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“Uruguay es reconocido a nivel regional y mundial por su sólido sistema político y gran estabilidad democrática. Sin embargo también nos destacan como uno de los países que no tiene debates electorales. Eso tiene que corregirse”, comentó a Búsqueda el diputado de Vamos Uruguay Fernando Amado, a modo de argumento del proyecto de ley que presentará con el objetivo de hacer obligatoria la realización de debates entre los candidatos a la Presidencia de la República.
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El legislador ya presentó el planteo en su bancada partidaria y comenzará a reunirse con los líderes de las demás colectividades políticas con representación parlamentaria para explicar su iniciativa y buscar acuerdos. “La intención es que salga la propuesta de fondo. Creo que es una propuesta sana y un derecho de la ciudadanía poder ver a los candidatos confrontando sus ideas y sus programas de gobierno. Por eso estamos dispuestos a incluir modificaciones, si así resulta de las conversaciones”, explicó.
El proyecto de ley propone que los debates sean transmitidos en vivo y en directo y en horario central por los canales de televisión y las radioemisoras. Para eso se deja abierto un posible acuerdo entre los canales de televisión privados. En el caso de no existir un acuerdo entre los canales por la forma de transmitirlo, el proyecto establece que Televisión Nacional (Canal 5) sea la encargada de la transmisión.
La organización de los debates estará a cargo y supervisada por la Corte Electoral, que “en acuerdo con los participantes y el o los moderadores determinará las reglas” para su realización, establece el proyecto. A su vez, los debates deberán incluir “como mínimo” un bloque para la realización de preguntas de los moderadores. Estos moderadores serán seleccionados entre periodistas de “reconocida trayectoria y prestigio profesional”.
La fecha para el evento se fijará en algún momento del período de propaganda electoral habilitado por ley, y hasta una semana antes de la elección nacional. En el caso de que los partidos políticos se nieguen a participar en los debates, el proyecto establece que se los multe con la cancelación de la contribución del Estado para los gastos de la elección prevista en la ley 18.485. Allí se determina un financiamiento de acuerdo con los votos recibidos en el escrutinio final.
“Derecho ciudadano”.
Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras y Argentina, junto con Uruguay, son los países de América Latina donde no existen debates presidenciales obligatorios. Amado explicó que estos países son ejemplos de sistemas electorales “polarizados, con democracias poco afianzadas y donde la confrontación entre candidatos alcanza niveles de mucha violencia”. “Esto no pasa en Uruguay. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad al ciudadano de ver a los que aspiran a la Presidencia confrontar sus ideas? Creo que es algo sano, que no puede estar librado al escenario político del momento”, dijo. Para él, la solidez del sistema político uruguayo y su madurez, “que es algo reconocido por todos los partidos, y también a nivel internacional”, no se puede privar de una instancia como el debate electoral.
“Los debates se han transformado en una moneda típica —legítima—pero de viveza criolla, en el sentido que queda de rehén la gente y los ciudadanos todos, que nos quedamos con las ganas de ver un debate entre los candidatos que vamos a elegir. Ocurre que el candidato que va ganando en intención de voto decide no participar porque significa arriesgar”, indicó. Amado también señaló que el “más auténtico ha sido el actual presidente de la República, José Mujica, quien en la pasada campaña admitió que iba a debatir solo si le convenía.
A su juicio “ya todos los partidos” se han aprovechado en distintas campañas de la posibilidad de no debatir porque “iban ganando en las encuestas”; por eso considera que es “el momento justo” para discutir el tema. “Estamos lejos de la campaña y cuando las encuestas están mostrando un escenario donde todo puede pasar”, justificó.
En la exposición de motivos del proyecto, se argumenta que si bien el debate no “necesariamente” exhibe las virtudes de un candidato para gobernar, “es un formato que permite contemplar las distintas posturas y el cómo se exponen”. Por eso agrega que si se entiende el debate presidencial como “una especie de mistificación, engaño o distorsión de la realidad, ¿qué dejamos entonces para la propaganda electoral?”, se apunta.
