Un agujero negro

Luego de 15 años de gobernar sin freno, el nuevo escenario político instaló a la oposición sobre aguas embravecidas en una nave sin timón ni brújula. Se añade el lastre de su escasez de recursos económicos. Los aportes de legisladores y de cargos ejecutivos cayeron abruptamente luego de la derrota electoral. La oposición tiene hoy casi un 60% menos de cargos en entes, empresas públicas y organismos de contralor y perdió muchos cargos legislativos. Los números presupuestales están en rojo. Planean bajar el salario de sus militantes-empleados y apelar a la solidaridad de sus adherentes.

Empecemos por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), que convocó a un paro nacional de 24 horas para el mismo día en que el gobierno celebraba un año en el poder y se reanudaban las clases presenciales suspendidas debido a la pandemia. No les importó que ese paro pudiera perjudicar a los estudiantes, especialmente a los de menores recursos, que son la mayoría.

Fue una reacción mentirosa contra la decisión de las nuevas autoridades de la educación de profundizar una investigación sobre 15 docentes del Liceo Nº 1 de San José que en octubre de 2019 violaron la laicidad para descalificar la iniciativa Vivir sin Miedo del entonces senador blanco Jorge Larrañaga. La denuncia la realizó la propia directora del liceo, pero las anteriores autoridades de la enseñanza la archivaron sin referirse a la licitud o ilicitud. No fue su única reivindicación, pero sí la más reaccionaria.

Las actuales autoridades desarchivaron la denuncia para realizar un sumario. Los profesores fueron separados de sus cargos con retención de medio sueldo mientras se desarrolla el sumario que la anterior administración desestimó. El gremio defendió la prudencia de los profesores de evitar manifestar en presencia de estudiantes. Sostuvieron que la separación del cargo obedece a una “represión sindical salvaje”. ¡Y dale con los panfletos!

El PIT-CNT vio pasar ese carro y, como de costumbre, se subió. Dijo que defendía la libertad sindical y de expresión de los profesores, aunque ignoró la Constitución. Según el artículo 58 de la Carta los funcionarios están al servicio de la nación y en los lugares y horas de trabajo les queda prohibida toda actividad ajena a la función, “reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie”. No puede haber dos opiniones: los profesores deben ser sancionados. Las pruebas sobran con el añadido de que la Fenapes y el PIT-CNT en sus argumentos reconocen ahora la ilicitud, aunque intenten relativizarla.

El otro absurdo en el terreno sindical fue la decisión fascista de la mesa representativa del PIT-CNT, que por mayoría suspendió al Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) hasta que se realice el próximo congreso de la central. Lo suspendieron porque el Sifpom defendió y respaldó a los policías que actuaron para controlar y desconcentrar manifestaciones contrarias a la ley durante las cuales varios uniformados resultaron heridos. Pero la central sindical calificó a los policías intervinientes como represores.

Les quedó incorporado el vocablo represión desde que se instaló durante la dictadura con sentido peyorativo para cuestionar a los militares. Para el ordenamiento jurídico la represión es la función que desarrolla el Estado con el objetivo de contener o impedir acciones delictivas o antisociales con las personas o los bienes públicos para asegurar la paz social. ¡Claro que reprimen! Es su función. Cuando un trabajador, sindicalizado o no, o sus familiares son víctimas de un delito buscan a los “represores” para que los protejan o capturen a los delincuentes. La suspensión se reconsiderará, pero está clara la filosofía de quienes la votaron.

El PIT-CNT le da la espalda al sindicato policial pese a que son tan trabajadores como cualquier otro, que como ellos reciben salarios con los que apenas llegan a fin de mes, que debido a sus magros ingresos se ven obligados a vivir en zonas marginales donde tienen como vecinos a delincuentes y que reciben una preparación insuficiente para enfrentarse a quienes violan la ley. Nada de eso le importa al PIT-CNT. Nunca salió a quebrar una lanza por esos trabajadores. El sectarismo se define como el fanatismo y la intransigencia en la defensa de una idea o una ideología.

Pero el cangrejo bajo la piedra está en que el sindicato policial se apartó de la central sindical de impulsar un referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Natural: de la ley surgen varios cambios de respaldo y protección al trabajo policial.