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La fiscal civil Sylvia Gari pidió al juez de familia de decimocuarto turno, Álvaro Beyhaut, que imponga una considerable multa diaria al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por desoír una sentencia, como mecanismo de presión para que el organismo estatal encargado de velar por el bienestar de la infancia cumpla con la resolución judicial.
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Se trata de un caso llamativo, ya que es infrecuente que se solicite la imposición de una multa diaria al propio Estado, cuyos bienes por ley son inembargables.
Según el escrito que la representante del Ministerio Público presentó en el juzgado el martes 20, al que accedió Búsqueda, un Tribunal de Apelaciones de Familia dictó una sentencia ordenando al INAU la “creación de un registro con los menores que se encuentran institucionalizados en sus dependencias” y en hogares similares, obligando a reportar la información cada 15 días de manera de tenerla actualizada. También se ordenó al organismo que informe los trabajos que realiza su personal tendiente al reintegro de los niños a su familia originaria o los trámites que se realizaron para su adopción. El tribunal había fijado un plazo de 30 días, que venció el 4 de mayo, para que una persona que designe el INAU haga este trabajo.
“Conforme a lo que establece el artículo 374.1 del Código General del proceso en su actual redacción dada por la ley 19.090, en cualquier etapa del proceso y para el cumplimiento de sus providencias el tribunal podrá adoptar las medidas de conminación o astricción necesarias, cualquiera sea el sujeto a quien se impongan las mismas”, subraya la fiscal. Agrega que, si bien en un momento se debatió si se podían aplicar este tipo de conminaciones al Estado, actualmente esa discusión está saldada.
“Por tanto, y ante el incumplimiento de la sentencia por usted dictada y confirmada en segunda instancia, se solicita se apliquen conminaciones económicas al INAU en cantidad de dinero a pagar por cada día que demore el cumplimiento”, señala.
La representante del Ministerio Público pide al juez que tenga en cuenta a la hora de fijar el monto de la multa, que “el asunto refiere a una acción de amparo sobre muchos niños (no se sabe cuántos) que tienen sus derechos vulnerados y lesionados en cuanto a su posibilidad de desarrollarse en un ámbito familiar, sea de origen biológico o adoptivo”.