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No son “hombres raros”: son surfistas, albañiles, venden ropa, tocan en bandas de reggae, veranean en la costa. Fueron encontrados abusando entre muchos de una adolescente, o denunciados por haber violado en grupo a una mujer. Lamentablemente, el año nuevo empezó con una explosión de casos como estos en Uruguay y Argentina.
El tema de la violación es de gran complejidad, ya que está directamente atravesado por las diferencias de poder que estructuran nuestra sociedad en términos de género, donde hay cuerpos (en su mayoría cuerpos femeninos o feminizados) que son vistos como descartables. Como explica la teórica británica Rosalind Gill (2007), la violación no tiene que ver con el placer sexual sino con el poder: “Los violadores no actúan motivados por el deseo sino por el enojo o por la necesidad de humillar y dominar a las mujeres”.
La forma en que la opinión pública entiende los ataques sexuales está repleta de contradicciones: mientras que por un lado se reciben con rechazo y se señalan como algo monstruoso, por otro, sin embargo, se minimizan los sesgos culturales que constantemente alimentan la cultura de la violación y se insiste en desconfiar de la víctima por sus “hábitos” o su “forma de vestirse”. Como afirma Gill, la prensa y el sistema judicial han jugado históricamente un rol clave en mantener esta visión sobre la “responsabilidad” y “culpabilidad” de la mujer cuando es violada. Además, la Justicia desestima sistemáticamente la gravedad del crimen y una y otra vez deja impunes a quienes lo cometen.
Un caso reciente que ilustra la negligencia del sistema judicial en ese sentido es el del hombre que fue detenido en Montevideo en diciembre de 2018, cuando pretendía entrar a una unidad penitenciaria (la Unidad Nº 9, de Madres con Hijos) con la comparsa de candombe que integraba, durante una actividad cultural por las fiestas navideñas. El hombre había sido denunciado en 2011 por violar reiteradamente a una menor de 17 años (sobrina de su pareja) desde que esta tenía 13 años, y a la que había dejado embarazada como producto de los abusos. El hombre estaba requerido desde 2013, luego de que se comprobara que era el padre biológico de la bebé. Sin embargo, en cinco años la Justicia uruguaya no fue capaz de movilizarse para encontrarlo y juzgarlo. Ejemplos como este dejan sin duda en evidencia, como plantea la antropóloga argentina Rita Segato, que los operadores del Derecho “tratan el sufrimiento de las mujeres como un ‘crimen menor’”.
Las denuncias por violación han aumentado a escala global en las últimas décadas. En Gran Bretaña, por ejemplo, aumentaron 400% entre 1985 y 2007 (Gill, 2007). Esto no significa necesariamente que haya más violaciones, sino que da cuenta quizás de una mayor conciencia por parte de las mujeres y una mejora en el tratamiento del tema por parte de la Policía. Sin embargo, a pesar del aumento en las denuncias, las condenas por violación no aumentan: “La violación tiene el índice de condena más bajo de todos los delitos graves”, alerta Gill. Si tenemos en cuenta que tan solo un porcentaje de los casos de violación son denunciados, y que tan solo un porcentaje de los que son denunciados llegan a juicio, la evidencia de que tan pocos casos terminen en condena es realmente alarmante, ya que son una parte muy pequeña de los crímenes sexuales contra las mujeres.
La prensa, por su lado, juega también un rol clave en la construcción pública de la violencia sexual. Investigaciones internacionales sobre cómo los medios abordan el tema demuestran que una y otra vez estos repiten lo que se conoce como “mitos de violación”, que sistemáticamente justifican los comportamientos masculinos y culpabilizan a las víctimas (Gill, 2007). Algunos de estos “mitos” en las coberturas de prensa incluyen: desacreditar a la víctima por medio de su reputación (detallar cómo se vestía, si estaba “sola”, si tenía una actitud “desinhibida”, si consumía alcohol), aspectos que intentan sugerir que en definitiva ella se lo “merecía” por no protegerse contra el “incontrolable” deseo masculino; sexualizar a la víctima en sus descripciones y reportar los casos de un modo que resulte estimulante o hasta excitante (por ejemplo exponer detalles de lo que “le hicieron”); entender la violación como “sexo” y no como un ataque; sugerir que los violadores actúan por “deseo” en lugar de explicitar que es un acto de humillación; sugerir que las mujeres realizan falsas acusaciones, ya sea por venganza o por arrepentimiento de un encuentro sexual (casi todas las denuncias se enfrentan a esta mirada y es una de las mayores barreras para que una mujer se anime a declarar, porque sabe que su palabra siempre será puesta en duda). Esto último no tiene en cuenta, además, que las violaciones tienen los estándares de evidencia más altos que cualquier otro delito y que los jueces rara vez condenan a un acusado si no hay evidencia física que pruebe que hubo violencia (aunque es sabido que muchas veces las víctimas reaccionan quedándose quietas, e incluso, cuando hay violencia, muchas veces la defensa lo presenta como parte del “juego previo”).
La situación es por demás vulnerable para una víctima de violación en nuestras sociedades, y a pesar de que se nos quiera hacer creer lo contrario (que ahora ya no se puede hacer nada, que todo es abuso, que cualquier cosa es violación, que se ha “exagerado” todo por culpa del #metoo), la realidad es que las víctimas de violencia sexual tienen absolutamente todo en contra: los medios, el sistema judicial y la opinión pública. Es por esto que cada vez más las mujeres reaccionan en bloque, en las redes y en las calles, alzando la voz, exponiendo los casos, exigiendo una Justicia que las contemple, y buscando estrategias alternativas que brinden algo de contención ante tanta impunidad.
