Telefónicas reclaman una legislación nacional para la instalación de antenas que termine con “19 regulaciones diferentes”

Es que Uruguay no cuenta con un criterio unificado en todo el territorio que reglamente los requisitos para la instalación de antenas. En consecuencia, las compañías deben adaptarse a las normas de cada intendencia y a las exigencias del “funcionario de turno”, para conseguir la autorización para montar la infraestructura.

“Hemos tenido reuniones con los ministerios involucrados, así como con la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. También tenemos que ver el tema con las intendencias, son muchos actores en juego”, dijo el vicepresidente de Ursec, Nicolás Cendoya, a Búsqueda.

Debido a que hay tantos actores involucrados, desde la Ursec entienden que es necesario elaborar una legislación sobre el tema, y que no basta con un decreto del organismo.

“Encajonados”

“Somos los primeros en reconocer que nuestra infraestructura tiene un impacto donde se coloca, y por eso estamos de acuerdo con que se regule. No hay país en el mundo donde no se regule. El problema es cuando en un país como Uruguay hay 19 regulaciones diferentes”, sostuvo el gerente de Marketing de Claro, Sebastián Aguiar.

Para el ejecutivo hay algo “aún peor” que sucede en Uruguay y es “la ausencia de regulación”, ya que como consecuencia el trámite “queda librado al criterio de la persona de turno que te atiende o que lleva el trámite”.

“Ese es el principal problema que tenemos hoy, no tenemos una normativa que unifique el criterio en todo el país. Hay casos donde el trámite pasa por la intendencia, trabajosamente se consigue el permiso, vas a la zona en cuestión y el alcalde tiene la potestad de trancarte la aprobación”, afirmó.

Para Aguiar no solo falta una normativa que unifique los criterios, sino otra que permita “arbitrar” cuando hay diferendos entre la empresa y la comuna. Aseguró que Claro tiene cerca de 10 trámites para instalar antenas “que llevan más de 10 años encajonados en distintas intendencias, esperando una resolución”.

“Y durante ese tiempo tuvimos que ir buscando otro tipo de soluciones para esas zonas; en vez de poner un equipamiento grande y adecuado se colocan varios pequeños, o se reorientan sitios, o se recargan sitios. No es la solución óptima, pero de alguna manera hay que solucionarles el tema a los clientes”, sostuvo.

Aguiar entiende que esas soluciones funcionaron “hasta ahora”, pero con los nuevos servicios que requieren más capacidad y la masificación de los celulares inteligentes “se debería poder ampliar la cobertura y la capacidad de una manera rápida y clara”.

“Creo que Movistar y Claro somos las que más lo sufrimos, porque Antel tuvo un despliegue anterior al nuestro y puede aprovechar esa infraestructura, pero sin dudas que también a ellos se les está complicando”, añadió.

Fuentes de la empresa estatal dijeron a Búsqueda que reconocen que haber tenido un despliegue mayor, gracias a la red de telefonía fija, les permitió “aprovechar” esos espacios ganados para instalar varias de sus antenas de telefonía móvil.

Sin embargo, son frecuentes los casos donde tampoco Antel puede instalar las antenas que precisa, aseguraron. El tema unió a las telefónicas, generalmente enfrentadas por temas de competencia, y las tres han ido juntas a varias intendencias para presentar estudios de impacto ambiental y de salud respecto a la instalación de antenas en pos de tranquilizar a la población de la zona.

Los estudios han sido “bien recibidos” pero luego no inciden en acelerar los trámites, afirmaron las fuentes.

El presidente de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay, José Pedro Derrégibus, tiene una opinión similar. Según dijo a Búsqueda, lograr los permisos de las intendencias para facilitar el despliegue de redes “es largo y tortuoso”.

“En general no se considera la importancia que implica para la comunidad el disponer de mejores comunicaciones”, afirmó.