Se necesita cuestionar las dinámicas de poder implicadas dentro del concepto de justicia ambiental y que los trabajadores sean parte, tanto de la identificación de los problemas, como de la construcción de soluciones. Esta es una de las consideraciones de un estudio a cargo de un equipo de trabajo interdisciplinario, con el que los investigadores buscan que la lucha contra la degradación ambiental gane peso dentro de la agenda política y el sindicalismo uruguayo.
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El equipo a cargo del trabajo, que se presentó el pasado 1º de diciembre en el PIT-CNT, estuvo integrado por María Fernanda Souza, Héctor Seco, Andrés Carvajales y María Victoria Tabárez. El proyecto fue financiado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung Uruguay y tuvo participación del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) y del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT,
El grupo elaboró dos informes, uno denominado Lo que la industria forestal olvida: conflictos entre trabajo, ambiente y salud en contexto de intensificación productiva y otro llamado Reflexiones sobre la sustentabilidad en la producción del arroz: una construcción en diálogo con las trabajadoras y los trabajadores.
En el primero, a partir de conversaciones con trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, grupos de vecinos organizados, productores agroecológicos y profesionales de la salud ubicados en el litoral occidental del país, los investigadores identificaron elementos centrales para la construcción de una agenda que abarque sus vivencias.
El concepto de intensificación sostenible se usa para referirse a “las innovaciones que buscan aumentar la productividad en tierras agrícolas con impactos ambientales y sociales positivos”. Sin embargo, el trabajo alude a efectos significativos en los paisajes naturales y construidos en las últimas décadas en el territorio, al transformar “el hábitat de las personas y los animales, las costumbres, las condiciones de trabajo y salarios de los trabajadores, y las dinámicas de trabajo de los productores pequeños o familiares”, pero no necesariamente de forma positiva.
A modo de ejemplo, refiere a los testimonios de trabajadores de viveros de una importante empresa del sector forestal, quienes aseguran que las sustancias químicas aplicadas a los plantines “producen lesiones serias y permanentes en la piel”, mientras que el “ritmo de trabajo impuesto provoca tendinitis, que tiene consecuencias directas en la motricidad en el corto, mediano y largo plazo, llegando incluso a generar inmovilidad total y parálisis de distinta entidad en las extremidades”.
El estudio también da cuenta de una “marcada ausencia de regulación estatal efectiva” en relación con las prácticas ambientales y laborales, lo que dificulta que los trabajadores y las comunidades tengan acceso a la justicia cuando sus derechos se ven afectados por decisiones con impactos ambientales negativos, menciona. “La falta de canales efectivos para la denuncia y la participación ciudadana es un tema recurrente”, agrega el informe con relación a los testimonios recogidos.
Según lo relevado, las empresas también adoptan estrategias para minimizar el impacto de las denuncias de trabajadores y comunidades. Particularmente, señala que cuando los representantes de los trabajadores procuran entablar diálogo con la empresa para implementar medidas de seguridad adecuadas, “la posición de la compañía oscila entre la displicencia, la persecución y la amenaza”.
“La estrategia parecería enfocarse en evitar generar espacios para la negociación”, agrega.
Del trabajo de campo se desprende que se está ante un Estado “omiso e impotente, que no apoya ni profundiza en políticas o mecanismos que resulten en garantías para la ciudadanía”, y en el que la relación entre ciudadanos e instituciones “siempre está mediada por vínculos burocratizados y perversos” donde la carga recae sobre los hombros de los afectados. Esto, a su vez, genera que la formación sindical se sienta “lejana”, tanto en la comprensión del fenómeno como por el descreimiento de los trabajadores del área en la organización.
El estudio sostiene que los trabajadores y las comunidades tienen una fuerte conciencia de los problemas ambientales. Sin embargo, esa conciencia “se ve subordinada” a otras preocupaciones y se subestima en la discusión pública. Por ejemplo, la salud en el entorno laboral es una preocupación clave, pero las opciones son limitadas al no percibir a los sistemas de atención locales como espacios seguros por estar “en sintonía con la empresa y el poder político”, afirma el documento. Además, no existe un registro de afectaciones sistematizado que permita observar, por ejemplo, la incidencia territorial de un determinado problema de salud asociado a los sistemas productivos hegemónicos, agrega.
