Un respirador para el gobierno

Un respirador para el gobierno

La columna de Gabriel Pereyra

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Nº 2117 - 8 al 14 de Abril de 2021

Era, es, un asunto sanitario que afecta a todos los uruguayos por igual; un asunto tan delicado que acumulaba enfermos y muertos, al punto que al comienzo nadie parecía dispuesto a hacer caudal a favor o en contra del gobierno y de la oposición; y además se dio participación protagónica a los científicos por primera vez en la historia del país y en un tema que todos ignorábamos. La ciencia no tiene color político, dijimos, y su asesoramiento se va a mantener al margen de disputas mundanas.

En un país donde politizamos hasta una partida de truco era ingenuo pensar que, cualquiera fuera el resultado del tratamiento de la pandemia, la política no metiera la cola. Y la terminó metiendo. Y de qué manera.

Cuando el gobierno comenzó este camino de informar a la ciudadanía en conferencias de prensa lideradas por el presidente, tuvo un eco positivo en la mayoría de la opinión pública y un silencio prudente de la oposición.

En esas primeras conferencias de prensa, el Poder Ejecutivo adoptó una serie de medidas más severas, cuando casi todo estaba “bien”, que las medidas dispuestas ahora, cuando las cosas están pésimas.

Las medidas podían haber sido muchas o pocas, aunque nadie podía opinar con mucha autoridad ante las cifras que nos ponían como un ejemplo en el mundo. Desfilábamos por los principales medios internacionales y el presidente elogiaba al pueblo uruguayo, siempre tan a la altura de las circunstancias.

Parece otro siglo, pero fue apenas hace un año.

La política vio la primera oportunidad de meter la cola cuando los científicos del GACH comenzaron a hacer sugerencias que no eran aceptadas por el gobierno. Desde un comienzo quedó claro que los científicos asesoraban y el gobierno decidía.

Pero el Poder Ejecutivo contradijo a esta selección nacional de cerebros en algunos temas importantes. Ejemplo: la educación. Estábamos “bien” y los científicos pedían mantenerla funcionando, pero el gobierno, por meses, apeló a que las clases fueran por Zoom, afectando seriamente la igualdad de oportunidades entre los más pobres y los más pudientes. Hoy los centros de estudio parecen ser parte del problema, pero por entonces los científicos advertían que era lo último en cerrar y lo primero en abrir.

Fue una oportunidad para la izquierda de golpear en ese flanco que venía de la campaña electoral: es lógico, decían, este es un gobierno para las clases acomodadas.

Pero las cosas se fueron complicando. El argumento de Lacalle Pou de no entrar en una cuarentena obligatoria —algo que sí desde la izquierda y sus socios se planteó al comienzo y luego lo bajaron de cartel— en defensa de la libertad dejó al presidente comprometido con un principio del que no es fácil volver. Aunque, en realidad, luego el gobierno toqueteó libertades individuales como el derecho de reunión.

Y aquel ambiente de cierto consenso nacional se fue desmadejando.

Con el agravamiento de la crisis, todas las sociedades científicas y médicas del país no cesan de pedirle al Poder Ejecutivo medidas más severas de aislamiento social.

A esto se suma que el GACH habla con un talante conciliador y calmo en las conferencias, pero internamente hay más de uno que quiere plantar bandera.

El GACH merecerá en su momento un gran homenaje nacional, que servirá, otra vez, para desunir de la mano de la política: los llamaron para no darles corte.

El personal de la salud, aplaudido al comienzo por todos, también tomó partido porque sus integrantes están agotados, desanimados y cayendo como moscas a manos del Covid. Aunque el diario El País metió cizaña con que los científicos son en su mayoría frenteamplistas, parece lógico que muchos médicos afines al gobierno no tienen ganas de morir defendiendo las posiciones oficiales.

Mientras que el presidente salía cada vez menos a las conferencias de prensa que con tanto tacto y claridad había manejado el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, las diferencias con los científicos se extendieron a los partidos políticos, y no solo los de la oposición.

