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El presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrez, dijo a Búsqueda que a su juicio el fiscal de Corte Jorge Díaz cometió un “grave error” al rechazar una acción de inconstitucionalidad presentada por decenas de militares retirados, quienes atacaron la norma que derogó la “ley de caducidad” y declaró imprescritibles los crímenes cometidos durante la dictadura
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Según un dictamen no obligatorio que Díaz elevó a la Suprema Corte de Justicia, los militares no tienen legitimación para iniciar la acción porque carecen de un interés “directo, personal y legítimo”, como requieren las normas.
“Nos llamó la atención que el fiscal no entrara al fondo del asunto. Nosotros tenemos un interés muy directo, muy legítimo y muy personal porque todos los que iniciamos esa acción estamos denunciados e incluso algunos ya son indagados”, expresó Cedrez, quien dijo que la acción fue iniciada por 177 militares retirados y que también existen excepciones de inconstitucionalidad por este tema, que en total abarcan a más de 200 personas.
El militar retirado recordó que el año pasado se iniciaron una serie de acciones genéricas, como una denuncia que presentaron mujeres que fueron presuntamente abusadas en centros de reclusión durante la dictadura, quienes pidieron que se indague “a todos los oficiales que prestaron servicio entre 1972 y 1985”.
“Es decir que estamos todos comprendidos”, insistió.
“El fiscal puede decir que la ley es constitucional, pero que no tenemos un interés es un grave error que demuestra que vio por arriba el tema”, opinó el militar retirado.
Para Cedrez la acción de inconstitucionalidad está prevista para evitar que una ley que está en contra de la Carta Magna afecte a las personas. En cambio Díaz expresó en su dictamen que, según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, aun en el caso de que exista un presumario no se admite la acción de inconstitucionalidad porque la norma atacada es todavía de aplicación eventual.