• Cotizaciones
    jueves 06 de febrero de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Una evaluación de cinco programas sociales que gastan al menos U$S 33 millones por año justificó su continuidad pero con cambios

    Ya durante la Presidencia de José Mujica, antes de que la desmejora en la economía y las finanzas públicas se hiciera más evidente, desde el gobierno se empezó a evaluar la eficiencia del gasto público en determinadas áreas, una línea de trabajo que tiene continuidad en la actual administración de Tabaré Vázquez.

    , regenerado3

    En el período pasado la Agencia de Gestión y Evaluación (Agev) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) publicó tres análisis con ese enfoque, y esta semana divulgó otros. Sugirió mantener las acciones, aunque con algunas modificaciones que en general apuntan a introducir mejoras de gestión.

    Estas evaluaciones de “diseño, implementación y desempeño” o resultados (DID) se realizan a determinadas “intervenciones” de política a cargo de unidades ejecutoras u otra entidad organizativa menor, a fin de ayudar a identificar aspectos a ser mejorados. Se basan en información proveniente de las propias instituciones y otras fuentes (estadísticas nacionales, análisis sectoriales, evaluaciones anteriores, etc.) y también entrevistas con personal de las unidades técnicas y operadores sociales, por ejemplo. Son realizadas por equipos de evaluadores externos acompañados por técnicos de Agev.

    La premisa detrás de este enfoque es que no solo es importante cuánto se gasta sino cómo, es decir cuán eficiente resulta dicho gasto. “Hay toda una ola que tiene que ver con el desarrollo sustentable, de colocar en el Estado una nueva cultura de evaluar lo que hacemos. Si lo que hicimos sirvió o no, y si se cambia o no”, había explicado en diciembre en un foro empresarial el director de la OPP, Álvaro García. El martes 12, en un foro sobre la misma temática, reafirmó esa línea de trabajo: “No creemos en las reformas del Estado de un plumazo ni que se hagan exclusivamente por materia legislativa o reglamentaria, hay mecanismos que forman parte de la vida cotidiana y que hay que contribuir a cambiarlos”.

    Las intervenciones educativas, de salud y asistencia policial frente a casos de violencia doméstica que fueron evaluadas por Agev requirieron un gasto de al menos $ 690 millones en 2013, un monto equivalente a U$S 33,7 millones al tipo de cambio promedio de ese año, calculó Búsqueda en base a los informes.

    Uruguay Estudia. El Programa Uruguay Estudia (PUE) benefició con becas de apoyo a 4.742 jóvenes en 2013, la mayoría de educación media básica. La población potencial ascendía a 17.438 muchachos con extraedad. El presupuesto fue de $ 46,9 millones en 2013, financiado principalmente por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

    El PUE “está alineado con objetivos de la política educativa” del país, pero los objetivos institucionales de algunos integrantes de la Comisión Directiva no están claramente vinculados a los de la intervención”, según la evaluación. Una de las debilidades halladas es que se carece de indicadores para medir la eficiencia, economía, calidad, cobertura o trayectoria de los becarios; y el indicador de propósito no es pertinente.

    La evaluación del desempeño del programa muestra claroscuros. Por ejemplo, creció el porcentaje de becarios que aprobó módulos o cursos, pero entre 2009 y 2011 hubo una subejecución del presupuesto planificado, y en 2012 y 2013 se constató una sobreejecución.

    “Se justifica la continuidad de la intervención incorporando algunas modificaciones menores”, concluye el análisis DID.

    Educación no formal. En 2013 el Programa Nacional de Educación y Trabajo-Centros Educativos de Capacitación y Producción (Cecap) tuvo una cobertura de 3.660 cupos de enseñanza no formal —81% de la población objetivo—, con un gasto de $ 65,7 millones aportados por el Ministerio de Educación, aunque no fueron los únicos recursos empleados.

    Entre otras fortalezas, el informe DID destaca la “buena articulación” entre la enseñanza formal y la no formal, la “innovación pedagógica”, así como la figura del educador referente. También la gestión descentralizada y autónoma a nivel de los centros, y el seguimiento estandarizado de los jóvenes que participan en este programa. La cobertura se amplió y los estudiantes se expresaron satisfechos o muy satisfechos con la propuesta en general (87%), enumera entre los resultados.