Con el expresidente Julio Sanguinetti al frente, el Partido Colorado reclamó en marzo lo mismo que le pedía el Frente Amplio y los científicos: medidas para reducir la movilidad. Pero el gobierno como si nada.

En Cabildo Abierto la molestia tiene un tono más severo. Durante sendos Consejos de Ministros, el titular de Salud, Daniel Salinas, que luego de un arranque no del todo feliz en las conferencias fue adoptando un talante de empatía que despertó una ola de simpatía en propios y ajenos, planteó medidas más severas que las del presidente, pero no fue tenido en cuenta. Cabildo ve que un capital político como Salinas está quedando salpicado por medidas que él y su partido no apoyan.

Los medios de comunicación empezaron a repetir una y otra vez las posiciones técnicas, mientras que nadie del Poder Ejecutivo salía a emparejar el debate.

En las últimas semanas, varios dirigentes del Frente Amplio se reunieron con Álvaro Delgado para hacerle una propuesta: si el gobierno fortalece las medidas, la izquierda no hará leña del árbol caído. Al contrario, se le planteó formar un ámbito parlamentario para dejar afuera al Ejecutivo y su firme defensa de la libertad individual y la utópica apelación a la responsabilidad colectiva (una encuesta dijo que el 60% no está dispuesto a renunciar a reuniones sociales).

Delgado fue con el mensaje, pero no volvió con ninguna respuesta. Parece obvio quién fue que tomó la decisión de actuar así. Sin embargo, el martes 6, planteada formalmente la idea de formar una comisión parlamentaria Covid, negarla era otro costo político a pagar, y se terminó instalando.

Las encuestas de opinión pública le están dando a Lacalle Pou niveles inéditos de apoyo. Pero refieren a momentos en que los muertos no se contaban por treintena cada noche.

El gobierno casi no gobernó en aquellos temas sobre los que el sistema político tenía la lupa y prometía debate, entre ellos, las negociaciones con las calificadoras de riesgo por el alto déficit heredado.

Pero hasta ahora el acto de la actual administración se resume para el grueso de la ciudadanía en la gestión de la pandemia. Esa gestión, que comenzó con aplausos, mensajes transparentes, elogio a la gente, navega ahora en aguas bravías.

El gobierno está jugado al plan de vacunación, pero a este ritmo es probable que en dos semanas no haya camas de CTI para todos, algo inédito en la historia del país, que dejará un trauma social difícil de olvidar.

Los votantes de Lacalle Pou en la comunidad científica y médica tampoco olvidarán que le pidieron flexibilidad al Poder Ejecutivo porque ellos están en medio del infierno, y no tuvieron respuesta.

Y no es que Lacalle Pou sea terco, o que solo sea eso. Si el costo político se lo está pasando la ciencia, qué decir de las clases más vulnerables, que con las medidas del año pasado, esas que ahora se reclaman, aumentaron en 100.000 los uruguayos pobres. Esos tampoco olvidarán lo que vivieron.

En un momento pareció que la pandemia sacaba de la agenda temas complejos y el Poder Ejecutivo podía hacer gala de haber sido uno de los gobiernos del mundo digno de ser destacado por su estrategia sanitaria. Pero el avance de la pandemia fue inexorable. Y al parecer aún no llegó lo peor.

El presidente camina ahora entre dos abismos. El del reconocimiento de que se equivocó, en cuyo caso le dirán que ese error se pagó con vidas; o mantenerse en sus 13 y ser señalado no solo por lo que pasó, sino por lo que se venga.

Por el bien del país ojalá nada de esto pase. Mi ignorancia del tema sanitario, mezclado ahora con el de la política, parece decir a gritos: no hay respuesta correcta. Aún quedan cuatro años de gestión, y así como en salud puede ser muy tarde, en política no necesariamente. Pero hoy mismo la situación, aquí y ahora, parece plantear una sola opción para el gobierno: la de perder-perder.