“Son dos contextos históricos muy diferentes, pero lo que tienen en común es que vuelven a rediscutirse derechos que tienen que ver con la persona, el Estado. Y vuelven a discutirse asuntos morales —analizó en conversación con Búsqueda el historiador Gerardo Caetano—. En el 1900 era la rediscusión de la confrontación de la moral católica con la laica; hoy adquieren nuevos formatos pero siguen siendo por la moral, tanto privada como pública”.
Uruguay, “campo de experiencias sociales”.
“Un pequeño país entre Argentina y Brasil, Uruguay fue durante mucho tiempo uno de los países más progresistas de la región”, dice el artículo de “The Economist”, que destaca que el país fue “pionero en legalizar el divorcio y garantizar el voto a las mujeres”.
Esas medidas y otras fueron adoptadas en los primeros años del siglo pasado, en especial en los períodos en los que gobernó el ex presidente colorado José Batlle y Ordóñez, que, además de impulsar una prolífica legislación social y económica, desafió los valores morales de la época y buscó la secularización de la sociedad uruguaya.
La separación de la Iglesia y el Estado fue una de sus primeras motivaciones. En 1906 el gobierno dispuso que se retiraran las imágenes religiosas de los hospitales. Tres años después quedó suprimida la enseñanza religiosa en las escuelas públicas.
Una primera ley de divorcio con el causal del “mutuo consentimiento” se sancionó en 1907. Recién en 1913 se aprobó la ley que permite el divorcio por “sola voluntad de la mujer”. Esa legislación fue pionera en América Latina.
En 1911 el gobierno reactivó la ley de conventos de 1885, que impedía que aumentara la cantidad de esos establecimientos. Ese año también se secularizó el juramento de toma de cargo de ediles de la Junta Económico-Administrativa de la capital y se eliminó el vínculo entre la religión y las Fuerzas Armadas.
“Estas eran ideas completamente revolucionarias, que se vincularon más al anticlericalismo declarado del Batllismo que al profundo pensamiento igualitario y humanista que las informaba”, escribió el historiador Benjamín Nahum en su “Manual de historia del Uruguay”.
La pena de muerte fue abolida en 1907. En 1914 una ley concedió beneficios sucesorios a los hijos naturales y se definió el concepto de “familia natural”. La gratuidad de la enseñanza media y secundaria, que en muchos países de América Latina ya existía, se concretó en 1916.
Las reformas sociales y laborales fueron otra característica que Batlle y Ordóñez legó para los libros de historia. La “ley de las ocho horas” se discutió desde 1911 y se aprobó en 1915. Por esos años también se impulsó la ley sobre prevención de accidentes de trabajo, un proyecto de pensiones a la vejez y uno sobre indemnización por despido, entre otros.
Ya terminada la segunda presidencia de Batlle y Ordóñez se consagraron derechos electorales y se confirmó la separación del Estado y la Iglesia, con la Constitución de 1919. En ella se declaró el voto secreto, universal y obligatorio y se instauró el voto femenino, que fue ejercido por primera vez en 1927 en el plebiscito de Cerro Chato. Uruguay fue así uno de los primeros países americanos en extender esos derechos a toda la ciudadanía. También se estableció que “todos los cultos religiosos son libres en Uruguay; el Estado no sostiene religión alguna”.
“El reformismo batllista se anticipa a las imposiciones de la necesidad, ejerciendo una tutela legislativa previsora, que coloque al país en condiciones de libertad política y social ventajosas con respecto a los otros —escribió el historiador Alberto Zum Felde en su libro ‘Proceso histórico del Uruguay’—. Por ello se dijo que el Uruguay era un campo de experiencias sociales. Así se da el caso singular y llamativo de que reformas que eran motivo de luchas y resistencias encarnizadas en los países de Europa, manteniéndose aún en estado de aspiraciones, hayan sido implantadas legislativamente en el Uruguay”.
