Tiempos para evaluar (y especular)

La información divulgada y los análisis realizados son útiles para evaluar las prioridades y énfasis de la política económica actual. También lo son para especular acerca de algunos desafíos que se abren para el próximo gobierno. De eso se trata esta columna.

Si bien los datos de empleo siguen siendo positivos, es necesario ser precavidos. Por un lado, porque persisten condiciones negativas en regiones expuestas al comercio en frontera (litoral) y en ciertas actividades cuya recuperación está afectada por cambios de hábitos luego de la crisis del Covid (trabajo doméstico y comidas fuera del hogar, por ejemplo). Por el otro, porque la recuperación salarial comprometida por el gobierno, que ya está en curso, afectará la demanda laboral en algunos sectores en los que las remuneraciones habían caído más. Ello a pesar de que las pautas salariales propuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social han procurado contemplar este aspecto.

El proyecto de Rendición de Cuentas prevé una mejora durante este año de seis décimas del PIB en el resultado fiscal actual (3,8%). (1) Ello se explicaría por la caída de las inversiones y de los gastos no personales, así como por la estabilidad de los otros egresos y de los ingresos en términos del PIB. El bajo crecimiento de la economía durante 2023, la afectación de la recaudación del Banco de Previsión Social derivada de las reducciones del IRPF y del IASS aprobadas recientemente, así como las consecuencias sobre las remuneraciones y las pasividades asociadas a la recuperación salarial, deberían dar lugar a unas proyecciones fiscales más conservadoras para este año. Las mejoras adicionales del resultado fiscal como porcentaje del PIB previstas a partir de 2024 son más difíciles de explicar. Sobre todo, porque descansan en un aumento de tres décimas del PIB de los ingresos luego de 2025, algo que podría requerir aumentos reales importantes de esas partidas.

Por varios motivos, el comportamiento de las finanzas públicas debe ser atendido con especial cuidado al evaluar la política económica en el momento actual. Primero, porque, como es sabido, en Uruguay la estabilidad fiscal es el ancla de la macroeconomía. Segundo, porque en línea con lo propuesto durante la campaña electoral y con el mandato electoral recibido en 2019, el gobierno ha hecho de la política fiscal el centro de todos sus desvelos en materia económica. Tercero, porque las decisiones presupuestales que tendrán lugar en los próximos meses son clave para especular sobre las condiciones y los desafíos macroeconómicos que recibirá el próximo gobierno.

Como consecuencia de lo anterior, que los números fiscales contenidos en el proyecto de Rendición de Cuentas tengan un sesgo optimista insuficientemente justificado, es algo que debe ser señalado. Sobre todo, porque aun asumiendo que ellos se cumplieran, las cifras que acaba de presentar el gobierno no permiten concluir que la sostenibilidad de la deuda pública se haya alcanzado, algo que el propio MEF reconoce. Si así fuera, el gobierno debería aceptar que, si bien sus políticas lograron moderar la tendencia creciente de la relación deuda pública-PIB, no lograron interrumpirla. En otras palabras, es muy probable que la sostenibilidad de la deuda demande esfuerzos adicionales en el próximo presupuesto quinquenal. Un aspecto que deberá enfrentar la administración que asumirá en 2025.

Las proyecciones sobre inflación usadas por el gobierno para formular el presupuesto 2023-2024 son similares a las de los analistas (no a las de los empresarios) para 2023, pero están desacopladas de las expectativas de mercado para 2024 y 2025. En efecto, mientras que el MEF prevé que la inflación se mantendrá dentro de su rango meta en esos años, los analistas y los empresarios proyectan tasas anuales mayores al techo del intervalo.

Una mirada optimista sobre la reducción de la inflación tiene varias implicancias sobre la agenda de política económica de corto plazo y sobre los desafíos fiscales, salariales y de competitividad de medio plazo. Por ejemplo, prever una menor tasa de inflación podría llevar a subestimar el tiempo requerido para que el tipo de cambio real se deprecie y converja a sus fundamentos. Si así fuera, habría dos posibles consecuencias sobre variables económicas clave. Por un lado, se podría estar menospreciando la afectación (magnitud y duración) de la rentabilidad del sector transable, su inversión y, por tanto, los efectos negativos de largo plazo sobre el crecimiento del PIB. Por el otro, se podría no estar evaluando adecuadamente los riesgos asociados a un tipo de cambio real apreciado para la estabilidad de las finanzas públicas. Una subestimación de la relación deuda pública-PIB, por ejemplo.

En suma, si bien el escenario económico imaginado por las autoridades económicas para los próximos dos años no es descabellado, parece descansar en una serie de supuestos cuya probabilidad de ocurrencia simultánea requiere algo de fortuna. Como en la vida, los logros en política económica necesitan propósitos claros, decisiones oportunas y pericia para moverse. Si bien en Uruguay hemos mejorado mucho en la gestión macroeconómica en los últimos veinte años, debemos seguir procurando que el azar sea menos influyente.

(1) Refiere al resultado efectivo del gobierno central-BPS a mayo de 2023.

*El autor es economista, doctor en Historia Económica y socio de la consultora CPA/Ferrere.