También la reciente ley de los llamados “cincuentones”, que puso a Astori al borde de la renuncia y fue una de las razones de la salida de Andrés Masoller de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, presionará sobre las finanzas públicas, en la medida que integrantes de ese colectivo abandonen su AFAP optando por volver a aportar exclusivamente al BPS.
Astori aludió en la entrevista radial a la presión sobre las finanzas públicas, al recordar que anualmente se destinan entre US$ 3.200 y US$ 3.300 millones para cubrir los desequilibrios financieros en el BPS y de las cajas de pasividades de policías y militares.
Las cifras preliminares correspondientes a créditos ejecutados en 2017 publicadas por la Contaduría General de la Nación indican que las transferencias a la llamada “caja militar” fueron por el equivalente a US$ 548 millones. También hubo asistencia al servicio de retiros de los policías (US$ 189 millones), y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (unos US$ 11 millones).
“Aquí tenemos una gran tarea que el país no puede ignorar”, afirmó el ministro.
La fragilidad fiscal asociada al sistema previsional ha sido advertida también por observadores del exterior.
“A mi entender, (…) lo más importante sería lidiar con el problema de fondo: se necesita una reforma profunda del sistema previsional. Esto no es ninguna novedad, pero requiere una discusión seria y detallada. Como en tantos otros países, el sistema previsional uruguayo fue diseñado pensando en un mercado de trabajo y contexto demográfico correspondiente al siglo XX. Hace 60 años, la media de esperanza de vida en la región de América Latina era de 56 años, y hoy es casi de 75 años. No se necesita ser un experto en materia previsional para darse cuenta de que las cuentas no van a cerrar si no hay reforma, como bien ha dicho el ministro Astori, y eso tiene implicancias fiscales obvias. Lo más útil que podría salir del problema de los ‘cincuentones’ sería que sirviera de un llamado de atención tanto para los gobernantes como para la sociedad civil de que hay que empezar a analizar este tema a fondo y acordar las reformas previsionales necesarias”, dijo a Búsqueda en diciembre el economista jefe del Banco Mundial para la región, el uruguayo Carlos Végh (ver Nº 1.950).
Si bien no entró en detalles respecto a qué aspectos deberían reformarse, Astori repitió en Sarandí que será necesario rever la Ley 18.395, que desde 2008 flexibilizó el acceso a la jubilación común —se redujo de 35 a 30 los años requeridos para acceder a la prestación, entre otras medidas—, así como por edad avanzada y por incapacidad. Con esa norma se buscó dar un beneficio social, pero se terminó “incrementando en una medida importante los recursos que se dedican a la seguridad social e incidiendo en una medida muy importante en el resultado fiscal”, sostuvo el jerarca.
En un estudio publicado en enero por la Cepal, consultores uruguayos estimaron que por dicha ley aumentará entre 40% y 60% la proporción de trabajadores que lograría jubilarse aproximadamente a los 60 y 65 años de edad.
En campaña
“(…) No sé si en campaña electoral o no en campaña electoral. Lo más sano sería discutirlo no en campaña, para tener una discusión profunda”, como se hizo en el segundo mandato de Julio Sanguinetti, señaló el ministro de Economía. Por lo pronto, parece un asunto inevitable de abordar por los equipos programáticos de cara al siguiente período de gobierno.
La Comisión de Programa del Frente Amplio discutirá el asunto de cara a las elecciones de 2019. “Los caminos van por políticas de incentivo a retrasar la edad jubilatoria, por un lado, y algunas otras medidas. No podemos soslayar ni dejar de asumir la responsabilidad de analizar el tema y generar propuestas. Esas medidas que son impopulares tienen que hacerse buscando explicar, y buscando que se acompañen de estímulos, que no sean solamente medidas de aspecto restrictivo, sino un interés de todos en trabajar unos años más”, dijo en febrero en El Observador el presidente de la Comisión Nacional de Programa de la coalición de izquierdas, Ricardo Ehrlich.
Un eventual aumento de la edad de retiro, desde los 60 años que fijó la reforma de 1996 para mujeres y hombres, “hay que estudiarlo. El ministro lo ha repetido diversas veces. Yo no dudo de que el equipo económico esté en este momento haciendo los números y considerando los tiempos políticos. Pero no me cabe duda de que va a ser un tema que seguramente tenga su debate en el programa del Frente Amplio y lleve a definiciones programáticas”, insistió el exintendente y exministro de Educación que hoy coordina la discusión programática del Frente Amplio.
Los líderes de la oposición tienen claro que hay un problema que, si no se hace nada, terminará por explotar en algunos años.
Consultado por Búsqueda, el senador blanco Luis Lacalle Pou dijo que “los desequilibrios en el sistema de seguridad social tienen un impacto importante en las finanzas públicas, porque los montos son muy significativos. Lo que me preocupa en lo inmediato es que se estén pagando las jubilaciones que correspondan, con el consiguiente control y respaldo”.
