La oferta de capacitación para el trabajo, su calidad y costo, tiene enfrentadas a las entidades privadas que prestan ese servicio, con el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
La oferta de capacitación para el trabajo, su calidad y costo, tiene enfrentadas a las entidades privadas que prestan ese servicio, con el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáDe un lado, el Inefop sostiene que hay insuficiencia de cursos disponibles para contratar. Del otro, las entidades que ofrecen capacitación —que en su ámbito se las llama Ecas— afirman que dicho instituto ha recortado las adjudicaciones de cursos para las firmas privadas y que impuso rebajas de precios a sus propuestas educativas.
A pesar de estos tironeos, la cantidad de beneficiarios de estos programas financiados con recursos del Inefop viene aumentando año a año, y en 2013 superó los 18.500.
Según algunas fuentes consultadas por Búsqueda, la cobertura podría ser mayor si se “estimulara y aceitara” la oferta educativa privada, porque se cuenta con recursos para contratar más capacitaciones. Afirmaron que el sector público “hoy es el principal tomador de fondos del Inefop” porque esa ha sido la “definición estratégica” tomada por el Poder Ejecutivo. Ayer miércoles 17 el Inefop suscribió un convenio con el Centro Educativo de Capacitación y Producción, dependiente del Ministerio de Educación, para que dicte orientación educativa y capacitación profesional para 450 jóvenes.
En el Consejo Directivo del Inefop actúan representantes de los ministerios de Trabajo y de Eduación, y de la Oficina de Planeamiento. También hay delegados del sector empresarial, las cooperativas (sin voto) y del PIT-CNT.
La baja utilización de los recursos disponibles del Inefop —que administra el Fondo de Reconversión Laboral, que cuenta hoy con unos U$S 80 millones— para contratar cursos para los diversos programas (jóvenes, mujeres, discapacitados, rurales, trabajadores en actividad y en seguro de desempleo, etc.) “depende directamente del hecho de que no hay más oferta educativa en Uruguay”, afirmó su director general, Juan Manuel Rodríguez, el jueves 11 en la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social del Senado.
Añadió que el Inefop “contrata toda la oferta educativa que se le ofrece y reúna las condiciones de calidad y presupuesto razonable”.
Otras fuentes señalaron que hoy “las Ecas han perdido mercado en el Inefop, que era un cliente importante y que en muchos casos justificaba la propia supervivencia de esos institutos. Ahora esa ecuación les cambió”.
Desde la Asociación de Entidades de Capacitación (Adeca) dijeron a Búsqueda que hace pocos años sus cursos representaban el 95% de la oferta educativa financiada por el Inefop y que ahora las instituciones que representa tienen “muchísima capacidad ociosa”. Eso, agregaron, se debe a que “se trancó” la adjudicación y las propuestas de las Ecas no son tomadas a raíz de criterios de evaluación de costos que introdujo recientemente el Inefop.
El instituto ha “optado por otras formas de gestión, transfiriendo recursos a convenios con organismos públicos, a la UTU, al Consejo de Capacitación Profesional y a consultores individuales”, sostiene la Adeca.
Los nuevos lineamientos —que según esa gremial se están aplicando en forma retroactiva— les “han recortado los recursos, imponiendo rebajas de precios de entre 30% y 50%”. Dada la “encrucijada” que plantean estos cambios, las fuentes de Adeca informaron que la gremial resolvió en una asamblea extraordinaria realizada el pasado miércoles 3, comunicar al Inefop que sus propuestas de cursos no se ajustarían a los nuevos criterios por considerarlos “inviables”.
En un comunicado emitido tras la asamblea, la Adeca planteó que los costos son “inconsistentes” con los aprobados por el organismo en las últimas adjudicaciones. La gremial estableció como “precio mínimo” $ 100 por hora/participante para los cursos urbanos y $ 150 para los que se realicen en el ámbito rural, con un adicional por concepto de traslado.
Reclamó que se publiquen en tiempo y forma las actas de apertura de ofertas y resoluciones de adjudicaciones y rechazos, especificando el costo y demás elementos de los cursos adjudicados en 2014, “incluyendo los de todos los convenios con UTU, organismos públicos y empresas privadas”.
En procura de contar con un “marco de garantía y cristalinidad”, la Adeca también planteó la necesidad de que exista un “espacio de participación formal” en el ámbito del Inefop de las entidades de capacitación, tanto públicas como privadas.
Y advirtió la “amenaza” que la situación actual “significa para la continuidad de equipos docentes” —que calculan en 1.800 puestos de trabajo— y la viabilidad de las propias entidades de capacitación.
Rodríguez concurrió al Senado para exponer la “opinión consensuada” del Consejo Directivo sobre estos asuntos.
Enumeró las diversas formas de capacitación que contrata el Inefop —las Ecas, los comités departamentales, convenios con diversos organismos como UTU, Ministerio de Turismo, de Desarrollo Social, la Junta Nacional de Drogas, y con gremiales empresariales, entre otros—. Luego alegó que el instituto “no tiene” el cometido legal de “desarrollar el mercado de capacitación”, pero que igualmente trata de “promoverlo”, porque “una de las dificultades” a las que se enfrenta en su labor “es que existe una oferta de capacitación inferior a la demanda”. Señaló que ese problema es aún mayor en el interior del país, donde hay pocas Ecas, “que no atienden todas las demandas”.
La mayoría de los beneficiarios del “seguro de paro” son trabajadores del interior (19.530 en 2013, frente a 15.822 de Montevideo).
Rodríguez informó que el Inefop tiene registradas 301 Ecas y a 300 especialistas y consultores, un nuevo registro que, apuntó, “está creciendo”.
Agregó que la cantidad de trabajadores en seguro de desempleo que atiende y capacita el instituto son todos los que se apuntan para recibir un curso. “Siempre depende de la voluntad del trabajador, porque no tenemos atribuciones para obligarlos a capacitarse”, informó.
El número de personas en el “seguro de paro” que no recibe capacitación viene siendo un reclamo de la Adeca. Rodríguez informó que la cantidad de beneficiarios de ese programa pasó de 3.140 en 2010 a 4.262 en 2013. En ese último año el Banco de Previsión Social pagó algo más de 35.000 subsidios por desempleo, en promedio.
La cantidad de beneficiarios de todos los programas del Inefop aumentó 60,5% entre 2010 y 2013, destacó el jerarca.
En otro orden, Rodríguez defendió la idea de que el Inefop conforme un fondo “anticíclico”, como una “medida de política habitualmente recomendada”. Explicó que se inmovilizaría una “parte sustancial” de los recursos para “prever situaciones de caída del nivel de actividad, y que aun así se podrá seguir atendiendo la “totalidad de las demandas”.
Se refirió al llamado público a corredores de bolsa para que hagan una propuesta de cuánto costaría la inversión de dichos fondos anticíclicos (Búsqueda Nº 1.772)
“No es porque Inefop se transforme en una entidad financiera sino que, simplemente, mientras el dinamismo (económico) se mantenga, es difícil agotar el fondo en lo inmediato. Quiere decir que es una herramienta efectivamente anticíclica: si la miramos en el momento de alza del ciclo, acumula fondos, pero también puede prever (...) que en un período de baja se agoten los fondos; si se cuenta con un fondo anticíclico se puede mantener el nivel de actividad. Esta es la idea básica”, aclaró.