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El planteo del subsecretario del Ministerio de Salud Pública, Leonel Briozzo, de generar “un procedimiento” para que los médicos que presenten una “objeción de conciencia” para no practicar abortos deban dar una “justificación real” y confirmar que están basados en “motivos muy profundos y no en cuestiones superficiales”, no pasó inadvertido.
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El senador colorado Alfredo Solari, quien además es médico, anunció que citará al Parlamento al ministro Julio Venegas y a Briozzo, cuando finalice el receso, por esa “incursión autoritaria”. En tanto, el abogado Agustín Amonte, en representación de un centenar de médicos, anunció a “El Observador” que están dispuestos a denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la “presión del Estado”.
La semana pasada, entrevistado por Búsqueda, Briozzo anunció que el Ministerio estudia un mecanismo para revisar la lista de médicos objetores de conciencia para solicitarles “una justificación real de su postura”. El jerarca informó que un gran número de médicos presentaron “su objeción de conciencia” para no practicar abortos, además de que dos de las tres cátedras de Ginecología están en contra de la reglamentación aprobada.
“El Ministerio quiere asegurarse en primer lugar de que esas objeciones de conciencia sean justificadas. Porque para ser tales tienen que estar basadas en aspectos filosóficos, religiosos o de pensamiento, que tengan que ver con la discrepancia con la participación en la interrupción voluntaria del embarazo y no con diferencias con respecto a cómo está redactada una ley o una reglamentación. Eso es más una desobediencia que una objeción de conciencia”, explicó.
Para evitar que “la objeción de conciencia sea una objeción porque no se quiere hacer, porque lleva mucho tiempo, o porque no es un tema agradable”, Briozzo contó que estaban armando “un procedimiento para hacer una justificación real”, algo que inicialmente no habían pedido.
“Intromisión indebida”.
En una carta enviada a Búsqueda, Solari plantea su posición respecto al planteo del subsecretario. “Investigar si una objeción de conciencia es o no justificada constituye una grave infracción a la libertad de pensamiento, una intromisión indebida en el ejercicio profesional y una amenaza inaceptable a la relación médico-paciente”, afirma el legislador.
Solari califica la propuesta como una “decisión de carácter autoritario que quiere imponer, usando la maquinaria del Estado, una visión personal de la objeción de conciencia a los médicos habilitados por el propio Ministerio de Salud Pública”. Además pide al Colegio Médico “velar por la ética de los profesionales de la salud” y “analizar de oficio la incursión autoritaria de Briozzo y Venegas, ambos médicos en el desempeño de su función”.
Una lectura similar de la propuesta tiene Amonte. Asesor legal de cerca de 100 médicos que se oponen al decreto reglamentario del aborto, el abogado se mostró molesto por las declaraciones de Briozzo, quien a su entender acusó a muchos ginecólogos de no entender “qué es la objeción de conciencia”.
Al igual que Solari, Amonte opina que las intenciones de Briozzo son un exceso. “Cuando un médico interpone una objeción de conciencia, que le pidan llenar un formulario y explicar por qué, hasta ahí la llevo y quiero garantías de que ese formulario no ande circulando por ahí porque es una cosa personalísima. Ya cuando se avanza en que la objeción de conciencia no está seriamente fundada, se está metiendo en un terreno que no le corresponde”, dijo al ser consultado por Búsqueda.
“El ejercicio de este derecho es de conciencia justamente, es muy íntimo, muy interno. No es un derecho que esté en un decreto ni lo haya sacado la ley, está en la Constitución y es un derecho humano. No lo podés estar manoseando”, añadió.
“Alternativas”.
El abogado presentó un recurso de revocación contra la reglamentación de la ley que legalizó el aborto, que comenzó a regir el 3 de diciembre. Los médicos creen que la normativa transgrede el derecho a la objeción de conciencia. El Ministerio tiene un plazo de 150 días para pronunciarse sobre el tema.
En paralelo, los médicos piensan “seguir las vías legales de Uruguay para defender el derecho de la objeción de conciencia”. Amonte explicó que, como el tema “está en pañales en Uruguay”, no está claro “cuál es la vía procesal idónea para tutelar” el derecho a la objeción de conciencia. De todos modos, anunció que seguramente seguirán la vía de la acción de amparo. Solo una vez agotados los procesos aquí pueden acudir ante la CIDH.
Amonte señaló que los médicos que representa también están “en contra del procedimiento” que utiliza el Ministerio. “El objetivo de la ley era que la mujer reflexionara y tuviera otras alternativas antes de decidir y lo que está haciendo el Ministerio es aplicarla para que la mujer lo único que haga sea pedir una receta de misoprostol”, criticó.
