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Hay seis temas de la gestión de Ancap que el Partido Nacional enviará a la Justicia Penal: gastos en publicidad, contratos en la planta de cal, construcción del remolcador de combustible, cancelación de una deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA), importaciones irregulares y negocios con la empresa Trafigura. Sobre este último punto se agregaron nuevas denuncias que no fueron tratadas durante el trabajo de la comisión investigadora sobre el ente petrolero. En el informe final elaborado por los senadores blancos Álvaro Delgado y Jorge Saravia abundan expresiones como “fracaso”, “irregularidades”, “ilicitudes”, “violación a las normas”, “abuso”. Al cierre de los capítulos con las denuncias hay un riguroso análisis jurídico y de derecho administrativo a cargo del abogado Carlos Delpiazzo.
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También hay un anexo en donde se proponen cambios legislativos para tener un mayor control sobre las empresas subsidiarias de los entes públicos. Los blancos sugieren retomar el proyecto de ley presentado en 2012 por el ex senador nacionalista Sergio Abreu, referido al fortalecimiento del control y gestión pública. En el informe se sostiene que Ancap es un “claro ejemplo” para demostrar que quedan “fuera del control legal sociedades anónimas” que se vinculan al Estado a través de subsidiarias.
Las sospechas de irregularidades en los negocios de intermediación de Ancap entre Trafigura y la empresa estatal ecuatoriana Petroecuador —denunciados por Búsqueda— son ampliadas en el informe final de los blancos en relación con lo que se trató en la investigadora. Sostiene que las operaciones entre Ancap y Trafigura, además de que “escapan a los cometidos del ente”, se hicieron “sin contrato” durante ocho meses. El senador Delgado dijo a Búsqueda que se utilizó “de pantalla” al ente petrolero para dar ingreso a Trafigura a negocios con otras empresas estatales. En el informe se señala que el 26 de enero de 2010 se firmaron los contratos con Petroecuador y ya desde ese mes se comienzan a realizar operaciones de intermediación. Sin embargo, los contratos con Trafigura se firmaron recién el 26 de agosto de 2010. Durante esos ocho meses de 2010 se operó sin contrato entre Ancap y Trafigura. “Durante el período sin contrato con Trafigura se hicieron operaciones por más de 700 millones de dólares”, dice el documento. El informe agrega que Ancap participó de un negocio de venta de supergás a Ecuador durante el período en el que Trafigura notificó de la “imposibilidad” de cumplir un contrato por el que debía asegurar la provisión del gas licuado.
Según las investigaciones de los nacionalistas, Ancap terminó participando en la operativa para obtener una ganancia marginal. “La venta de Ancap a Petroecuador de este producto fue por un importe de casi US$ 35 millones e implicó una comisión de US$ 65.006,91”. Para los blancos, resulta “sorprendente la intervención en un negocio de venta de supergás de un país como Uruguay que importa casi la mitad del supergás que consume internamente”. En su análisis jurídico, Delpiazzo afirma que “con independencia del resultado económico del negocio, sin perjuicio de todos los aspectos cubiertos por una nube de secretismo y sustracción de todo control, de lo poco que se ve deriva como consecuencia inexorable la irregularidad de lo actuado, tanto en los aspectos de fondo como de forma y procedimiento”.
“Malas decisiones”.
En las conclusiones del informe del Partido Nacional, los senadores cuestionan los resultados en las inversiones de obras de envergadura llevadas a cabo por el ente petrolero en los últimos cinco años. “Se pudo constatar la existencia de sobrecostos desmedidos en cada una de ellas. Esto se repite en la planta desulfurizadora, las mejoras a la planta de portland, la planta de bioetanol, la planta de cal y el remolcador”. Los nacionalistas denuncian que lo ejecutado superó a lo planificado en más de US$ 500 millones. “Notoriamente, existieron malas decisiones en la priorización y planificación de los proyectos, así como una pésima ejecución de los mismos”.