Nahum y José Pedro Barrán definieron al Batllismo como una militancia contra ciertas convenciones morales establecidas: “En 1911 se era batllista porque se era partidario de las 8 horas, de la estatización de los servicios públicos, del ataque al ‘latifundio arcaizante’, y también porque se enviaba a los hijos a educarse en escuelas laicas y públicas, se aceptaba solo el casamiento civil, rechazándose el religioso, se impulsaba a las hijas mujeres a estudiar en la Universidad, y se disculpaba a los anarquistas cuando estos se demostraban irrespetuosos ante los símbolos patrios. Ser batllista ‘avanzado’ durante estos años era adoptar una postura determinada en todos los órdenes de la vida, una militancia que, por lo general, chocaba con las pautas morales imperantes”, afirmaron los historiadores en “Las primeras reformas, 1903-1911”.
Agenda de izquierda.
En el primer gobierno del Frente Amplio se aprobaron normas que reconocieron derechos de los homosexuales. Uruguay fue el primer país de América Latina en legalizar la unión de parejas del mismo sexo, cuando en 2007 se aprobó la ley de unión concubinaria, que se definió como la “situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas cualquiera sea su sexo”.
En 2008 el Parlamento aprobó la ley de “identidad de género”, que reconoce el derecho de las personas al “libre desarrollo de su personalidad” más allá de su sexo biológico.
Al año siguiente se aprobó una ley que permite a parejas homosexuales adoptar niños, otro asunto en el que Uruguay era pionero en el continente.
También en 2009 el entonces presidente Tabaré Vázquez firmó un decreto que estableció que “la elección sexual de los postulantes a ingreso” a las Fuerzas Armadas “no será considerada causal de no aptitud”.
El gobierno está legislando también en favor de ciertas minorías. Por ejemplo, en el 2010 se aprobó la ley de discapacidad que, entre otras cosas, dispone que el 4% del las vacantes del Estado sea ocupado por personas lisiadas. Además está a estudio del Parlamento un proyecto que obligue a que el 8% de los empleos que ofrezca el Estado se destinen a ciudadanos afrodescendientes.
La ley de voluntad anticipada, que reconoce el derecho de los enfermos a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos que alarguen su vida, fue promulgada en 2009.
Este año, el miércoles 17 de octubre, fue aprobada una ley que despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación bajo ciertas condiciones. Solo Cuba, Guyana y Puerto Rico tenían leyes similares en América Latina.
La Cámara de Diputados ya dio media sanción a un proyecto de ley de reproducción asistida que propone regular las técnicas de reproducción asistida, abrir la posibilidad a las madres de elegir las características que tendrá el niño y ofrecer financiamiento del Estado para que todos puedan acceder.
Además el Parlamento recién empezó a discutir la propuesta que presentó el gobierno para legalizar la producción y venta de marihuana, lo que sería monopolio del Estado.
A juicio de Caetano, todos esos temas forman parte de la “agenda de la izquierda” no solo en Uruguay sino en el mundo.
Opinó que “la irrupción del Frente Amplio en el gobierno replantea casi por compromiso programático la discusión de estos derechos”, algo similar a “la agenda que tenía, en un contexto completamente diferente, el Batllismo en el 1900”, lo que “moviliza familias ideológicas, sensibilidades, donde las sintonías no cuajan exactamente con las fronteras de los partidos”.
No obstante, en el contexto mundial estos debates no son nuevos, aclaró. “La reapertura de esta discusión sobre derechos llegó tarde al Uruguay. No es vanguardista, puede ser que en algunos aspectos lo sea en América Latina”.
Ignacio Zuasnábar, director de Opinión Pública de la consultora Equipos, enmarca la realidad de Uruguay en que “todo el mundo occidental ha vivido en las últimas décadas un profundo cambio de valores” y “el cambio más fuerte” es que “las nuevas generaciones están orientando su vida hacia la búsqueda de mayores niveles de libertad”.
“Estas orientaciones se ven en muchos ámbitos, desde el plano de la participación política, el plano de la moral sexual, hasta el mundo del consumo. A medida que se va produciendo el reemplazo generacional, el conjunto de la sociedad se vuelve más liberal”, explicó.
Esos procesos de cambios de valores, agregó el politólogo, “no son homogéneos en el conjunto de la sociedad”, sino que “hay sectores que los transitan con más énfasis y otros que no, e incluso puede haber cambio de valores en el sentido inverso”.
