El escrito dice que el fútbol es un “gran negocio” y sus ingresos crecieron de manera exponencial durante los últimos años, en buena medida gracias a los avances tecnológicos que permitieron ampliar la difusión del deporte. Sin embargo, agrega, los futbolistas “no se han beneficiado proporcionalmente de esa gran exposición y comercialización”.
El documento dice que estudios recientes indican que el “comercio de las imágenes” del fútbol local maneja entre US$ 40 millones y US$ 60 millones por año; de los cuales, US$ 12 millones llegan a los clubes. Añade que a diciembre del 2015 en Uruguay había 715.000 suscriptores de televisión para abonados, por lo que Tenfield habría recibido por la venta de los derechos unos US$ 44 millones al año.
Los representantes legales recordaron en su escrito que los jugadores de la selección uruguaya cobran un porcentaje de los ingresos de la AUF por el uso de los derechos de imagen. Ese pago comenzó en 2017 después de meses de negociaciones ásperas entre las autoridades y los seleccionados.
En otro pasaje del documento legal indicaron que Tenfield firmó en julio de 2014 un acuerdo con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales —cuando era dirigida por exjugadores afines a Casal— para pagarle US$ 225.000 al año por el uso de la imagen de los jugadores. Y argumentaron que la empresa lo hizo “consciente de la necesidad de obtener un consentimiento expreso para la utilización de los derechos de imagen de los comparecientes” y “pretendiendo pagar un precio absurdo y no ajustado al precio de mercado”. Ese acuerdo fue rescindido en diciembre de 2016, pese a que le quedaban tres años más de vigencia.
Los abogados plantearon además que en la futura demanda solicitarán la nulidad del contrato entre la AUF y Tenfield porque “contribuye a impedir el pago de un precio justo por las imágenes de los jugadores”. Además, argumentaron que el acuerdo implica “la comisión de presuntas prácticas anticompetitivas contrarias a la ley de promoción y defensa de la competencia”.
También reclamarán a la AUF y Tenfield por daños y perjuicios “relacionados con el aprovechamiento ilícito, por parte de los demandados, de la imagen” y por “enriquecimiento injusto”.
En el escrito los abogados estiman que el monto de la demanda será de, por lo menos, US$ 10 millones. La cifra pretende recuperar el dinero que los jugadores deberían haber cobrado desde el momento en que cayó el acuerdo entre Tenfield y la Mutual.
Después de desplegar sus argumentos, los abogados reclamaron a la Justicia civil que pida documentación a Tenfield, la AUF, los canales privados, las empresas de cable y a compañías que tienen contratos de publicidad que se transmite durante los partidos. Además, pidieron que dejen de divulgar la imagen de los jugadores que iniciaron el trámite.
Improcedente
La intimación a brindar información no cayó bien entre los clubes de fútbol, las empresas privadas y la AUF. DirecTV, por ejemplo, respondió en la Justicia que era “improcedente” que le reclamaran que dejara de usar las imágenes de los futbolistas. Tampoco consideró que debía “verificar el otorgamiento de los consentimientos de los actores, jugadores o demás sujetos cuyas imágenes son incorporadas a la emisión televisiva”, porque “esa es tarea del programador, no del distribuidor de señales”.
Las respuestas más extensas fueron las de la AUF y Tenfield. La organización del fútbol local argumentó que la imagen de los jugadores que cede “deriva únicamente por jugar el partido, por ser uno de sus protagonistas y por ende se encuentra implícitamente relacionada dentro de la producción televisiva cuya titularidad es de AUF, porque sin jugadores de fútbol no se podrían realizar los encuentros deportivos oficiales reconocidos como tales según la normativa”. De acuerdo con ese razonamiento, un futbolista que tiene contrato con un club “acepta expresamente por escrito” su presencia en los partidos oficiales, por lo que “sabe y tiene plena conciencia que como futbolista su imagen durante los momentos previos y en el partido será televisado”.
“La transmisión televisiva del partido de fútbol no es ni presupone la explotación de la imagen personal del jugador, este forma parte de un conjunto de un colectivo de profesionales, cuyo trabajo es disputar los partidos oficiales de los torneos porque para ello son contratados”, sostuvo la AUF.
Para la asociación, además, si hay un conflicto por el tema de los derechos de imagen, el asunto debe ser laudado por el Tribunal Arbitral creado en el marco del Estatuto del Jugador de Fútbol y no en la Justicia civil.
El “complot”
En el escrito que presentó la empresa de Casal, dueña de los derechos de televisación del fútbol local desde 1998, no solo hubo argumentos legales para desestimar el planteo de los jugadores. “El pedido realizado es manifiestamente improcedente, infundado y contrario a la buena fe, respondiendo, en puridad, a un espurio fin consistente en pretender el desplazamiento de Tenfield del negocio que mantiene vigente con la AUF y su sustitución por alguna empresa de cercanía con otros actores del fútbol que operan para ello, contando con la complicidad servil de jugadores, árbitros y entrenadores”, plantearon al inicio del escrito.
