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Un consejo de ministros “fermental”, con más argumentos políticos que científicos para resolver las nuevas medidas contra el Covid
Para enfrentar las aglomeraciones, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, propuso tipificar como delito la conducta de quien “pusiere en peligro efectivo” a otros por no cumplir con las restricciones sanitarias; la circulación de nueva cepa que es altamente contagiosa en niños determinó la suspensión de la presencialidad en la educación
Había algo distinto en las calles en la noche del martes 23. Como una calma tensa vecina de la expectativa. Pero además un sentimiento parecido al retrogusto, a esto ya pasó, esto ya se vivió, esto es un déjà vu.
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Un año exacto atrás, un 23 de marzo de 2020, el presidente Luis Lacalle Pou salió airoso de un cruce de caminos. Había una ruta en la que se pedía cuarentena obligatoria para frenar al coronavirus y otra en la que se reclamaba mantener prendidas las luces de la economía para no caer en el abismo. El mandatario se alejó del ruido y optó por un sendero alternativo que transformó luego en un sello exitoso en su gestión de la pandemia: la libertad responsable. Apeló a que la gente tomara conciencia de lo que se enfrentaba sin tener que sacar la fuerza del Estado a las calles. Prendió el “Quedate en casa”. Un camino del medio. Y logró conformar, con números de casos que no se disparaban a las nubes como en el resto de los países de la región, a los de acá y a los de allá. Hubo una luna de miel.
Pero un año después, Lacalle Pou estaba parado en la misma encrucijada con un telón de fondo completamente distinto. Uno tétrico. Más de 85.000 casos confirmados desde que se decretó la emergencia sanitaria, unos 800 fallecidos, más de una decena de muertes por día, un promedio superior a los 1.500 casos nuevos en cada jornada. Los números, ahora sí, traspasaron el techo. Y la presión otra vez se instaló sobre los hombros del presidente.
Durante varias semanas, mientras crecían los casos y las muertes, se alzaron voces de distintos ámbitos pidiendo, nuevamente, una fuerte restricción a la movilidad. El presidente se tomó su tiempo para anunciar medidas. Y una vez más se mantuvo en sus trece. Descartó de plano la cuarentena obligatoria. Una cuestión casi que “de principios”, explicaría luego. Otra vez el camino del medio.
Fuentes de su entorno dijeron a Búsqueda que no sintió la misma presión que un año atrás. Que en esta oportunidad la decisión fue más fácil de tomar. En la noche del martes 23, luego de un Consejo de Ministros largo y discutido, Lacalle Pou se sentó frente a los periodistas que estaban en la Torre Ejecutiva y comenzó: “Fue una reunión fermental”.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El “peligro” que pidió Larrañaga y el argumento de Salinas
El presidente abrió la ronda del Consejo de Ministros haciendo una puesta a punto. Le puso contexto a la situación. Luego escuchó y tomó nota. Habló cada uno de los ministros. Todos tenían planteos asociados a sus carteras. El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, puso arriba de la mesa un proyecto de ley para que los trabajadores dispongan del tiempo necesario para vacunarse contra el coronavirus sin que haya una afectación salarial.
Jorge Larrañaga, ministro del Interior, reclamó más herramientas para actuar contra quienes atenten contra la seguridad sanitaria. Pidió que se apruebe en el Parlamento la modificación del artículo 224 del Código Penal, que transforma en delito de “peligro” lo que hoy es delito de “daño”.
En su redacción actual, el delito lo comete quien mediante la “violación a las disposiciones sanitarias” establecidas para impedir la propagación de una enfermedad epidémica “causare daño a la salud humana”. En el Senado hay un proyecto de ley que Larrañaga pidió aprobar para cambiar el “causare daño” por “pusiere en peligro efectivo”. Además, agregaría un segundo inciso para establecer que “la pena máxima” de 24 meses de prisión “estará especialmente justificada cuando la violación de las disposiciones se produjere durante la vigencia de un estado de emergencia”.
De esta forma se puede castigar a los infractores de las disposiciones sanitarias con penas de hasta dos años de prisión, explicó el ministro en el gabinete. Larrañaga señaló que esa era una arma más para enfrentar, por ejemplo, a las aglomeraciones. Mieres se opuso explícitamente al planteo. El presidente optó por no llevarlo.
La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, defendió la necesidad de mantener abiertos todos los comercios que fuera posible. Hizo énfasis en que no solo se debe pensar en la solución de subsidiar a los comercios que cierran, sino en tratar de mantenerlos abiertos para que su actividad derrame al resto de la economía.
Los ministros colorados le entregaron a Lacalle Pou el documento acordado en el Comité Ejecutivo Nacional. El presidente les dijo que se “alegraba” de coincidir con ellos respecto a reinstalar el tributo Covid-19 a los sueldos altos en el sector público. Pero los cortó en seco cuando lo interrogaron por la posibilidad de hacer lo mismo con los sueldos privados. Fue un “no” tajante. Recordó que había prometido “no poner más impuestos”.
Distintas fuentes que participaron de la reunión comentaron a Búsqueda que fue un consejo con “menos discrepancias” que el de marzo del año pasado. Hubo menos perfilismos sectoriales. Y a diferencia de la vez anterior no se levantó una voz pidiendo cuarentena obligatoria. Las decisiones se dieron por consenso. El presidente estuvo más abierto a pelotear, con no todo decidido de antemano.
También, señalaron otras fuentes, fue una reunión mucho más política que científica. Por momentos primó más el olfato del dirigente que los aportes de la ciencia para tomar las medidas. Cuando sí se tuvo en cuenta fue durante la discusión sobre la presencialidad en la educación. El presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, entró a la Torre Ejecutiva diciendo que estaba ahí para defender la presencialidad en la enseñanza. Horas más tarde estaría sentado junto a Lacalle Pou en la conferencia escuchando cómo se anunciaba la suspensión de las clases en forma presencial al menos hasta después de Semana de Turismo. En la reunión Silva no habló. Antes había tenido un mano a mano con el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. Y fue este el que expuso durante el Consejo. Dijo que se aceptaban los argumentos sanitarios. Y que esto también servirá para bajar la movilidad.
Pero quien más argumentó en contra de mantener la presencialidad fue el ministro de Salud, Daniel Salinas. El jerarca leyó un informe que advertía sobre el cambio de escenario a propósito de la circulación de la variante del virus P1, que proviene de Brasil. Dijo que esta nueva cepa es más peligrosa y es particularmente contagiosa en los niños. Se mencionó el caso de Fray Bentos, donde de los últimos 400 casos más de 100 se registraron en menores. Se escuchó este dato con especial atención. Así como el crecimiento de un 2% a un 7% el índice de casos a escala nacional en la franja que va de los 15 a los 29 años.
Este fue el caldo en el que se cocinaron las medidas que suponen una pausa para ciertas actividades aunque no una fuerte restricción a la movilidad. El gobierno apostó nuevamente a que la gente responda mientras se cruzan los dedos para que haya un buen nivel de vacunación. Y esta vez cambió el pedido. Trocaron casa por burbuja: “Quedate en tu burbuja”.
