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A fuerza de un déficit creciente, la necesidad de una reforma en el sistema previsional va ganando espacio en la agenda política. En abril, el ministro de Economía, Danilo Astori, repitió que el país “va a tener que encarar” cambios, probablemente en el próximo gobierno. Su par de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, es partidario de modificaciones “periódicas” y que no se limite a un aumento en la edad de jubilación. También algunos líderes de la oposición parecen convencidos de que habrá que dar el debate (Búsqueda Nº 1.965).
Para el doctor en Economía y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales Álvaro Forteza, esta discusión terminará en cambios paramétricos —de la edad de jubilación o el porcentaje de sueldo que se recibe en el retiro (tasa de reemplazo)— que ayuden a la sustentabilidad del sistema. Eso “es lo mínimo” que se puede hacer, dijo a Búsqueda. Pero de reformas “de fondo” que instalen un sistema “actuarialmente justo” o diseñen una institucionalidad que regule al Banco de Previsión Social (BPS) “no hay chance”, opinó. Porque aunque la reforma “no hay que demorarla más”, el hecho de que hoy no exista una situación “de urgencia” hace que quede latente el riesgo de “esperar a que la situación sea crítica”. Y eso “es lo que suele ocurrir”, agregó.
“Sería importante que en la campaña (electoral) se aclarara qué se va a hacer. Pero me temo que a los políticos les va a costar mucho. El tema salta ahora en parte porque todavía no estamos en campaña, pero sobre todo porque hay un problema de financiamiento. Nos acordamos de la seguridad social cuando vemos que el sendero es insostenible. Normalmente, uno puede hacer estimaciones con mucha anticipación. Pero hace ya unos cuantos años que no se hacen reformas que busquen por lo menos garantizar sostenibilidad”, analizó.
“Transatlántico”
En 2017, el BPS requirió una asistencia cercana a US$ 582 millones. Como el organismo financia las jubilaciones que paga mediante los aportes de quienes trabajan, sufre el impacto de cambios en el nivel de empleo y desocupación, así como del aumento de la longevidad de la población.
Para Forteza, quien se ha especializado en estudios sobre el sistema de seguridad social, los cambios no pueden esperar. “Es como un transatlántico, enorme, y hacerlo girar lleva mucho tiempo. Si estás a 100 metros de una roca ya la quedaste. No es que la crisis vaya a venir mañana o pasado, pero estamos hablando de que esto no es sostenible a 10 años o 20 años. Van a aparecer déficits crecientes. Ya mismo son preocupantes, pero más o menos se van llevando. Aunque no están de acuerdo con las proyecciones que se hicieron hace 20 años y que suponían que se iba a dar una mejora. Ahora estamos en la dirección opuesta”, dijo.
Los números rojos están también en otras instituciones previsionales. La llamada “caja militar” recibió el año pasado una cifra similar que el BPS, mientras que la Caja de Profesionales Universitarios o la Notarial hace uso de sus inversiones financieras para sortear déficits operativos.
“La seguridad social implica promesas a largo plazo. Cuando la gente joven entra a trabajar recibe la promesa de que como contraparte de sus aportes tendrá una jubilación de ciertas características. Pero lo más probable es que eso no se cumpla. Algunas de esas cosas van a tener que cambiar y eso idealmente debería afectar a los que no entraron aún al mercado laboral. Eso implica ver efectos dentro de varias décadas, por lo que termina siendo inevitable afectar a quienes están dentro del sistema, incumpliendo promesas hechas”, señaló.
La excepción, en su opinión, es el sistema de capitalización de los aportes en cuentas personales, como el que surgió en Uruguay tras la reforma de 1996. Al momento de jubilarse, el dinero acumulado (manejado por una administradora, conocida por la sigla AFAP) se transforma en una póliza de renta vitalicia que paga una compañía de seguros.
“Los sistemas de ahorro individual no suponen hacer compromisos que no se pueden cumplir. El más duro es el que hace la aseguradora al momento de adquirir la renta vitalicia. No deja de ser complejo, porque van a pagar por unos 20 años una cierta renta dado un monto inicial. Pero el BPS se compromete con el ciudadano a sus 20 años de edad a que si aporta durante 30 años le va a dar una jubilación hasta su fallecimiento. Es un compromiso enorme, que involucra de repente 60 años. Ahí hay que tener bastante más cuidado. Y esto no es una crítica al BPS sino a un tipo de sistema que funciona en el mundo entero”, razonó Forteza.
En su opinión, la discusión política actual sobre estos temas terminará en cambios en la edad de jubilación o en la tasa de reemplazo. Será una decisión “muy difícil” pero “en los sistemas actuales no hay más remedio”. Por eso considera que habría que diseñar uno “actuarialmente justo” donde haya relación entre lo que el trabajador aporta y lo que recibe (con cuentas personales en AFAP o cuentas nacionales) aunque sin excluir una “redistribución focalizada”. Para él, “se puede poner un piso (en las pasividades) para atacar un problema de pobreza en la vejez. Pero donde se sabe hacia quién va y de dónde sale el dinero. Tiene una cuenta aparte”.
Además, según el economista, habría que hacer reformas institucionales para garantizar que algunos parámetros se determinen con independencia y se actualicen periódicamente. “Es insólito que en Uruguay hayan pasado 20 años para ajustar las tablas de mortalidad. Hoy el diseño institucional es malo. No está previsto constitucionalmente que el BPS le rinda cuentas a nadie. (...) Está faltando el rol del regulador y del supervisor”, señaló.
