personas a postergar su consumo presente. Es un rasgo que se manifiesta con diferente intensidad psíquica en diferentes personas y en diferentes etapas de la vida de una misma persona. Los niños tienen mayor preferencia por el presente que los adultos. Estos disminuyen su preferencia temporal a medida que se embarcan en proyectos de vida (familia, estudio, trabajo, otros) que requieren la postergación del consumo. Algunas personas no logran disminuir su preferencia temporal y esto impide que se desarrollen y prosperen. Una sociedad compuesta mayormente por individuos con alta preferencia temporal tenderá a tener relativamente menos ahorradores, menor cantidad de fondos prestables y, por ende, mayores niveles de tasa de interés.
Otro factor que incide en la tasa de interés es el riesgo de crédito o la incertidumbre que existe en relación a si el prestatario pagará el préstamo tomado. Cuando el riesgo de crédito sea muy alto, los ahorradores esperarán una tasa de interés que les compense el riesgo que asumen, tasa que quedará determinada a partir de las valoraciones subjetivas de los prestadores y prestatarios y no por la valoración de “precio justo” de un observador externo que no presta ni toma prestado.
Finalmente, en la tasa de interés también se incluirá la tasa de inflación proyectada para la moneda en la que se realiza el préstamo. Para el caso de países con inflación moderada o baja, como es el caso de Uruguay, este no es un factor relevante en el proceso de fijación de precios de préstamos de alto riesgo de crédito.
En los últimos 15 años, en nuestro país ha funcionado de manera pacífica un sistema de fijación de tasas de interés que ha permitido que los créditos a las familias crecieran de US$ 4.000 millones a US$ 6.500 millones anuales. Este crecimiento se explica fundamentalmente por un aumento en los créditos otorgados a los sectores de menores ingresos y de mayor riesgo, crecimiento que fue posible por la elasticidad del sistema actual de fijación de tasas.
Una modificación de este mecanismo, que implique una disminución de la tasa de interés máxima sin cambiar sus causas últimas (la preferencia temporal, el riesgo y la inflación), dará lugar a una contracción del crédito a las familias en el mercado formal, especialmente para los sectores de menores ingresos. Estos sectores continuarán demandando préstamos pues sus preferencias no habrán cambiado, pero solamente podrán acceder a ellos a través del mercado informal a tasas muy superiores a las actuales pues los prestamistas informales cobrarán por el riesgo legal.
En tal situación, algunos pensarán que lograron cambiar una realidad que les resultaba incómoda a partir de un cambio legal. La porfiada realidad, asentada en las preferencias incambiadas de los consumidores, seguirá su camino para grave perjuicio de aquellos a los que se quiso favorecer.
