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Las irregularidades detectadas en la División de Adquisiciones y Suministros de la Cámara de Representantes del Palacio Legislativo eran “múltiples y graves”. Sin embargo, la investigación administrativa que se realizó en Diputados a fines de 2013 no lograba identificar a los responsables que habían firmado las órdenes. Por eso, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados se ordenó la realización de una pericia caligráfica al Instituto Técnico Forense del Ministerio del Interior. El análisis logró identificar que el autor de las firmas, rúbricas y fechas estampadas en los documentos que solicitaban las compras era el presidente del gremio de funcionarios de Diputados, Carlos Morosoli.
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Tras la investigación, el trabajador pidió licencia a la Dirección de la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes (Afucar) y luego renunció a su cargo en el sindicato. El proceso se inició durante la Presidencia del legislador colorado Germán Cardoso y continuó por el actual presidente de la Cámara de Representantes, Aníbal Pereyra (Frente Amplio).
Búsqueda accedió a la resolución de Presidencia del 29 de abril en la que se inicia el proceso de sumario al ex presidente del gremio de funcionarios de Diputados por estar involucrado en las irregularidades detectadas. El objetivo es “determinar o comprobar la responsabilidad” de Morosoli en las “maniobras”. Fuentes de la Cámara de Representantes explicaron a Búsqueda que en la investigación administrativa se logró detectar que “la maniobra” de las “compras irregulares y sin trasparencia” equivalen a un total de entre U$S 60.000 y U$S 70.000.
Al mismo tiempo que se inició el sumario administrativo, la Presidencia ocupada por Pereyra amplió la denuncia judicial en el Juzgado de Crimen Organizado con los últimos datos de la pericia caligráfica. En el momento en que se inició la investigación administrativa, el 25 de noviembre de 2013, Morosoli fue separado de su cargo como director de la División del Escalafón C Personal Administrativo y trasladado a una dependencia de Dactilografía.
Búsqueda se comunicó con el funcionario involucrado en la investigación para incluir su versión sobre lo ocurrido. Sin embargo Morosoli explicó que no iba a hacer declaraciones y que sus abogados están trabajando en el tema. “Yo no tengo nada para declarar. Nada, nada. No voy a efectuar ningún tipo de declaración. Mis abogados están trabajando en el tema”, dijo. Al ser consultado sobre su posición al frente del sindicato de funcionarios de la Cámara de Diputados, confirmó su renuncia: “Eso sí es una cuestión lógica. Primero pedí 120 días de licencia y después renuncié. Pero esa es una cuestión lógica que se tiene que dar en cualquier circunstancia”, dijo Morosoli, cerrando la comunicación.
En la investigación ordenada a fines de 2013 por el entonces presidente de la cámara, Cardoso, se estimó que los “eventuales daños causados a la Administración superan con holgura el monto de U$S 20.000”. Sin embargo, en los últimos días, tras la actualización de los informes, la cifra se ajustó a “entre U$S 60.000 y U$S 70.000”, explicó a Búsqueda personal de la Cámara de Representantes que participa en la investigación. Los informantes agregaron que “llamó poderosamente la atención” el “mecanismo” con el que fueron realizadas las operaciones.
Una de las irregularidades descritas en los informes señala que “un número importante de las solicitudes de gastos figuran ingresadas en el sistema” con la clave de la funcionara encargada de la operación aunque en la fecha de realizada la compra esta estaba de licencia. “Hay una falta de transparencia del sistema empleado, lo cual conspira contra los controles que necesariamente deben aplicarse a fin de lograr una buena administración de los recursos”, dijo Cardoso en la denuncia inicial.
Además muchas de las compras tienen precios “desproporcionados y llamativos”. En uno de los casos, del 20 de setiembre de 2012, se compraron 120 resmas de hoja A4 a $ 149 cada una. El mismo proveedor las vendió cinco días después a $ 155. Y luego, en abril de 2013, se le compraron a otro proveedor resmas por un valor de $ 486 cada una.
