Taxistas y reguladores, ¡temblad! Llega Uber

Lo mismo sucederá con muchos negocios “regulados”. Los “permisos”, las “licencias” o las “habilitaciones” que se les exigen a los ciudadanos para poder ganarse la vida, son también maneras de limitar las libertades civiles, incluso el derecho a la vida. Si para generar mis propios ingresos dependo de la “gracia” del mandamás, este puede matarme —literlamente— al dejarme sin medios para subsistir. Por eso es tan importante la menospreciada libertad de comercio.

Una manera de terminar con estos negocios prebendarios, donde el Estado y un grupo de beneficiarios “bailan y se dan la mano sin importarles la facha”, es a través de aplicaciones como Easy Taxi, AirBnb, BlaBlaCar, SafeTaxi o Uber. Uber es una aplicación que permite que una persona ponga su auto a disposición para ser alquilado por otras personas. Es una manera de tener su propio negocio, generar sus propios ingresos, mientras entrega un servicio de calidad. De no hacerlo, nadie más le contratará.

Esto atenta contra el negocio regulado del taxímetro, un negocio “cautivo” donde la Intendencia habilita solamente unas 3.000 matrículas para de esa manera “asegurar” una buena rentabilidad a los patrones. Por esto mismo es que un permiso de taxi cuesta entre 100.000 y 120.000 dólares. Un negocio “redondo”, defendido por el Estado, la patronal y los sindicatos, pero con un único perjudicado: el ciudadano; ese “nabo de siempre” al que hacen viajar en vehículos generalmente chicos, generalmente sucios y con conductores generalmente poco agraciados.

Pero estas “reservas de mercado” no son propiedad exclusiva de los países del Tercer Mundo. Uber ha sido limitado, regulado o directamente prohibido en países como Alemania, Bélgica o España y ha recibido el ataque de las patronales y los sindicatos que no quieren perder sus actuales privilegios.

Pero no es el único caso. Una columna publicada en “The Wall Street Journal” titulada “Dejen que los dentistas sientan la mordida de la competencia ”, comenta un reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en contra de la Asociación de Dentistas de Carolina del Norte, que no permitían realizar un simple tratamiento para blanquear dientes a quienes no fueran dentistas, como ser: clínicas estéticas, salones de belleza o spa.

Con esta sentencia de la Corte se espera que “lluevan” las demandas contra otras asociaciones de profesionales que limitan el ingreso a la actividad a futuros colegas/competidores, exigiendo cursos, horas de práctica o costosos exámenes, con el loable propósito de “proteger al consumidor”, aunque en realidad pongan esas trabas para protegerse a sí mismos.

Entre los ejemplos citan casos insólitos. En Florida, la asociación de cosmetólogos exige diez veces más días de entrenamiento que el que se requiere para ser técnico en emergencias médicas. En Alabama, hasta hace muy poco, era un delito ser decorador de interiores sin tener el “permiso” entregado por la asociación de decoradores de interiores. La asociación de peluqueros que hacen trencitas estilo afroamericano exigen a los nuevos aspirantes al oficio que paguen un curso que cuesta 16.000 dólares; una barrera de entrada casi infranqueable. Todas maneras de evitar la competencia.

Aquí en Uruguay los escribanos públicos han reclamado durante años (por suerte sin éxito) el “notariado de número”, donde pretenden limitar el número de protocolos y así favorecer a los “veteranos” (sean buenos o pésimos profesionales) por encima de los más capaces que puedan venir. El gremio de los entrenadores de fútbol no le permitía dirigir a Hugo de León porque no había hecho el curso que ellos exigían, pero igual dirigió a Nacional desde la tribuna y lo sacó campeón en tres oportunidades. La lista de prebendarios, corporativistas o aspirantes a serlo es interminable.

Con la próxima llegada de Uber a Uruguay, los taxistas van a temblar, mientras los emprendedores y los consumidores van a celebrar. Y yo celebraré con ellos.