N° 1841 - 12 al 18 de Noviembre de 2015
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLa llegada de Uber a Uruguay causó un gran revuelo que alteró nuestra modorra campesina. La innovación que trae Uber, al permitir que dueños de su propio vehículo lo compartan con otros para trasladar pasajeros en forma cómoda, segura y económica, le pateó el chiquero a más de uno. La “calma chicha” que siempre reina en Uruguay se está viendo alterada porque las reformas tecnológicas que dan más oportunidades y libertad a los consumidores realmente están removiendo las “raíces de los árboles” de más de uno.
El foco y la atención se han puesto en determinar si Uber compite o no con el taxi y si la reglamentación actual permite o no permite este tipo de servicios. Pero el verdadero tema de fondo no es Uber, sino repensar el rol del Estado y en cuáles son las mejores regulaciones para hacer negocios.
La primera pregunta que uno se hace es: ¿por qué el Estado tiene que “proteger” a 3.000 dueños de taxis limitando la entrega de licencias? Es esa propia restricción lo que hace que el valor de cada permiso llegue a los U$S 120.000 dólares y el servicio cueste más caro. ¿Qué sucedería si la IMM liberase 10.000 licencias, con todos los requisitos actuales? Lo que va a suceder es bien simple: muchos se van a lanzar a un negocio atractivo (como otrora se llenó de canchas de paddle o salas de pool) y, con el tiempo, el propio mercado irá seleccionando a los mejores. Los que tengan los mejores autos, el mejor servicio o la mejor atención, quedarán; los otros, serán abandonados, no por el Estado sino por los consumidores. Si los consumidores pueden “votar” directamente en sus elecciones diarias ante la góndola de un supermercado, ¿para qué quiero al Estado como intermediario? ¿Si puedo ir yo directamente al Ágora, para qué nombrar un representante?
Uno de los grandes argumentos vertidos para evitar que llegue Uber es el tema de la “seguridad” y la “profesionalidad” que nos brinda la IMM al (supuestamente) controlar a los taxis y solo habilitar a conducir a aquellos que cuenten con “libreta profesional”.
El primer argumento cae por su propio peso. Todos vemos los taxis que circulan en Montevideo y nunca entendí cómo pudieron habilitar ciertos modelos pequeños, sin airbags y bastante endebles. Por suerte esto parece estar mejorando.
Y lo de la libreta “profesional”, se trata básicamente de contar con dos años de libreta amateur, una prueba teórica, examen de sangre y orina y un test psicotécnico (http://www.montevideo.gub.uy/tramites-y-tributos/solicitud/licencia-de-conducir-profesional-por-primera-vez-categoria-b-c-d-e-f-y-h-g3)
La prueba teórica es aprender de memoria dónde quedan ciertos lugares públicos como comisarías y hospitales, algo totalmente arcaico en el siglo XXI, cuando un niño de seis años —Ceibalita o Smartphone en mano— puede dar esas respuestas en dos segundos.
El test de reflejos es para probar que uno puede reaccionar ante una luz roja o una frenada intempestiva, cosa que el 100% de los conductores amateur hacemos. Si los profesionales del taxi tuvieran superreflejos, nunca chocarían. Y el test psicológico es básicamente el “test de las manchas” (test de Rorschach), cuyas respuestas “correctas” se pueden ver en Internet antes de ir a dar el examen. Con esto, obtienen la libreta “profesional”.
Pero lo que hace a un verdadero profesional de la conducción no es esto, sino el estar capacitado en conducción defensiva (cosa que en un momento hizo la empresa de seguros FAR), en atención al cliente, en manejo bajo condiciones de estrés (lluvia o rotura de un neumático), en buenos modales, en nociones básicas de mecánica, en primeros auxilios, en idiomas, en guía turístico básico para orientar mejor a los visitantes del exterior (cosa que también se intentó con el Ministerio de Turismo pero se abandonó) o en hacer ciertas pruebas en un “simulador”, tal como hacen los pilotos de avión. Estas son las cosas que realmente apreciaría un contribuyente y un consumidor. Y Uber hace bastante de ellas; por eso tiene tanta aceptación en el mundo.
Hay que dejar que sean los particulares los que se disputen las preferencias de los clientes, no bajo un régimen de “ley de la selva” sino bajo un régimen de libre y sana competencia, para que sean los consumidores (munidos de buena y veraz información) los que tomen sus propias elecciones y no que el Estado las tome por nosotros.
Esta es la base del iceberg. Estos son los temas de fondo que hay que tratar con una visión a treinta años, no a treinta días. Miremos hacia la Luna, mientras otros miran el dedo.