    Como debilidades, la evaluación advierte —entre otras— la falta de personal administrativo, dificultades con la modalidad contractual de los educadores, la relativamente baja titulación (68%) y experiencia de los docentes (75% con menos de tres años en Cecap), y también problemas con el cargado de los datos al sistema informático.

    Para los evaluadores, se justifica la continuidad de la intervención con la adopción de algunas modificaciones.

    Violencia doméstica. El Ministerio del Interior, a través de su división de políticas de género, despliega una acción específica orientada a dar respuesta policial a los casos de violencia doméstica. Considerando la prevalencia de este tipo de delitos, la población potencial eran unas 78.000 mujeres mayores de 15 años.

    El gasto estimado en esta intervención fue de casi $ 180 millones en 2013, en su mayor parte con recursos aportados por Interior. Eran 451 funcionarios, más 23 operadores, los asignados a las 34 unidades especializadas en violencia doméstica y de género.

    El informe DID resalta, entre otros aspectos positivos, el “diseño adecuado de la estrategia” de esta intervención, la dotación adecuada de personal, la mejora en los niveles de captación y en el registro de las denuncias (pasaron de 13.000 en 2009 a 26.000 en 2013).

    Como debilidades advierte una estructura organizacional aún incompleta, disparidad en la estandarización de procesos en las distintas localidades, una cobertura que no llega a todo el territorio nacional y la escasez de mediciones suficientes para el cálculo de indicadores de gestión, por ejemplo. Además señala que “no es posible conocer el presupuesto de la intervención en los sistemas del Ministerio del Interior”.

    “Se justifica la continuidad de la intervención con la profundización del diseño previsto y la implementación de algunas herramientas de gestión”, plantea el documento.

    Salud rural. La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), por intermedio de las redes de atención primaria (RAP) del interior, es la responsable de la atención médica en el medio rural. Los usuarios registrados en el padrón de esa dependencia con residencia en localidades de menos de 5.000 habitantes eran unas 135.600 a fin de 2013, aunque esta estimación tiene limitaciones, se aclara en el informe DID.

    Un cálculo aproximado hecho para la evaluación cuantificó en $ 378 millones el gasto total ejecutado por las RAP del interior en 2013.

    En cuanto al diseño de esta intervención, el informe destaca como fortalezas una “estrategia adecuada en general” y el énfasis en la prevención de problemas médicos, entre otros aspectos. Pero en contrapartida observa que la promoción de salud “no tiene un diseño desarrollado”, y se carece de indicadores para el seguimiento y la evaluación de estos servicios.

    Respecto al desempeño de la acción, el análisis plantea como una de las debilidades que la “asignación de los recursos sigue un criterio histórico, con heterogeneidad entre unidades y departamentos que posiblemente no responda a diferencias en las necesidades”.

    Los evaluadores aconsejan la continuidad de la intervención “con la implementación de algunas modificaciones”.

    Recién nacidos. La ASSE también ejecuta la acción se seguimiento de recién nacidos de alto riesgo (Serenar), con una población objetivo estimada para 2013 de 18.358 niños de hasta seis años. El presupuesto para ese año fue calculado en $ 18,5 millones.

    Entre las fortalezas de diseño de la intervención, la evaluación menciona que es “adecuado” y con propósitos “consistentes a nivel de finalidad, propósito y servicios con los objetivos estratégicos (…)”. Como contracara indica que no se dispone de un diagnóstico preciso que cuantifique y georreferencie la población potencial. Otras debilidades son que falta definir indicadores de resultado intermedios en dimensiones de eficiencia, calidad y economía, así como metas asociadas a cada indicador.

    Con relación a la gestión del Serenar se resalta, entre otras fortalezas, una fuerte vocación de servicio y alto compromiso del personal con los objetivos planteados. Las debilidades son varias, como la insuficiente institucionalización en la estructura organizativa y asistencial de ASSE; las carencias de recursos humanos y dedicación horaria de los especialistas; y una heterogeneidad de vínculos contractuales, bajos niveles de remuneración y condiciones regulares de trabajo que podrían estar afectando negativamente la motivación y clima laboral.

    El informe DID afirma que la “vigencia de la prevalencia de la prematurez y la perspectiva de incremento de este riesgo para el desarrollo infantil (principalmente entre usuarios de ASSE) justifica la continuidad de la intervención. Los desafíos se reservan a la sostenibilidad, principalmente en cuanto al orden financiero-institucional, a aspectos de gestión, y a la capacidad de planificación, monitoreo y evaluación”.