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El gremio de trabajadores públicos logró convencer a los legisladores oficialistas para modificar la redacción original del proyecto de ley que transforma el Estatuto de Funcionarios Públicos que había redactado el gobierno. Las nuevas modificaciones contemplan básicamente lo que reclamaban los sindicalistas.
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“Si ponemos el proyecto que va a entrar a comisión, en comparación con el que vino del Poder Ejecutivo, tenemos que decir que estamos ante una de las mayores conquistas sindicales de los últimos 20 años”, dijo a Búsqueda el secretario General de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López.
El dirigente sindical explicó que la negociación con la bancada de legisladores del Frente Amplio fue “muy buena” ya que encontraron a los oficialistas “abiertos al diálogo”, cosa que según dijo “no se dio con el gobierno”.
Si bien consideró que la última redacción del proyecto es “ampliamente positiva”, apuntó que faltan algunos detalles que quedarán para la discusión en la comisión de la Cámara.
En referencia a la carrera administrativa aclaró que siguen teniendo “algunas inquietudes” cuya resolución deberá quedar para la negociación en los casos particulares. “Por más que tengamos el mejor estatuto, la iniciativa tiene que surgir de las autoridades. Es un tema de voluntad”, afirmó.
Sin perjuicio de su visión “muy positiva de la negociación”, los dirigentes sindicales mantienen la preocupación por uno de los artículos del proyecto, que crea una dependencia en la órbita de la Presidencia de la República para el análisis de los salarios estatales. El grupo estará integrado por representantes de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Oficina Nacional del Servicio Civil, que la presidirá.
Su cometido principal será “dirigir el proceso de adecuación de las estructuras de cargos”, así como “estudiar y actualizar el sistema ocupacional y retributivo de los Incisos 02 al 15 del Presupuesto Nacional, asesorando en lo pertinente al Poder Ejecutivo”.
López remarcó que las comisión podrá asesorar “en los niveles que considere correspondientes”, pero que la negociación de los salarios tendrá que realizarse en el marco de la ley de Negociación Colectiva, en la cual participan el Ministerio de Trabajo y COFE.
En el proyecto se excluye de la categoría de “funcionario público” a los becarios, los cargos de confianza, los contratos de arrendamiento de obra y los funcionarios adscriptos. Por el contrario, se incluye a los contratos temporales; quienes desempeñen funciones en esa categoría quedarán habilitados a dar concurso y de esa forma convertirse en funcionarios presupuestados y, por lo tanto, inamovibles.
Según los cálculos del diario “El País” unos 2.000 funcionarios, que tienen más de seis años de relación con el Estado, quedarán habilitados para ser presupuestados.
En el capitulo de condiciones de trabajo también lograron correcciones de acuerdo con los reclamos de los trabajadores. “El régimen de descanso semanal no deberá ser inferior a cuarenta y ocho horas consecutivas semanales, el que podrá ser modificado en los casos en que existan regímenes especiales que así lo ameriten”, establece la norma.
A su vez se establece el trabajo nocturno, que se reglamenta a partir de un período de “por lo menos tres horas consecutivas y que abarque el intervalo comprendido entre las 21:00 horas de un día y las 06:00 horas del día siguiente”. Para los funcionarios que realicen trabajo nocturno se prevé “un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo”. En los casos en que se detecten problemas de salud ligados al trabajo nocturno los funcionarios tendrán derecho a ser destinados a un puesto de trabajo diurno existente y para el que sean profesionalmente aptos, dice el texto.
La norma establece que los feriados pagos no laborables son el 1º de enero, el 1º de mayo, el 18 de julio, el 25 de agosto y el 25 de diciembre. En estos casos, así como en los feriados laborables y en la Semana de Turismo, los jerarcas de cada dependencia podrán definir una guardia de personal “a fin de atender tareas indispensables o que así lo requieran por la naturaleza del servicio”. A los funcionarios que trabajen esos días se les computará un día y medio más para sus vacaciones, y dos días para los casos de los feriados no laborables.
El compromiso de la bancada frenteamplista es discutirlo en comisión y aprobarlo en el plenario en las primeras semanas de mayo.