En cuanto a las diferencias de Uruguay con el resto de la región, Zuasnábar mencionó que “hay una base de fondo que es el menor peso de la Iglesia en Uruguay, que opera como un contexto favorecedor”. Además, “los estudios de valores muestran que no necesariamente Uruguay es mucho más liberal que otros países donde estas medidas no se aplican”, sino que “parece más una cuestión de dinámica política que de características de la ciudadanía”.
Para el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, la llegada al gobierno del Frente Amplio introdujo la “obsesión” por la “construcción de igualdad” pero “hay dimensiones de construcción de igualdad que pasan por derechos que hay que devolver” para “dar más espacio al ciudadano para que decida por sí mismo y no por una convención social determinada”.
“La vida en sociedad implica que el desarrollo del ser humano tiene dos dimensiones: una colectiva y una individual. Cuáles son los espacios de ampliación de la libertad individual es también muy importante para la izquierda. Porque no hay forma de tener una sociedad de iguales si no generás capacidades de desarrollo de los aspectos individuales. No hay contradicción entre colectivismo e individualismo”, afirmó.
El gobierno del Frente Amplio, sostuvo Cánepa, “viene a cumplir el rol de generar el nuevo impulso de Uruguay hacia el siglo XXI” y “diseñar los valores” del país hacia el futuro.
“Uruguay está viviendo un cambio en la sociedad donde conviven sectores conservadores con una mayoría social que siente que hay un momento de avance en la sociedad”, evaluó.
El prosecretario dijo que para “conducir un cambio en la gente” los políticos deben entender que “los cambios en una sociedad van hasta donde una mayoría social entiende que se debe ir en un momento determinado”. Si se va “más allá del sentir medio de una sociedad, después hay una vuelta atrás”.
“Uruguay no es el paraíso que algunos pintan en el exterior ni es la cuna de todos los avances progresistas pero es real que estamos mucho mejor que otros países en la perspectiva de avance de determinadas libertades”, sostuvo.
Contextos diferentes.
Caetano piensa que lo que ocurrió en el Batllismo es distinto de lo que sucede en la actualidad porque “en las primeras décadas del siglo XX había una idea de vanguardia a nivel mundial” mientras que “hoy la vanguardia en estas discusiones tiene que ver más con América Latina y no tanto con realidades como la europea o la norteamericana”.
“Son contextos muy diferentes —sostuvo—. En el 1900 había una agenda muy nueva y la modernización de la vida cotidiana y de la vida privada estaban en debate. Uruguay debatió esa agenda precozmente y asumió posiciones audaces. A comienzos del siglo XXI estamos en otro contexto en donde sin embargo se vuelven a discutir derechos”.
Según el sociólogo Gustavo Leal, la diferencia también radica en que en el primer Batllismo existía un “empuje reformador” que tenía un “país modelo” que quería instaurar y que incluía “un conjunto de valores”. Hoy “si bien hay crecimiento sostenido desde hace 10 años y eso te brinda una posibilidad enorme de dejar una marca, no hay un proyecto de sociedad, falta un liderazgo que lo encarne, un relato que lo explique y una gestión que lo haga visible. En Batlle y Ordóñez había todo esto”, explicó.
Leal dijo que el “impulso liberal y reformista” en estos últimos siete años “es menos profundo que el impulso del Batllismo”. Al respecto, opinó que la ley de ocho horas para el trabajador rural y la que reglamenta el trabajo doméstico “tienen el talante del modelo social del primer Batllismo”.
A Zuasnábar le “es difícil” establecer la comparación y sostiene que recién “dentro de algunos años” se sabrá si hay un paralelismo entre lo que ocurrió en los comienzos de los dos siglos. “También el juicio global de lo que significó el Batllismo en la sociedad uruguaya se fue construyendo con el tiempo. Llegar a juicios de ese tipo sobre los propios momentos históricos es muy difícil”, afirmó.
Cuando asumió la Presidencia por primera vez, Batlle y Ordóñez hizo el juramento constitucional “por Dios nuestro señor y estos santos Evangelios”, y luego dijo que para él eran palabras “sin valor” y pronunció un juramento personalizado, por su “honor de hombre y de ciudadano”.
Cuando le tocó a José Mujica dar su discurso de asunción, también se salió del libreto. Saludó a las autoridades extranjeras que habían concurrido y ensayó una definición de los uruguayos: “Somos un país que ama los fines de semanas largos tanto como la libertad”.
