Una pulseada complicada

Asesores del presidente Luis Lacalle Pou, y él mismo, consideran que Gatti es importante si se proyecta hacia el futuro. Desean que como fiscal general complete el período del actual gobierno desde que en abril de 2022 Jorge Díaz cese en ese cargo. Luego Gatti ejercería durante los cinco años de la administración que resulte electa en 2024 y extendería su mandato hasta después de las elecciones de 2029, cuando Lacalle Pou podrá aspirar a su segunda presidencia.

En este camino hay algo que no es negociable: la designación es una facultad exclusiva del presidente de la República según el numeral 13º del artículo 168 de la Constitución. Pero sin tener atado un acuerdo Lacalle Pou no podrá designar a nadie. Entonces esa responsabilidad se trasladaría al presidente electo en 2024, que debería buscar los tres quintos en un Senado con una nueva integración e intereses de los partidos diferentes a los actuales.

¿Qué importancia tiene la titularidad de la FGN, una institución independiente y autónoma? En el sistema acusatorio que rige desde 2017 con el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), su titular tiene la facultad de decidir qué delitos perseguir, cuándo y qué recursos humanos y materiales les asigna. También a qué fiscales designa para cada una de las unidades. En buen romance, posee la llave para diseñar y ejecutar la política pública de investigación y persecución criminal. No es poca cosa en un país azotado por la criminalidad y con criterios opuestos sobre cómo enfrentarla, cuestionados en el referéndum sobre la LUC. Otro ingrediente para que se embarre el acuerdo.

Gatti tiene sólidas credenciales. Parte de la opinión pública quizá solo la registra por lo espectacular: haber procesado en diciembre de 2006 al dictador Juan María Bordaberry como autor de 10 homicidios muy especialmente agravados y en setiembre de 2008 al banquero Juan Peirano por insolvencia societaria fraudulenta.

Antes de recibirse de abogada fue escribana y en 1992 ingresó al Poder Judicial, primero como actuaria y luego como juez de paz. Recorrió diversas materias hasta que llegó a un juzgado penal y más tarde fue titular de uno de los dos juzgados de Crimen Organizado. Al mismo tiempo en el otro juzgado ingresó su amigo Díaz. También, en 2012 —coincidente casualidad— se fueron juntos de esa materia. Díaz saltó a la FGN —desde donde gestó y administró la revolución del CPP— y ella fue a un tribunal.

Gatti preside la Asociación de Magistrados del Uruguay, el gremio de los jueces que está enfrentado a la Corte, a la que le exige que cumpla la Ley 19.830 de 2019, que establece concursos para ascender y que aún no fue reglamentada.

Actualmente ocupa el lugar 15 en la lista de antigüedad de los jueces con aspiraciones a las dos cúpulas jurisdiccionales. Está lejos pero entrenada para carreras de largo aliento. En 2017 El Observador consignó que había corrido tres maratones y preparaba la cuarta. Claro que cualquier maratón parece más sencilla que esta negociación.

Hasta aquí lo menos conflictivo de la pulseada. Se complica cuando el Frente Amplio para votar la venia de Gatti pretende que también se vote la venia para designar a Díaz como ministro de la Suprema Corte de Justicia en lugar de Luis Tossi, quien cesa en octubre de 2022. Por esa vía, con 55 años de edad, Díaz podría ser ministro de la Corte durante 10 años. Cabildo Abierto ha marcado su irreductible oposición. Un gran problema para la coalición de gobierno, que pretende unanimidades para los grandes temas. Hace dos semanas Búsqueda preguntó a Gatti y a Díaz sobre las negociaciones y dijeron desconocer su existencia y que nadie los había consultado. No dijeron que no tuvieran interés.

La negociación se completa con un eventual acuerdo sobre el Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral. Hay consenso sobre su composición, pero quedan por resolver ambas presidencias.

La última gran negociación política para el sistema judicial tiene casi una década. En marzo de 2012 el Frente Amplio encabezado por José Mujica propuso que Díaz fuera a la FGN, Ricardo Pérez Manrique a la Corte y Juan Tobía al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Julio César Chalar fue designado en la Corte a propuesta de la entonces oposición: tres a uno para el gobierno de Mujica.

Se suele decir que todos fueron votados por unanimidad. Formalmente es verdad, pero la unanimidad citada por algunos como virtud personal la decidieron los partidos. Tras el acuerdo no podían votar otra cosa. Como ocurriría en este caso.