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Una estación de servicio que fue robada todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Cinco veces en una semana. Otra que fue rapiñada y terminó con funcionarios lesionados, shockeados por lo violento de la situación. Otra a la que sistemáticamente le hurtan mercadería. Ya no plata: bebidas alcohólicas, cigarrillos, lo que sea. La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) viene monitoreando estos casos en los últimos años y observa con preocupación cómo todo tiende a empeorar. A mediados del año pasado, la gremial hizo su propia encuesta entre casi 200 estaciones de todo el Uruguay para tener un diagnóstico más preciso de una queja recurrente de los estacioneros. Y los resultados fueron contundentes: en el primer semestre de 2018, una de cada cuatro estaciones de servicio (24%) fue hurtada y/o rapiñada en el país. En Montevideo y el área metropolitana el panorama es más complicado: una de cada tres (36%) fue víctima de algún delito.
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Los guarismos corresponden mayoritariamente a rapiñas (robos con violencia). Y en el informe, al que tuvo acceso Búsqueda, se aclara que no se tomaron en cuenta los hurtos de mercadería que se producen en los minimercados y/o en pista.
También se destaca que de cada diez estacioneros que mencionaron haber sido víctimas de estos delitos, por lo menos seis lo fueron dos o más veces. Y que por lo menos siete de cada 10 empresarios perciben que la situación de seguridad/inseguridad ha “empeorado” en el último año.
En el primer semestre de 2018, una de cada cuatro estaciones de servicio (24%) fue hurtada y/o rapiñada en el país. En Montevideo y el área metropolitana el panorama es más complicado: una de cada tres (36%) fue víctima de algún delito.
El estudio fue realizado entre el 18 de mayo y el 31 de julio de 2018. La entrevistas fueron hechas vía correo electrónico y teléfono a los responsables de las estaciones de servicio afiliadas a la Unvenu. Se realizaron 182 entrevistas, distribuidas entre todo el país. Durante el segundo semestre del año pasado se actualizó la información y los resultados no tuvieron grandes variaciones, explicó a Búsqueda el gerente de la Unvenu, Federico de Castro. Agregó que el informe no había visto la luz porque se confiaba en alguna respuesta del Ministerio del Interior, algo que no ha ocurrido.
“Lo que pasa también es que el dueño ya ni siquiera hace la denuncia. Salvo que haya lesiones o pérdidas económicas importantes, donde haya que accionar algún seguro, ya no se denuncia. Es lamentable pero es algo que se normalizó”, señaló De Castro. Lo que preocupa a la Unvenu, la razón por la que deciden hacer público el relevamiento, es “el nivel de violencia de los asaltos”. “Vemos que se viene incrementando y lo sufren los funcionarios de las estaciones, los empresarios y los clientes. Están todos expuestos a un nivel de violencia que va in crescendo”.
El gerente de la gremial dijo que “hubo contactos” con el Ministerio del Interior, pero que “en los hechos no se constata ninguna mejora”. Detalló que se hizo una recorrida y se seleccionaron algunos puntos donde el ministerio se comprometió a poner cámaras o aumentar la vigilancia, “y nunca se hizo nada”. “Ahora ni siquiera nos contestan los correos”, lamentó De Castro.
Centroamérica
En 2016 el gobierno estableció la obligatoriedad de pagar el combustible con tarjeta de crédito o débito como forma de que haya menos dinero en efectivo circulando. Para el dirigente de la Unvenu, la medida “ayudó“ pero “el delito sigue creciendo” porque si no roban dinero, roban mercadería o el poco efectivo que tienen los pisteros o algún cliente. “¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Sacar la mercadería? ¿Cerrar el comercio? ¿Cuál es la alternativa? O capaz que hay que trabajar como en países de Centroamérica, donde las estaciones están detrás de rejas. ¿Queremos llegar a eso? Uruguay tiene que estar lejos de eso”, se quejó De Castro.
“Hay que hacer un parate y reflexionar. Ni los usuarios se merecen esto ni los trabajadores. Queremos que el Ministerio del Interior cumpla con el cometido y ponga más cámaras. Va a ser bueno hasta por el entorno”. Las consecuencias económicas que tiene el crimen en los comercios en general y puntualmente en las estaciones de servicio es otra arista que inquieta al sector. “El costo de seguridad se está incrementando. Es caro. Y ningún empresario quiere arriesgar. Nadie quiere agarrar el teléfono para llamar a una familia a comunicar una muerte. Es el Estado el que tiene que garantizar la seguridad“, concluyó.