El informe sostiene que los resultados apuntan a la necesidad de “ampliar la base de la discusión, reconocer los intereses de los diferentes colectivos involucrados y promover una conciencia ecológica entre los trabajadores”. También subrayan la importancia de fortalecer la regulación estatal y de fomentar la colaboración entre diferentes actores para abordar de manera efectiva los desafíos ambientales y laborales en estas comunidades.
El desarrollo forestal de Uruguay tiene ya un camino recorrido de más de tres décadas, con la ley forestal de 1987 como primer mojón. Según los actores empresariales, con la segunda planta de UPM en funcionamiento, la cadena emplea entre puestos directos e indirectos a más de 25.000 trabajadores. Dentro de los directos, hay unos 8.600 trabajadores dedicados a tareas de vivero, silvicultura y operativa de bosques.
Arroceros
Históricamente, los trabajadores del sector arrocero en Uruguay han enfrentado condiciones críticas de trabajo, vida y salud, dando lugar a conflictos laborales. El estudio sostiene que, aunque ese sector industrial se caracteriza por haber adoptado tecnologías “de avanzada” en sus procesos productivos y se presenta como un defensor del ambiente, “la realidad muestra que la extensiva plantación de arroz tiene consecuencias significativas para varios ecosistemas de la región” y afirma que los efectos de esta actividad sobre la salud humana “han sido escasamente evaluados”.
Por ejemplo, surge de las entrevistas –realizadas en Vergara, La Charqueada, el Arrozal 33 y sus alrededores– que no hay orientaciones ni controles con relación a las enfermedades que puedan surgir producto del contacto prolongado con cierto tipo de sustancias tóxicas por parte de los trabajadores, lo que genera “incertidumbre y preocupación”. Al mismo tiempo, no se recopilan datos ni se realizan registros de incidencia diferenciada en los territorios en función de distintos problemas de salud que los trabajadores mencionan y que ellos atribuyen al trabajo con sustancias tóxicas, como cáncer, abortos espontáneos y malformaciones, entre otros. En ese sentido, las respuestas de los servicios de salud a esa preocupación “son desordenadas, inconsistentes, insuficientes y basadas en poca información sistemática”, sostiene el documento.
El informe incluye, además, la visión de un profesional de la salud de la zona, quien relata lo que considera “una alta incidencia de reacciones en la piel de niños con problemas respiratorios y la presencia de cuadros alérgicos” y pone arriba de la mesa la dificultad para establecer una relación causa-efecto sobre el uso y manipulación de agroquímicos y los efectos sobre la salud debido a la falta de relevamiento estatal.
Consultada por Búsqueda, la investigadora Fernanda Souza, máster en ambiente global, política y sociedad por la Universidad de Edimburgo y socióloga por la Udelar, explicó que “era muy notorio” que en Uruguay no estaba instalado el tema de la “conciencia y la justicia ambiental”. Según dijo, no existe a nivel local campesinado o grupos institucionalizados en condiciones de vulnerabilidad que “peleen por los recursos naturales”, como sucede en otras regiones.
“Era muy raro que el sistema político no estuviera tomando este tema, por lo que quisimos ver cómo podíamos, desde nuestros saberes distintos, hacer que el asunto tenga un lugar en la opinión pública”, indicó. Para ello, el vínculo con el PIT-CNT fue fundamental, al entender que los trabajadores organizados tenían mucha capacidad para movilizar la agenda.
“Los últimos tratados internacionales tienen que ver con esta concepción de la participación como un eje central de la democracia. La democracia es saludable en tanto las personas reciban información que puedan entender y sobre la que puedan decidir accionar sobre la realidad”, cerró.
Ciencia, Salud y Ambiente
2024-01-10T18:05:00
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