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La irritación fue superlativa frente a la sede del Tribunal Supremo. Militantes del independentismo catalán rodearon el martes 12 la sede judicial de Madrid donde se juzga a exgobernantes de su comunidad. Ira, gritos desafiantes y pancartas tuvieron un contenido exclusivamente político y emocional. Ningún fundamento jurídico.
El Ministerio Público acusa a 12 exgobernantes catalanes de atentar contra la Constitución y utilizar dinero del Estado —unos 3,5 millones de euros— para organizar un referéndum ilegal contra el Estado al pretender violentar la Constitución.
Pero el Estado al que repudian domina la sala del juicio oral. Además de los siete jueces del Tribunal, una pintura de Marcelino Santa María pende sobre ellos como espada de Damocles. Desde el techo les recuerda que allí no valen los discursos políticos. El pintor tituló ese fresco: “La ley triunfa sobre el mal” o “El vencimiento de los delitos y los vicios ante la aparición de la Justicia”. Representa a la Justicia como una poderosa figura femenina que sostiene dos briosos caballos blancos. A sus pies los delincuentes derrotados.
Los defensores descalifican al Tribunal por juzgar a “perseguidos políticos”. Sostienen que se violan los derechos de reunión, expresión, intimidad y libertad de movimientos. También el de votar. No importa si para votar violaron la ley porque para ellos la ley no existe.
El conflicto entre España y Cataluña no tendrá solución jurídica. Y la política es incierta. El sábado 16, miles marcharon por las calles de Barcelona con una consigna: “La autodeterminación no es delito”. Para el Ministerio Público y la Abogacía del Estado los hay.
El fiscal Javier Zaragoza solicita penas que oscilan entre siete y 25 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Les imputa rebelión por violar la Constitución para declarar la independencia unilateral. También malversación y desobediencia.
En la Abogacía del Estado (que representa los intereses del Estado), Rosa María Seoane, baja unos decibeles: los acusa de sedición. Un delito contra el orden público para impedir la aplicación de las leyes. Sus penas oscilan entre ocho y 15 años de prisión. También malversación y desobediencia.
La mayor preocupación de los acusados es ser condenados por rebelión. Castiga con entre 15 y 25 años de cárcel a quienes “se levanten violenta y públicamente” contra la Constitución. Para el fiscal existió “un plan concertado” para “la desconexión” de Cataluña del Estado mediante el uso de la violencia desde la “más absoluta unilateralidad”.
Hay solo un precedente. El 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero copó armado el Congreso de los Diputados para dar un golpe de Estado con el respaldo de militares y policías. En 1983 fue condenado por rebelión a 30 años (aumenta la pena del delito cuando se usan armas). Salió en libertad condicional en 1996.
Zaragoza argumenta que los exgobernantes utilizaron a los ciudadanos como “murallas humanas” contra las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que los Mossos d´Escuadra (policía autonómica del gobierno catalán) se unieron “al clan de la rebelión”.
¿Fue violencia o solo desobediencia al Tribunal Constitucional, que en setiembre de 2017 prohibió un referéndum sobre la independencia? Dos meses después el gobierno catalán desconoció esa orden. Hizo el referéndum con el apoyo de 40.000 militantes. Una chapuza con urnas de cartón. Votó 41% del padrón y el “Sí” por la independencia obtuvo 80%. El expresidente Carles Puigdemont y el Parlamento declararon la independencia.
El fiscal admite que luchar por la autodeterminación es legítimo, pero solo por la senda de la Constitución. Lo que ahora se juzga, remarcó, no son actos políticos: es “un juicio en defensa de la democracia”.
La sociedad catalana está dividida en dos. Desde la Constitución de 1978 los independentistas pudieron impulsar cambios para reformarla. No lo hicieron. Descuentan una aplastante derrota.
Puigdemont huyó a Bruselas para evitar la cárcel. Tiene extraños respaldos. La noche previa a comenzar el juicio subió al escenario del Festival de Cine de Berlín para entregar el premio al documental Dos Cataluñas. Sus autores desconocían que participaría. Devolvieron el premio porque los organizadores violaron la ética de la neutralidad del documental.
El prófugo aprovechó la tribuna. Alentó a sus compatriotas presos a resistir con dignidad. Patético. Les pide enfrentar lo que él no se atreve, mientras goza de un exilio financiado en una casa de 500 metros cuadrados y dos plantas por la que paga 4.000 euros de alquiler.
También tiene algún freno. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, prohibió que el lunes 18 dictara en ese lugar una conferencia: Cataluña y el juicio sobre el referéndum: un reto para la unión.
Hay que aplaudir el fuego del espíritu, las ideas y los derechos. Pero hay que extinguir el fuego de la violencia y la ignorancia de la ley. Los gobiernos catalanes encienden el fuego desde la enseñanza primaria. Han adoctrinado durante décadas contra el orden constitucional. Esa siembra generó este golpe de Estado ideológico.
Esa situación se agrava con una crisis de gobierno. Ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos generales el presidente Pedro Sánchez convocó a elecciones generales anticipadas para el 28 de abril. Eventuales mayorías del centro, derecha y ultra derecha podrían derrotarlo. Buscará el apoyo de legisladores catalanes. Si es derrotado los catalanes tendrán en la derecha un rival más duro.
Al presidente lo elige la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Sin respaldo en una primera votación puede confirmarlo una segunda por mayoría simple, esto es más votos que otro candidato.
Según las previsiones judiciales, el juicio oral se extenderá hasta fines de julio, por lo que los problemas del gobierno estarán necesariamente mezclados con lo judicial y con una avalancha de promesas electorales y beneficios para el ciudadano. Como siempre.
