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Hasta el año 2011 el Directorio de UTE tenía claro quién haría los reclamos laborales. Desde 1950 la Asociación de Funcionarios de UTE (AUTE) era el único sindicato que reunía a los trabajadores agremiados del ente. La negociación salarial se hacía entre ambos, la reestructura de la empresa también y así con cualquier demanda que surgiera. Pero en diciembre de 2011 los mandos medios, cansados de sentir que sus intereses no estaban representados, formaron su propio sindicato —Aprom— y patearon el tablero.
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Poco a poco sumaron adeptos y hoy llegan a los 207 afiliados. El gremio tomó cuerpo rápido y con reclamos en carpeta plantearon al Directorio del ente, presidido por Gonzalo Casaravilla, que lo reconociera formalmente. Eso significa que lo aceptara, que permitiera descontar la cuota sindical del sueldo de sus afiliados, que pudiera acceder a información y que, sobre todo, negociara de par a par. En definitiva, que le reconociera los mismos derechos que tenía AUTE.
La respuesta del Directorio llegó en octubre de 2012 con una resolución de cuatro puntos. Los dos primeros fueron celebrados por Aprom ya que se reconocía la existencia del sindicato y se aprobaba la retención de la cuota sindical de los salarios. Pero los dos últimos prendieron las alarmas. La información que el sindicato quisiera obtener debería solicitarla a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, como cualquier ciudadano, y en los ámbitos de negociación colectiva participaría AUTE por ser “la organización más representativa”.
Ambas decisiones eran lapidarias para el sindicato de mandos medios ya que el Directorio seguiría negociando con AUTE, el histórico gremio con el que Aprom no se sentía representado. Precisamente fue por ese motivo que surgió el sindicato: “Empezamos a sentir que teníamos problemas y que nadie nos lo atendía”, decía Inés Vidal, la secretaria general de Aprom, a Búsqueda en marzo pasado.
En junio de 2014 Aprom decidió llevar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la resolución adoptada por el Directorio de UTE para reclamar la nulidad de los últimos dos puntos. Y semanas atrás, los ministros del Tribunal le dieron la razón al novel gremio.
El fallo.
El 5 de junio de 2012 Aprom solicitó al Directorio de UTE que lo reconociera formalmente como sindicato y le otorgara los mismos derechos que cualquier gremio, “para la adecuada defensa de los intereses de sus representados”.
El 2 de agosto de 2012 Mariela Varela, asesora letrada del ente, señaló que “correspondía otorgar un tratamiento igualitario” y se comenzó a descontar la cuota sindical del sueldo de los afiliados. En relación al acceso a la información definió que se deberá dar “un tratamiento similar al que actualmente se realiza con el otro sindicato”, y en cuanto a la participación en las negociaciones señaló que “debería contar con similar participación a la que se concede a AUTE no existiendo fundamento para efectuar un tratamiento diferencial”.
La única salvedad fue que “si más de una organización se atribuye la representación” y “no hay acuerdo entre ellos para la concertación del convenio, solo será válido el suscrito por la organización más representativa”.
La gerente de División Asesoría Legal y Notarial, Ethel Ramón, y el gerente de Asesoría Técnica Jurídica, José Alem, coincidieron con el informe de Varela. En su opinión “correspondería reconocer y efectivizar los derechos solicitados por Aprom, sin perjuicio de lo que deba resolverse en su oportunidad respecto a los convenios laborales”.
Pese a los informes, el Directorio de UTE “se apartó de lo aconsejado por sus asesores”, según indica el fallo, y aprobó el 4 de octubre de 2012 la polémica resolución.
El TCA dio la razón a Aprom. Los ministros tomaron como referencia lo que indica la Ley de Negociación Colectiva, que para el ámbito público define que las partes “tienen la obligación de proporcionar, en forma previa y recíproca, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de causa”. Y agrega que “en ningún momento preceptúa que la entrega de información deba hacerse a la organización ‘más representativa’, sino que dispone que la información debe ser suministrada a ‘las organizaciones representativas de los trabajadores’”.
“UTE incurre en contradicción cuando luego de reconocer a la actora como agrupación sindical y de autorizar el descuento de la cuota sindical a sus afiliados no lo reconoce el derecho de acceso a la información”, establece el fallo del 18 de agosto, que fue notificado en estos días.
En cuanto al cuestionamiento de su representatividad para negociar, el TCA también desestimó la posición de UTE. “Más allá de cuál sea el sindicato más representativo dentro de determinado ámbito, todas las organizaciones gremiales tienen derechos mínimos que deben ser respetados”, dice el fallo, y resalta que “los derechos a la sindicalización y a la negociación colectiva no admiten limitación, ni se encuentran supeditados a la condición de constituir la organización ‘más representativa’”.
Amarillos y carneros.
AUTE se opuso desde un principio al gremio de profesionales y mandos medios. El 13 de junio lo dejó por escrito en un comunicado donde decía que no lo reconocía como sindicato ni reconocería a ninguna otra agrupación de trabajadores en el ente.
En las asambleas sus afiliados fueron más duros. El 25 de abril de 2012 AUTE realizó una asamblea extraordinaria por un único tema: Aprom. El resultado plasmado en el acta fue “el más firme repudio a la formación de un sindicato amarillo de profesionales y gerentes cuyos intereses son totalmente contrapuestos a los de la clase trabajadora”.
Otra prueba es la nota “Los elitistas se organizan” publicada por AUTE en “REDiario”. “Los mandos medios y profesionales se organizan. Nos parece bien, por lo menos se van los carneros con mando y carneros titulados también”, dice. Y advierte: “Compañeros hay que estar alertas porque esta gente tiene más de ocho horas diarias para pensar cómo jodernos y no olvidemos que son todos de los mismos clanes o logias”.
El TCA recoge en su fallo estos hechos como argumento que “refuerza la legitimidad del reclamo” y enfatiza en que “le sea reconocido su derecho a participar en las instancias de negociación colectiva con las autoridades de UTE”. “Es por demás razonable que sus miembros no se sientan representados por la otra organización”, concluye.
