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Un diputado colorado apela a la vía judicial para que obligue a organismos públicos a que contesten sus pedidos de información
Desde comienzos del siglo, se mantienen altos porcentajes de incumplimiento de entidades estatales, a pesar de que tienen la obligación de responder a las solicitudes de datos que formulan los legisladores
imagen de Un diputado colorado apela a la vía judicial para que obligue a organismos públicos a que contesten sus pedidos de información
Ante incumplimientos y demoras en las respuestas a pedidos de informes parlamentarios, un diputado colorado, Fitzgerald Cantero, llegó a la instancia judicial por intermedio de la Ley de Acceso de Información Pública contra dos organismos estatales. En uno de los casos —Ancap— el planteo de la demanda derivó en un posterior acuerdo entre el legislador y la empresa pública, por el cual esta se compromete a contestar “toda la información solicitada” en diez días.
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El diputado de Vamos Uruguay comentó a Búsqueda que, además de legislar, la tarea del parlamentario pasa por controlar la administración de gobierno. Para ello dispone de varias herramientas. Los pedidos de informe por escrito a las dependencias estatales con preguntas detalladas es una de ellas; también puede utilizar la vía de la convocatoria de jerarcas a comisión parlamentaria para realizarles las consultas demandadas. El régimen de Comisión General dentro de la sesión y las interpelaciones a ministros de Estado son otros de los mecanismos de control.
“Lamentablemente las interpelaciones han dejado de ser un recurso de intercambio de información y son básicamente una especie de debate público para ver quién habla más y quién se queda con la última palabra”, opinó Cantero. Desde el final de la dictadura hubo 88 interpelaciones pero ninguna logró la censura al ministro convocado, según un relevamiento que publicó Búsqueda en mayo (Nº 1.664). “Es una herramienta que se ha venido desdibujando y por eso los pedidos de informe cobran importancia”, remarcó.
Cantero es uno de los diputados que han utilizado este recurso con mayor frecuencia. Para él es un modo de obtener información concreta y necesaria en la tarea de control. Sin embargo entiende que muchos organismos no demuestran intención de contestar las solicitudes parlamentarias, sobre todo cuando se trata de información referente a gastos en publicidad y en organización de eventos.
En el caso concreto de Ancap, la solicitud fue, precisamente, por datos en gastos de publicidad y auspicios de eventos. Al no recibir la respuesta en el plazo estipulado, el legislador lo reiteró. En este caso tampoco obtuvo resultados y por eso recurrió a la vía que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. En el caso de los pedidos de informes parlamentarios, los organismos están formalmente obligados a responder pero no tienen sanciones en caso de que no cumplan.
La Ley de Acceso a la Información Pública es un mecanismo al que puede recurrir cualquier ciudadano. Establece que se debe responder en un plazo de 20 días hábiles, con una prórroga de 20 días más. Si esto no se cumple, el solicitante puede ir a la Justicia y pedir al juez que obligue al organismo a contestar. En el caso de no hacerlo la ley establece multas económicas.
“Es la primera vez que utilizo este recurso. Ha tenido más resultado que los pedidos de informes legislativos. En casos donde evidentemente necesitemos la información y no se dé, vamos a seguir usando el recurso porque comprobamos que ante la obligación de un juez el organismo responde”, explicó Cantero.
Reiteraciones.
La semana pasada la Presidencia de la Cámara de Representantes pidió que se reiteraran 48 pedidos que aún no fueron respondidos. En lo que va del período de gobierno se efectuaron 1.193 solicitudes de las que, hasta el momento, 46% no fueron contestadas. En la administración anterior se tramitaron 2.159 pedidos de informes por intermedio de la Cámara de Representantes y 685 (32%) no obtuvieron respuesta.
Sin embargo, varios diputados del Frente Amplio consultados por Búsqueda comentaron que durante los gobiernos blanco y colorados el nivel de respuesta era menor, y que eso cambió con el gobierno de Tabaré Vázquez primero y ahora en el de José Mujica. Según los datos que figuran en el sitio web del Parlamento, durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2005) en Diputados se tramitaron 4.407 pedidos de los cuales más de la mitad quedaron sin respuesta (57%).
Más transparencia.
En la actualidad las respuestas a los pedidos de informes llegan a la Presidencia de la Cámara de Representantes —que es quien los gestiona— y de allí al diputado que inició el trámite. Si bien en el sitio del Parlamento se puede acceder a la cantidad de pedidos de informes que se realizan, a quiénes los plantearon, a la dependencia involucrada y al asunto general del pedido, las respuestas no son publicadas.
“Si alguien quiere saber qué se respondió a determinado pedido de informe tiene que ir a pedir al diputado que lo hizo para que se las envíe”, explicó Cantero. A su juicio, sería importante que se tome como una practica habitual publicar “de ahora en adelante” todos los pedidos de informes y sus respuestas, cuando lleguen.
“Es una forma de democratizar la información y dar mayor elementos para la ciudadanía. Además no es una gran tarea desde el punto de vista administrativo. Se simplificaría con escanear los escritos y colgarlos en la web”, dijo el diputado. Para él además, es una forma de que la población sepa quiénes responden y quiénes no.
