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La Fiscalía española fue terminante. Lo que ocurrió el 27 de octubre de 2017 en Cataluña, cuando el Parlamento catalán declaró la independencia, fue un golpe de Estado perpetrado por el gobierno de esa comunidad autónoma, que impulsó su expresidente (prófugo en Bruselas) Carles Puigdemont y su exvicepresidente Oriol Junqueras, detenido con otros exgobernantes y representantes de organizaciones sociales.
El golpe de Estado en esa región de 7.504.000 habitantes se concretó luego del referéndum del 1º de octubre de 2017. Votó 43% de los habilitados y 90% lo hizo por el Sí a la pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?”
Un sufragio prácticamente dirigido, sin control en las mesas, con urnas improvisadas, uso de dinero público, apoyo policial y una prohibición previa del Tribunal Constitucional para el referéndum. Luego del referéndum celebrado, el Parlamento, con la ausencia de 53 legisladores de la oposición, declaró la independencia de Cataluña. El gobierno creyó haber completado su plan para destruir la Constitución de 1978. Grave error de cálculo. Intervino la Justicia y varios quedaron detenidos.
Luego de 50 días de declaraciones ante los integrantes del Tribunal Supremo, el Ministerio Público se levantó el martes 4 para defender la Constitución y censurar la ilegalidad. Pretendieron “la sustitución de un orden jurídico por otro por medios ilegales (…) no hay democracia sin respeto a la ley”, dijo Javier Zaragoza, uno de los fiscales que expusieron con sus colegas Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Felipe Cadena.
Seguir las siete horas de las exposiciones por TV, al igual que las audiencias anteriores, fue más entretenido que la mejor serie de suspenso. Ni hablar del aburrido debate político uruguayo. Tuvo todos los ingredientes: violencia, política, arrogancia, y escamoteo de dinero público.
El Ministerio Público solicitó 25 años para Junqueras por rebelión agravada y malversación, 17 años para la expresidenta del Parlamento y 16 años para exconsejeros, también por rebelión. Para otros tres exconsejeros pidió siete años por malversación y desobediencia.
Remarcó la pasividad de los Mossos d`Esquadra (Policía autonómica del gobierno de Cataluña) para facilitar la consulta.
Para resaltar su energía, la Fiscalía pidió que los condenados no tengan acceso al “tercer grado” hasta cumplir la mitad de la pena. Este es un beneficio de semilibertad al que acceden quienes hayan tenido un adecuado comportamiento, tengan que cumplir con obligaciones familiares y hayan saldado las deudas civiles derivadas de un juicio. También se requiere un contrato de trabajo pero deben pasar ocho horas en la prisión.
Para establecer la filosofía de un golpe de Estado, Zaragoza recordó: “Es lo que en la terminología de Hans Kelsen —ese ilustre jurista austríaco que tuvo que huir en los años 30 a Estados Unidos ante el auge del nazismo— se llama golpe de Estado: la sustitución de un régimen jurídico por otro por medios ilegales”. En Cataluña los instrumentos del golpe fueron la violencia y la coacción.
Cuando le tocó el turno a la Abogacía del Estado (dependiente del gobierno) se produjo una sorpresa. Su representante, Rosa María Seoane, sometida a jerarquía, sostuvo sin demasiada convicción que no existió rebelión sino sedición, un delito con penas menores. El primero requiere alzarse violenta y públicamente y el segundo es un delito contra el orden público por el que se busca impedir la aplicación de la ley.
Hasta que asumió el presidente socialista Pedro Sánchez, la Abogacía del Estado había compartido, al menos en declaraciones, la tesis de la rebelión. Sánchez, detrás de votos para ser proclamado presidente, procura no irritar a los independentistas.
Los fiscales se repartieron la reseña de los hechos y las tipificaciones. Mediante una exposición contundente, Madrigal irritó a los independentistas y el actual presidente Joaquim Quim Torra pidió de inmediato una reunión con Sánchez. Le afectó que la fiscal hubiera expresado que lo ocurrido fue producto del “miedo que producen las organizaciones criminales”. Es decir, todos: el gobierno pasado y presente, y quienes aún no lo están. Sánchez no lo recibirá.
Como una contable, la fiscal reseñó punto por punto, boleta por boleta, cifra por cifra y persona por persona, el dinero público utilizado ilegalmente para organizar y concretar el referéndum.
El fiscal Moreno abundó en la violencia exigida por el delito de rebelión. Admitió que no se utilizaron armas pero que para la violencia no son imprescindibles. Se produjeron daños en vehículos, escraches, lesiones a personal policial y corte de rutas: “No fue ni más ni menos, solo la necesaria”. Señaló dentro de ese marco las continuas proclamas que pudieron desembocar en enfrentamientos, como por ejemplo el llamado a defender los centros ilegales de votación.
Los fiscales no lo dijeron, pero en los días previos al referéndum, Reporteros sin Fronteras alertó sobre el acoso de los independentistas a periodistas críticos mediante presiones desde el poder político y las redes sociales.
La sentencia del Tribunal Supremo se conocerá a partir de setiembre. Sea cual fuere el delito por el que sean condenados, parece claro que los reclusos seguirán entre rejas. Tanto como que el independentismo seguirá buscando caminos para separar Cataluña de España. La siembra de rencor en las nuevas generaciones está aferrada como una garrapata.