Y en seguida individualizaron al enemigo: “El complot encabezado y promovido por Diego Lugano contra Tenfield es lo que verdaderamente motiva esta y otras acciones judiciales que se están promoviendo contra la empresa con finalidad expresa de perjudicarla, violentando contratos vigentes con terceros para obtener un provecho indebido a su favor”.
Tenfield advirtió que, si sufre daños económicos por estas acciones, tanto Lugano “como los jugadores, árbitros y entrenadores serán individual y patrimonialmente responsabilizados, así como también lo serán las demás personas que estén vinculadas al complot referido”.
La empresa argumentó que es la titular de los derechos de televisación y explotación comercial del fútbol uruguayo, lo que incluye los derechos de imagen de los participantes en los partidos. “Ya sea a través de sus contratos de trabajo, ya sea a través de actos propios desarrollados durante años, ya sea a través de su adhesión a la AUF y al sistema del fútbol profesional organizado por FIFA, los mismos han consentido expresamente que los derechos de televisación y explotación comercial pertenecen legítimamente a Tenfield”, añadió.
Los abogados de la empresa denunciaron que las medidas preparatorias solicitadas en el juzgado tenían como objetivo “perjudicar a Tenfield” porque solicitaban información a varios de sus clientes y auspiciantes “para así provocar, junto con otras medidas concomitantes, el quebrantamiento de tales relaciones contractuales con clientes y la que legítimamente mantiene con la AUF”.
Esa acción preliminar “no es aislada de los jugadores, sino coordinada con la demanda principal de cese y daños y perjuicios promovida por 64 jueces del fútbol uruguayo contra la AUF y Tenfield”, acusaron.
Tenfield advirtió que, si sufre daños económicos por estas acciones, tanto Lugano “como los jugadores, árbitros y entrenadores serán individual y patrimonialmente responsabilizados, así como también lo serán las demás personas que estén vinculadas al complot referido”.
Las acciones judiciales de jugadores y jueces, insistió la compañía, “son orquestadas e impulsadas por el Sr. Diego Lugano —y un conjunto de secuaces escondidos tras su figura— quien viene desarrollando desde hace varios años una estrategia global que tiene por finalidad la desestabilización de Tenfield como titular de los derechos de explotación comercial del fútbol uruguayo y de la selección nacional para sustituirlo por alguna empresa amiga o de su cercanía comercial”. Aseguró que, en 2016, Lugano ya lo había intentado “en ocasión de acercar a la empresa Nike Inc. para que esta patrocinara y esponsoreara la camiseta de la selección uruguaya”. En ese momento, los jugadores de Uruguay, encabezados por el capitán Diego Godín y Lugano, presentaron a las autoridades de la AUF una propuesta de Nike para vestir a la selección durante 7 años a cambio de US$ 3,4 millones anuales, una cifra muy superior a los US$ 750.000 que ofrecía Puma a través de Tenfield. Después de negociaciones y cuestionamientos cruzados, Puma igualó la oferta y mantuvo el esponsoreo de la selección.
“En este escenario, los jugadores, entrenadores y árbitros, obnubilados por promesas magnánimas pero irreales, acompañan a Lugano y compañía como cómplices serviles en un accionamiento de absoluta mala fe por el cual deberán responder individual y patrimonialmente”, concluyó Tenfield en su escrito presentado en mayo ante el Juzgado Civil de 14º Turno.
La empresa de Casal cerró su alegato pidiéndole al juzgado que notifique de su escrito a los jugadores que promovieron las medidas preliminares y les haga saber que se abstengan de realizar “cualquier acción contra Tenfield que implique una violación o quebrantamiento de los contratos y acuerdos que esta mantiene con la AUF y otros terceros, bajo apercibimiento de responder individual y patrimonialmente por los daños causados”.
En un escrito presentado para rebatir los argumentos de Tenfield, los jugadores sostuvieron que es falso que exista un complot de Lugano, capitán de la selección durante años. Lo que sí sucede, subrayaron, es que pretenden que Tenfield pague lo que les corresponde.
Ante la negativa de la mayoría de las empresas a dejar de emitir las imágenes de los jugadores y a aportar información sobre los contratos comerciales, los abogados pidieron al juez Fernando Tovagliare que reiterara las intimaciones. En una resolución adoptada en setiembre, no obstante, el magistrado decidió no insistir, por considerar que las diligencias preparatorias son medidas excepcionales y que no debía forzar a obtener más información.
Fuentes vinculadas al caso informaron a Búsqueda que el próximo paso en la estrategia de los jugadores será buscar una conciliación con Tenfield y la AUF. Si esa instancia no prospera, procederán con sus demandas judiciales.