Unas 3.800 residencias fiscales y al menos US$ 172 millones en compras de inmuebles

Para cada año desde 2020 y para lo que va de 2023 Búsqueda también pidió a la DGI la cantidad de solicitudes por causal de “interés económico” realizadas al amparo de los literales C y D, introducidos por el decreto 163 de 2020. Esa norma fue aprobada por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou apuntando a “estimular la inversión” en Uruguay mediante la radicación de extranjeros, para lo cual flexibilizó las condiciones requeridas para el otorgamiento de la residencia fiscal (que le permite a la persona o la empresa pasar a tributar impuestos por el régimen uruguayo en lugar de hacerlo en su país de origen, siempre que existan convenios bilaterales, para evitar doble imposición).

A su vez, el monto total de inversiones en bienes inmuebles ingresadas al país para configurar esta causal fue de US$ 32,4 millones en 2020, US$ 94,4 millones en 2021 y US$ 45,5 millones en 2023; para el año pasado la DGI indicó que “no se dispone” de datos.

La otra innovación que trajo el decreto 163 fue el literal D, que refiere a una inversión “directa o indirecta en una empresa” por un valor superior a 15 millones de UI realizada desde julio de 2020 y que genere, al menos, 15 nuevos puestos de trabajo en relación de dependencia, a tiempo completo, durante el año civil. En su respuesta, la DGI aseguró que “no hubo solicitudes” de residencia por esta causal.