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I.- El monitoreo de la planta de celulosa UPM (ex Botnia) y de la desembocadura del arroyo Gualeguaychú, que se viene realizando hace varios meses, no logra acordar un informe de las Cancillerías de Argentina y Uruguay respecto de la contaminación: a) la temperatura máxima para el vertido de efluentes al río Uruguay fue acordada en 30 grados por ambas delegaciones en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU); b) en abril de 2011 Uruguay elevó unilateralmente ese límite a 37 grados, para adaptar los parámetros aplicados a otras empresas (ejemplo, Montes del Plata); c) el reglamento de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) prevé que puede elevarse la temperatura de los efluentes cuando “la industria demuestra que no produce efectos negativos ”; d) una normativa interna de la provincia de Entre Ríos de la República Argentina, fijó en 45 grados la temperatura máxima para el vertido de efluentes; e) el presidente de la delegación uruguaya en la CARU, Gastón Silberman, no da detalles sobre los resultados de los monitoreos, pero señala que “en Uruguay sabemos perfectamente que UPM no contamina; f) una fuente de la delegación uruguaya en la CARU sostuvo que el monitoreo no concluye en “nada dramático”, “a veces se sobrepasa algún parámetro pero no se puede hablar de contaminación con mayúscula”.
En este caso, entendemos que las cosas no están muy claras. De una buena vez, Uruguay tendría que pronunciarse de manera firme y certera (y por qué no, unilateralmente si no hay otro remedio), sobre el tema de la contaminación. Eso de que no se puede hablar de “contaminación con mayúscula” abre sí, una duda mayúscula, respecto a que algún tipo de contaminación minúscula (contaminación al fin) pudiera existir. Asimismo, las diferentes apreciaciones respecto de los grados de temperatura máxima para el vertido de los efluentes nos lleva a reflexionar que, por lo menos, todo resulta muy confuso y en cierta medida también contradictorio.
II.- En la reunión realizada en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) con los trabajadores de la citrícola Forbel de Paysandú, que mantienen un conflicto por el despido de obreros zafrales, el presidente de la Organización Sindical de Obreros Rurales (Osdor) señaló que el director nacional de Trabajo “dejó claro que es un tema que el presidente (Mujica) quiere solucionar”.
Lo indicado a los trabajadores transmite, según nuestro parecer, un criterio selectivo en relación a los conflictos laborales. Sería conveniente que, por donde corresponda, se precisara que en el ánimo del presidente de la República está el querer solucionar (al margen de los resultados) todos los temas laborales, lo cual despejaría cualquier duda al respecto.
III.- A poco de su cese (renuncia) en el cargo tuve un encuentro (casual por supuesto) con el ex ministro Héctor Lescano.
El hecho ocurrió en un quiosco de venta de diarios y revistas, ubicado muy cerca del “Montevideo Shopping”, en la avenida Luis Alberto de Herrera frente a la calle Plácido Ellauri. Luego de presentarme, le hice saber mi inquietud sobre los ceses o renuncias de los secretarios de Estado respecto a que los actos administrativos correspondientes tendrían que estar fundamentados, motivados, es decir, en el caso, expresar la causa del cese o renuncia, que la normativa vigente (decreto Nº 500/991, artículo 123), por otra parte, así lo establece. El ex ministro pacientemente me escuchó, respondió que estaba de acuerdo con mi planteo y agregó: “Siempre cuanto más transparencia, mejor”. No obstante, nada dijo sobre el motivo de su renuncia.
Todo gobierno, a nuestro criterio, resultante de un proceso democrático (voto ciudadano), cualquiera sea su “pelo”, que informa de su actuación en forma parcial y/o contradictoria a la ciudadanía, soslaya temerariamente el origen de su autoridad.
