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Las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores (ERT) integran una categoría relativamente nueva, que en Uruguay y la región creció luego de la crisis de 2002.
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Estas empresas industriales y de servicios nacidas después de una quiebra se caracterizan por tener tres tipos de problemas: marco legal, gestión y financiación.
En general, superados los dos primeros obstáculos, a los trabajadores devenidos en empresarios les queda el problema mayor: dónde obtener financiación.
Los bancos no son amigos de prestar dinero a estos emprendimientos y hasta ahora las únicas salidas que han tenido ha sido el gobierno de Venezuela, que estuvo dispuesto a entregar fondos frescos a cambio de productos y conocimiento o la búsqueda de un socio capitalista, como ocurrió en el caso de la empresa de neumáticos Funsa.
Junto a un listado de fracasos como Niboplast y la textil Dymac, Molino Santa Rosa (Canelones), la imprenta Ingraco y la fábrica de envases Invidrio (el proyecto estrella del Movimiento de Participación Popular, MPP, que capitanea el edil Daniel Placeres) son considerados en el medio como los más exitosos en la autogestión.
Otros proyectos como la curtiembre Uruven (ex Midobers) del barrio montevideano Nuevo París, la de transformadores Urutransfor y la de luminarias Profuncoop están en proceso de resolver diversos problemas técnicos.
En el caso de la curtiembre, explicó a Búsqueda el directivo Manuel Martínez, se trata de una planta de tratamiento de efluentes exigida por la Dirección de Medio Ambiente (Dinama).
Los 600.000 dólares que necesita Uruven para estas obras provendrán probablemente del Fondes, un fondo creado por el gobierno con el 30% de las ganancias del Banco de la República.
A diferencia del dinero proveniente de Venezuela, pagado con trabajo, estos recursos se repondrán como cualquier préstamo, pero a un interés más bajo que el corriente.
Desde el gobierno ya se han apresurado a aclarar que se estudiará con detalle la viabilidad de los proyectos, para los cuales se cuenta con unos 117 millones de dólares.
La junta que calificará alrededor de una docena de empresas que hasta ahora se han presentado al fondo público estará integrada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Gabriel Frugoni, el director de Industria Sebastián Torres y el asesor del presidente José Mujica, Pedro Buonomo.
Candidatos no menores de esta nómina son las empresas nacidas de las ruinas de Paylana y la de cerámicas Metzen y Sena.
