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Para la Universidad de la República (Udelar) el traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota constituye un caso más en la detención de los “avances en derechos humanos”, además de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) no explicó “con claridad a la ciudadanía sus motivaciones”.
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Según la declaración, ese traslado “suscita el riesgo de que se demore gravemente la administración de justicia”.
La resolución también consideró la decisión de la SCJ de declarar inconstitucional la llamada “ley interpretativa” de la “ley de caducidad”. Para las autoridades universitarias “resoluciones de este tipo exponen al país a nuevas condenas”, y Uruguay “como nación y como pueblo no se lo merece”.
“Los crímenes del nazismo, cuando han transcurrido alrededor de setenta años desde que fueron cometidos, siguen siendo investigados y juzgados”, prosigue el texto para agregar que “no puede caer una losa de impunidad y olvido sobre los crímenes de la dictadura uruguaya”.
La resolución estuvo precedida por una intervención del constitucionalista Alberto Pérez Pérez en el mismo sentido que el comunicado y que fue alabada por todos los consejeros en sus intervenciones.
El decano de Humanidades, Álvaro Rico, dijo sobre el tema que este tipo de actos “es la reproducción de las lógicas autoritarias en democracia”.