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La Lista 711 que encabeza el ex vicepresidente Raúl Sendic parece dirigirse a una nueva tormenta política como consecuencia de la gestión de sus militantes de primera línea al frente de la petrolera estatal Ancap y sus empresas subsidiarias.
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La denuncia hecha por el Partido Independiente (PI) ante la Justicia de Crimen Organizado contra el senador frenteamplista Leonardo de León por el uso que dio a las tarjetas corporativas cuando dirigió Alcoholes del Uruguay (Alur) puso en alerta al Tribunal de Conducta Política (TCP) del Frente Amplio y sus sectores analizan qué pasos dar.
Sin embargo, fuentes frenteamplistas confiaron a Búsqueda que para el TCP la decisión ya está tomada y que esperan “un buen gesto” de De León de presentarse de forma voluntaria. Según los informantes, el órgano ético dará como plazo hasta su próxima reunión del miércoles 8 para decidir actuar. El argumento que manejan es el antecedente inmediato de cuando el órgano analizó la tarjeta corporativa de Sendic. “Si se revisó su tarjeta y terminó en un fallo como el que terminó es imposible no citar a De León ahora”, dijo una de las fuentes.
El martes 31 El Observador informó con base en la denuncia del PI que De León realizó gastos por US$ 30.677 y $ 868.560 con dos tarjetas corporativas de Alur, entre los que se encuentran pagos en días de licencia en restaurantes, estaciones de servicio y alojamientos en Paraguay.
El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo al matutino que “el camino a realizar acá tiene que ser el mismo”, en alusión al caso del ex vicepresidente Raúl Sendic cuando se presentó voluntariamente ante el TCP.
Ese tribunal de ética actúa por comparecencia voluntaria del involucrado o por la denuncia de algún sector o las mesas departamentales; aunque también se reserva la posibilidad de actuar de oficio en casos excepcionales. La primera opción quedó descartada, al menos por el momento, ya que allegados a De León dijeron a Búsqueda que el senador mostró su total disposición a ir a declarar ante la Justicia sin ampararse en sus fueros parlamentarios, pero no considera necesario hacerlo ante el TCP. Considera suficiente concurrir al Juzgado, resumió uno de los consultados.
La denuncia de algún sector es un escenario probable y en estos días las agrupaciones lo analizarán. El líder de la Liga Federal, Darío Pérez, afirmó a Búsqueda que “si la información que surge de la prensa es así, sería algo increíble” y que “es algo para discutir con los compañeros de la Mesa Política”. Advirtió, sin embargo, que aún no lo dialogó con su agrupación.
El viernes 3 la Mesa Política del Frente Amplio se reunirá y hasta este momento nadie propuso incluir en el orden del día la situación del senador De León. De todos modos, el representante de su sector, el diputado Pablo González, irá preparado para responder.
Si alguien plantea el tema, González repetirá lo dicho por los allegados de De León sobre su postura de no ver necesario acudir al TCP cuando ya hay una causa en la Justicia, dijeron fuentes del sector a Búsqueda. Y puede llegar a dar un paso más y pedir que De León acuda luego de que se citen a todos los demás directores que usaron tarjetas corporativas en Ancap y no han sido convocados hasta el momento, entre ellos el actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez.
En este sentido, el abogado de De León, Ignacio Durán, dijo el martes 31 de octubre a Telenoche que el senador puede dar explicaciones sobre los gastos y que “cuando vaya a declarar va a explicar gasto por gasto por qué lo hizo”. Agregó además, que los directivos de Alur no tenían un protocolo para el uso de sus tarjetas corporativas.
Por su parte, el titular de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo a Telenoche que le genera preocupación la información sobre el uso que dio De León a su tarjeta corporativa. “Si la tarjeta se usa para gastos personales o sin respaldos adecuados, está mal y hay varias normas que así lo indican”, dijo.
La Jutep juzgó a Sendic por cómo utilizó su plástico y el fallo fue lapidario. El vicepresidente incurrió, según su dictamen, en “violaciones” de las normas de administración de fondos públicos y señala especialmente las referidas a rectitud, legalidad, implicancias, buena administración financiera, rendición de cuentas y prohibición de uso indebido de fondos. La llegó después de que Sendic había presentado su renuncia a la vicepresidencia de la República tras un informe muy duro del TCP frenteamplista y la pérdida de respaldo político de varios dirigentes oficialistas.
En el caso de De León, otra de las compras que llamaron la atención del Partido Independiente fue un pago realizado el 1º de octubre por US$ 398 en Buenos Aires, cuando debió haber retornado al país el 30 de setiembre, según los datos a los que accedió esa colectividad política.
