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Desde hace ya varios meses el 100% de las acciones de la empresa Gas Sayago están en venta, luego de que el gobierno decidiera poner fin a la apuesta de instalar su propia planta regasificadora de gas natural licuado (GNL). Del total del paquete accionario, 79% pertenece a UTE y 21% a Ancap. En un principio, el ofrecimiento se abrió con fecha límite 30 de mayo, pero luego se dio una prórroga hasta fin de agosto y después otra hasta el cierre de setiembre. Ese mes terminó, pero el proceso aún no.
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A través de una plataforma virtual, a quienes compraron los pliegos del llamado, pagando US$ 4.000, se les brindó toda la información necesaria y se estableció un acuerdo de confidencialidad. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo a Búsqueda que se trata de “un proceso de ventana abierta”, en el que los oferentes “están haciendo consultas”. El ente quiere que ese ida y vuelta “se mantenga activo” y su titular sostiene que “no tiene ningún sentido cerrarlo”. Sin embargo, matizó que “eso puede cambiar en la medida en que de las conversaciones surja la necesidad de, de alguna forma, precipitar alguna decisión” para cerrar la compraventa. “Nosotros no tenemos ningún apuro, ya que hemos reducido los costos a su mínima expresión”, añadió. Gas Sayago ya no tiene personal activo.
Casaravilla es un ferviente defensor del proyecto de la regasificadora. Contó que si bien esta es la apuesta más reciente del país por generar su propio gas, hubo propuestas anteriores desde los años 90, las que analizó al detalle. El costo país de esta última alternativa, según él, era “la sexta parte” del que tuvieron las anteriores. “Hace años que Uruguay quiere tener gas. Estaría buenísimo tener gas”, opinó. Argumentó que con esto las maquinarias serían más duraderas —en comparación con las que utilizan gasoil—, así como más eficientes y amigables con el medio ambiente. Producir gas, según Casaravilla, no cambiaría la matriz eléctrica de Uruguay sino que “simplemente le daría mayores opciones y mejores precios”.
Largo proceso
La regasificadora era un proyecto “clave” del gobierno de José Mujica, pero las complicaciones, demoras y en particular el retiro en 2015 de GNLS, un consorcio local conformado por GDF Suez y la japonesa Marubeni, que se iba a encargar del proyecto, echaron por tierra su concreción.
Luego, en 2016 la multinacional Shell presentó al gobierno de Tabaré Vázquez una propuesta para construir y gestionar una planta de GNL y al año siguiente suscribieron un memorando de entendimiento en torno a Gas Sayago. Pero pasaron los meses y Shell no pudo asegurarse contratos del lado argentino —que en su propuesta era la base del negocio— y el memorando expiró.
Después el Ministerio de Industria, Energía y Minería recibió varias propuestas “muy diferentes” al proyecto original y al presentado por Shell, alguna incluso sugiriendo otro emplazamiento y no en Puntas de Sayago, como se preveía originalmente (Búsqueda Nº 1.966).