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Entre 2012 y 2014, la Intendencia de Maldonado, encabezada por el frenteamplista Óscar de los Santos, elaboró digitalmente un Digesto Municipal para ordenar todas las normativas de la comuna, que se encontraban dispersas e implicaban confusiones para delimitar qué decreto, ordenanza y resolución era aplicable a qué situación. La realización del documento se encargó a una empresa representada por un actual asesor de la Presidencia de la República. La forma en que se adjudicó es hoy objetada por el Tribunal de Cuentas, ediles y directores del nuevo gobierno de Maldonado por falta de imparcialidad, no respetar el principio de igualdad y ser definida “a dedo” y en función de amiguismos.
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En 2010, María del Carmen Salazar, entonces directora general de Asuntos Legales de la Intendencia, recomendó la contratación de la Asociación Ciudadana por los Derechos Civiles para cumplir con uno de los objetivos del período de su departamento: elaborar el Digesto Municipal. La asociación que recomendó había actualizado el Digesto de Montevideo y estaba liderada por Juan Pablo Pío, en ese momento procurador del Banco de Seguros del Estado y hoy asesor letrado de la Prosecretaría de la Presidencia de la República.
Aunque el intendente De los Santos resolvió contratar a la asociación, seis meses después la decisión se dejó sin efecto, ya que ninguno de sus integrantes se hizo presente en Maldonado para firmar el contrato. Eso obligó a la comuna a llamar a un concurso de propuestas en setiembre de 2011, estableciendo 30 días de plazo para que se inscribieran los interesados.
Solo lo hizo una empresa, NMI, pero cumplido el límite de días la Intendencia decidió ampliar el plazo de presentación de propuestas. “Se omitió establecer que los datos del Digesto sean compatibles con la clave de datos MySQL y que la aplicación que permita manejarlos sea en lenguaje PHP o compatible”, argumentó De los Santos en la resolución que estiró la fecha.
Dentro de esa ampliación se presentó un segundo interesado, HIC Consultores, con Pío como su único representante. Para decidir entre ambos concursantes la Dirección General de Asuntos Legales creó un tribunal evaluador integrado por tres personas: su propia directora Salazar; Arturo Caumont, profesor agregado de Obligaciones y Contratos en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y Javier Miranda, ex secretario de Derechos Humanos de Presidencia.
El tribunal concluyó que la oferta de HIC Consultores era “ampliamente superior” en su plan de trabajo, justificación, fundamentación, experiencia, recursos, plazo de ejecución y propuesta económica, sostienen los expedientes a los que accedió Búsqueda. Respecto al plazo, el Tribunal estimó que “la duración programada por NMI no se condice con la tarea de que se trata”, pese a que esa empresa previó una duración de ocho meses contra los 30 meses calculados por la ganadora HIC Consultores. Respecto al costo, el precio total establecido por el ganador era levemente mayor: $ 2.962.500 (más de U$S 150.000 según el tipo de cambio del momento) contra U$S 120.000 de NMI.
Por donde se mire.
En 2013, una vez adjudicado el contrato, el Tribunal de Cuentas observó el gasto realizado por la Intendencia. Sostuvo que la comuna “debió recurrir a un procedimiento competitivo para la contratación”, que el mecanismo llevado a cabo “no encuadra en las previsiones legales vigentes a la fecha del llamado”, que no se acreditó “la publicidad del llamado a interesados” y que al prorrogarse la fecha del llamado (admitiendo distintas ofertas en distintos plazos) “no se ha respetado el principio de igualdad entre los oferentes”.
Esos argumentos fueron esgrimidos el 24 de mayo pasado en la sesión de la Junta Departamental de Maldonado, donde el edil nacionalista Adolfo Varela anunció que iniciará medidas para investigar el contrato, en respuesta a declaraciones públicas de Salazar que cuestionaban ciertas resoluciones hechas por el Partido Nacional desde que retomó la Intendencia en 2015.
“Me extraña que los cuestionamientos vengan de esta persona, porque tenemos información sobre un contrato que existió en el período pasado que fue gestado por esta ex directora”, dijo Varela. “El Tribunal de Cuentas observó por donde se mire esta licitación, y nos viene a decir a nosotros que estamos haciendo contratos a dedo. Gastamos contratando a un amigo de la ex directora”, agregó.
Otros ediles criticaron que la sociedad HIC Consultores fuera constituida días antes de presentar la oferta, y que en el procedimiento de contratación no interviniera la Comisión Asesora de Adjudicaciones sino un tribunal evaluador formado por Salazar (que ya había recomendado a Pío) y por Caumont, con quien Pío “generó una relación” en la Facultad de Derecho.
Varela pidió un informe a Adriana Graziuso, ex jueza penal y actual directora de Asuntos Legales de la Intendencia, quien sugirió consultar a la Facultad de Derecho antes de solicitar una investigación administrativa. “En principio se estaría visualizando una falta al principio de imparcialidad sin perjuicio de ulterioridades y de otras presuntas irregularidades”, afirmó Graziuso. La consulta a la Facultad ya fue aprobada por la Intendencia.
