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Los bancos oficiales en Uruguay tienen una larga historia. El Hipotecario (BHU), especializado en el crédito para vivienda, fue fundado el 24 de marzo de 1892, durante la presidencia de Julio Herrera y Obes, a partir de la Sección Hipotecaria del quebrado Banco Nacional de la República Oriental del Uruguay. Comenzó a operar con el asentimiento de accionistas y tenedores de cédulas y de títulos hipotecarios y gracias a un aporte estatal de $ 4 millones en deuda pública concedido en propiedad. En 1912, el presidente José Batlle y Ordóñez junto con su ministro de Hacienda, José Serrato, presentaron el proyecto de nacionalización y el 8 de junio de ese año fue estatizado. Desde 1996 el BHU compite en el mercado de préstamos hipotecarios con los bancos privados; hasta entonces tuvo un monopolio en esa línea.
Un capítulo más reciente de su historia, cuando empezaba este siglo, implicó una reestructura y una capitalización en US$ 250 millones aprobada en 2006, cuando el Hipotecario agonizaba tras la crisis del 2002. Virtualmente quebrado, una alternativa hubiera sido cerrarlo, pero entonces el sistema financiero uruguayo estaba frágil y ese camino habría sido, además, políticamente complejo.
Otro capítulo, en principio saludable, podría escribirse ahora si prospera un proyecto de ley presentado días atrás por legisladores del oficialismo —avalado por el Poder Ejecutivo— para, en el marco de una solución a los deudores en unidades reajustables, que el BHU sea absorbido por el Banco República (BROU). Plantea la “supresión” del Hipotecario como ente autónomo y la creación de una “unidad organizativa” que se encargue de sus cometidos y funciones dentro del BROU. Se transferiría la totalidad de bienes, créditos, recursos, obligaciones y puestos de trabajo —cualquiera sea su vínculo funcional— y cesarían los integrantes del Directorio del BHU.
La política pública en materia de vivienda tiene su institucionalidad en el ministerio del ramo y en la Agencia Nacional de Vivienda, a la vez que la oferta crediticia para segmentos de ingresos medios de la población que hoy brinda el BHU podría darla sin problema una unidad del BROU.
Fusionar dos bancos públicos es una propuesta audaz para los tiempos políticos que corren, ya que la medida requiere de dos tercios de los votos en el Parlamento para su aprobación. En el oficialismo no están claros todavía todos los posicionamientos partidarios al respecto. Desde el Frente Amplio surgieron algunas voces técnicas apoyando la idea de la absorción, aunque no que esté enganchada a una medida de condonación o refinanciación de deudores en UR por entender que otros ciudadanos que tomaron créditos y tienen dificultades de pago podrían pretender lo mismo y, además, debilita el patrimonio del BROU.
El gremio de empleados bancarios, AEBU, ya fijó una previsible postura contraria y adelantó que estará “en la vereda de enfrente” de “cualquier iniciativa que atente contra la institución, su función y el debilitamiento” de esta, a la vez que reafirmó la “defensa de las empresas públicas, únicas garantes de la democratización de los servicios para las uruguayas y los uruguayos”.
En cualquier caso, parece positivo que el sistema político ponga sobre la mesa la conveniencia de unificar esta banca pública y reducir estructuras y gasto en una entidad estatal dedicada exclusivamente a dar préstamos para vivienda, que quizás tuvo su justificación en los tiempos de Herrera y Obes y de Batlle y Ordóñez.
