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El fiscal de Corte, Jorge Díaz, dispuso este miércoles el traslado de Diego Pérez de la Fiscalía penal de tercer turno a una Fiscalía de menores, dijeron a Búsqueda fuentes cercanas al Ministerio Público.
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Pérez fue el fiscal que pidió el procesamiento con prisión del ex intendente de Montevideo Mariano Arana, de la ex secretaria general de la comuna María Julia Muñoz, y del ex director de Desarrollo Económico Alberto Rosselli, por las pérdidas millonarias en los casinos municipales en el período 2000-2005. La jueza penal Fanny Canessa desestimó esos pedidos de procesamiento y el fiscal presentó tarde la apelación, lo que determinó que el caso se archivara y generó un escándalo público.
Según las fuentes que consultó Búsqueda, ese episodio fue determinante para que Pérez fuera trasladado. El ex fiscal penal ocupará el lugar de Gustavo Zubía, quien en los últimos meses ha tomado notoriedad pública por su prédica para modificar el Código de la Niñez y la Adolescencia y endurecer las penas a los adolescentes infractores. Zubía pasará a desempeñarse en la Fiscalía penal nacional de octavo turno, cuyo titular Luis Bajac irá a una Fiscalía de Aduanas.
Con estos movimientos Díaz culmina el traslado de decenas de fiscales, medida que tiene como objetivo “poner la casa en orden” y que inició ni bien asumió el cargo hace seis meses, señalaron las fuentes del Ministerio Público. Agregaron que esa política forma parte de un plan que incluye el llamado a concurso para el ingreso a los nuevos cargos.
El primer movimiento que realizó el ex juez en crimen organizado apenas tomó posesión al frente de la Fiscalía de Corte fue el traslado del fiscal Ricardo Perciballe a una sede civil, lo que generó gran repercusión pública. El cargo de Perciballe fue llenado por el fiscal Juan Gómez, quien pasó de una sede penal a la Fiscalía en crimen organizado. Eso originó una serie de movimientos en cascada, ya que al lugar de Gómez ingresó como fiscal penal nacional Adriana Umpiérrez, que trabajaba en Ciudad de la Costa. A su vez, su lugar fue ocupado por la ex fiscal de Colonia Ana Monteiro, quien dejó el cargo a Darviña Viera, que aún espera por la aprobación de la venia.
Otro de los movimientos importantes que realizó el fiscal de Corte fue el traslado de la fiscal Ana Camiño de Pando a la Fiscalía penal de segundo turno que ocupaba Mirtha Guianze, quien pasó a desempeñarse en el Instituto de Derechos Humanos del Parlamento. Ese puesto es clave porque esa Fiscalía concentra gran parte de las causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El lugar de Camiño fue ocupado por Leonardo Morales quien actuaba en la sede de Pando. Su cargo ahora es ejercido por la fiscal Laura Rocha, quien provino de Rocha. A ese departamento fue Soledad Barriola, que fue suplantada por Estela Long, de Mercedes. A Soriano fue Herminia Viotti, que ejercía en Fray Bentos y allí se trasladó a Marisa Alza. Ambas magistradas habían renunciado a su derecho a ascender por lo que el fiscal de Corte las intercambió en la misma zona en la que trabajan para que no pasaran un largo período de tiempo en el mismo puesto.
Por otra parte, Díaz también trasladó de Maldonado a Montevideo al fiscal Carlos Reyes en lugar de Eduardo Fernández Dovat, que se jubiló. El cargo de Reyes fue ocupado por la fiscal Adriana Arenas, que pasó de San Carlos a Maldonado. En el lugar de Arenas está pedida la venia para la fiscal Patricia Sosa.
Por otro lado, la fiscal Alba Corral fue designada al frente de una Fiscalía en violencia doméstica que se creó y se abrieron también nuevas Fiscalías en Pando y Artigas, lo que ocasionó el movimiento de varios fiscales.
A su vez, la jubilación de un fiscal civil produjo el traslado de una fiscal de Minas a Montevideo y una serie de movimientos en el Interior.
