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Pese a que el trabajo sexual en Uruguay está regulado, hay una figura protagónica de esa actividad que permanece en una nebulosa: la del proxeneta o el fiolo. La Ley 8.080 de 1927 dice que el proxenetismo es ilegal y está penado, pero la Ley 17.515 del 2002 habilita y establece condiciones para la actividad sexual “en prostíbulos, whiskerías, bares de camareras y similares”.
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Karina Núñez, principal referente de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), dice que en los hechos esa “zona gris” deja al trabajo sexual ligado a terceros y concentra la oferta de servicios en unas pocas personas que lucran con las ganancias de las trabajadoras. Según cuenta, en general la mitad del dinero que se cobra por un servicio sexual va para el local, las trabajadoras están en una posición de debilidad si tienen que faltar al trabajo, si quieren retirarse antes porque se sienten mal, o si tienen reparos con algún servicio sexual.
En noviembre, la Intendencia de Montevideo presentó un diagnóstico sobre trabajo sexual en la ciudad, que elaboró a través de una consultoría de la asociación civil El Paso. Para el trabajo fueron entrevistadas 71 trabajadoras. Como ejemplo de las asimetrías entre trabajadoras y proxenetas, un párrafo del diagnóstico dice: “Una de las entrevistadas relató que son los dueños quienes establecen los tipos de servicio sexual que se brindan, entre ellos, sexo oral sin preservativo. Así, aunque la trabajadora tenga conciencia del riesgo al que está sometida al mantener una relación sin protección, hacerlo se considera como parte de su trabajo y no hay margen para negociación”.
Además de trazar un estado de situación, el informe diagnóstico dedica un capítulo a hacer recomendaciones de políticas públicas. Uno de los puntos propone implementar acciones que permitan la “autonomía económica” de las trabajadoras. Allí se plantea “facilitar” la “regularización de locales” para que trabajadoras sexuales autónomas puedan ofrecer sus servicios y “promover condiciones para la autonomía a través de cooperativas u otros mecanismos que no impliquen la negociación con terceros más allá de la relación con el cliente”.
Natalia Guidobono, investigadora social de El Paso, explica que la autonomía fue un planteo recurrente de las entrevistadas. “Para tener más autonomía es necesario que la figura del proxeneta se modifique o directamente desaparezca”, sostiene. La forma de instrumentar esa recomendación, dice, es un camino en el que es necesario seguir indagando y apunta que en buena medida eso queda ahora en manos de la intendencia, que fue la que encargó el trabajo.
Solana Quesada, directora de la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo, valora la información que surge de este trabajo, pero aclara que no quiere decir que se vayan a aplicar todas las recomendaciones y que varias exceden sus competencias. En ese sentido dijo que empezarán por crear una red de referentes que permita potenciar los programas que la intendencia ya tiene con un abordaje específico hacia el trabajo sexual.
En cuanto a la autonomía económica, dice que buscarán acercar a las trabajadoras sexuales a los programas de reinserción laboral y de apoyo a emprendimientos de la intendencia. “Barrido inclusivo es un programa específico para mujeres, que hoy no tiene una cuota de trabajadoras sexuales pero se podría incorporar”, ejemplificó.
Centro y periferia
El diagnóstico de trabajo sexual de Montevideo contabilizó 47 prostíbulos y whiskerías en la ciudad. La actividad sexual está presente en todo el departamento pero de manera desigual. El 53% de los establecimientos se concentran en el Municipio B y el 19% en el C. El trabajo también relevó 144 publicidades web: allí se repite el Municipio B como el de mayor oferta (56%) y en segundo aparece el CH con el 10%.
En sentido contrario, el informe destaca que el 86% de las trabajadoras reside en municipios más alejados. Ese dato es uno de los que le pareció más interesante a Núñez.
“La oferta de servicios sexuales no se diferencia de otros servicios de mano de obra barata. El trabajo sexual se vincula directamente a los altos grados de marginalidad y pobreza de quienes lo ejercen”, dice.
La cooperativa y las dificultades
Una conclusión contundente del diagnóstico de trabajo sexual es que la mayoría de las trabajadoras quiere abandonar la actividad. El 80% respondió en ese sentido. El documento incluye el contenido textual de algunas de las respuestas: “Son muchas las que piensan que hago esto porque me gusta. No es así, odio a cada uno de esos estúpidos”; “Trabajo de lo que sea, solo necesito otra oportunidad”; “No quiero saber más nada de este trabajo. Si vos me preguntás lo grito NOOO, pero no es nada fácil”.
Según el Registro Nacional de Trabajo Sexual del Ministerio del Interior, hay 12.363 personas que ejercen esa actividad, de las que 94% son mujeres. Núñez toma esa cifra como referencia estimada de la cantidad de trabajadoras, aunque sabe que no es confiable porque la inscripción en ese registro está en desuso y, de hecho, Otras considera que debería ser eliminado porque criminaliza a las trabajadoras
Organizar a esas miles de trabajadoras no es sencillo. En Otras, hay actualmente unas 174 mujeres, todas del interior del país. La organización está más fortalecida en Rivera, Salto y Paysandú.
En Paysandú, de hecho, están intentando formar una cooperativa para tener otra salida laboral. También ahí están presentes las dificultades de participación. Yenni Galli, referente de Otras en Paysandú, contó en el tercer seminario de Trabajo Sexual que se realizó en el PIT-CNT el 27 de noviembre, que empezaron siendo 36 y hoy son 8.
El Instituto Cuesta Duarte las está asesorando en ese proceso. Su responsable regional, Marcelo Gianotti, cuenta que le impactó la cantidad de mujeres jóvenes y con hijos a cargo que ejercen la prostitución en el departamento. También que, al igual que en la encuesta de la intendencia, la mayoría de ellas expresan que quieren salir de la prostitución.
Gianotti cree que en las próximas semanas estarán en condiciones de presentar el proyecto al Programa de Formación Cooperativa para pedir recursos para capacitación. El principal obstáculo es, de nuevo, la consolidación del grupo. En ese sentido, cuenta que Galli renunció la semana pasada a ser la principal referente del grupo.
Sobre las dificultades de participación, Núñez reflexiona: “Lo primero que hay que generar es una masa consciente de derechos y eso es de lo que muchas compañeras carecen. Cuando tenés una población que ni siquiera se considera sujeta de derecho, lo primero que tenés que hacer es una introducción a la educación social y cívica”.