Recordó que al presentar las rendiciones de cuentas de 2015 y 2016, el equipo económico de gobierno planteó preocupación por el impacto que tuvo la flexibilización de las jubilaciones por invalidez y ante el crecimiento de los subsidios por enfermedad. “Estas situaciones demuestran una falta de control en los pagos del BPS que no solo perjudican las finanzas públicas, sino que terminan perjudicando a quienes realmente necesitan una pensión por invalidez o un subsidio por enfermedad. Entonces nos importa que se mantengan estas prestaciones, pero obviamente para quienes correspondan, que son las personas más vulnerables y ejerciendo los debidos controles”, afirmó el líder del sector Todos.
“Para nosotros la preocupación no es nueva. Ya en la agenda de gobierno 2014 propusimos una ‘certificación de calidad’ de todos los procesos del BPS, con el objetivo de mejorar su gestión, dotarla de mayor transparencia, objetividad y eficiencia”, añadió.
Con respecto a la seguridad social, más ampliamente, dijo que se debe “analizar una reforma en el mediano plazo. Para hacernos una idea del problema basta mirar la evolución de las erogaciones y el incremento del déficit que ha tenido el sistema en estos últimos años”, dijo, y señaló que las erogaciones por jubilaciones servidas por el BPS pasaron de $ 52.000 millones en 2008 a $ 100.000 millones en 2017, un aumento real de 110%.
En cuanto a qué aspectos reformar, Lacalle Pou se remitió a la “agenda de gobierno” de su sector. Dijo que habría que invitar a todos los actores involucrados para analizar los escenarios futuros del régimen previsional así como “medidas correctivas que permitan prevenir los eventos críticos. Basado en los análisis del propio BPS que ya en 2014 diagnosticaba una situación peligrosa, es que proponíamos la creación de una comisión técnica multipartidaria para estudiar a fondo el tema”.
Como posibles acciones concretas, señaló “en principio, no cambiar las reglas de juego para aquellos que ya están en su vida laboral”, así como ofrecer beneficios para que los trabajadores opten por jubilarse más tarde. También planteó la posibilidad de discutir la edad de retiro para aquellos que todavía no comenzaron su etapa laboral.
En relación con el régimen de AFAP, Lacalle Pou dijo que “puede ser siempre perfectible, pero la población lo aceptó” y “llegó para quedarse”. Eventuales mejoras en ese pilar deben surgir de “instancias de diálogo entre los actores involucrados”.
Por su parte, el también senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga opinó que el ministro “convenientemente pone el tema ahora sobre la mesa para ejercer presión sobre la bancada del Frente Amplio de cara a la próxima Rendición de Cuentas. Astori ya no sabe qué más hacer para que no le gasten más”.
Pero compartió que los números del sistema previsional plantean un problema a futuro.
“Con nuestra demografía, con los cambios que se producirán a nivel mundial en los mercados de trabajo y en Uruguay en particular, la previsión social va a ejercer una fortísima presión sobre las finanzas públicas”, pero también con las políticas de cuidados para los adultos mayores, dijo Larrañaga a Búsqueda. “La sostenibilidad de las finanzas públicas no se agota en la seguridad social ni en el BPS, es mucho más grande el tema. Requiere un tratamiento integral que combine educación para preparar a los jóvenes para trabajos de mayor calificación, mejorar la competitividad para aumentar nuestra capacidad productiva, y una regla fiscal que contemple las restricciones presupuestales derivadas del envejecimiento de la población, entre otras cosas. La edad de retiro, las tasas de reemplazo, las formas de cálculo de las pasividades deben ser consecuencia de una reforma integral. Si miramos solo eso, no resolvemos nada”, añadió el senador. Esta postura forma parte del documento que su sector le entregó al Partido Nacional.
José Amorín, senador colorado y candidato a presidente, declaró a Búsqueda que el país tiene que “encarar” los problemas que hay en la seguridad social. Los cambios que se realicen deben permitir un “envejecimiento digno” y que los “ingresos acompañen los estándares de vida de la sociedad”. “Hay que actuar responsablemente”, aseguró. Dijo que el régimen de AFAP se debe mantener. “Podemos introducir mejoras en el funcionamiento en dos áreas: gestión y en la naturaleza de las inversiones que administra”, puntualizó.
El también senador y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, afirmó a Búsqueda que este es un tema que el próximo gobierno deberá abordar. Explicó que Uruguay tiene indicadores, como la baja natalidad y la alta longevidad, que “no ayudan”.
A su juicio, habrá que “hacer una reforma sistémica” y uno de los puntos a tratar es elevar la edad de retiro.
Mieres dijo que está a favor de “revisar” el sistema de AFAP para “perfeccionarlo”.
