Universidades públicas de la región tienen un sistema de gestión y financiamiento “desalineado” con lo que ocurre en el resto del mundo

El consultor en políticas de educación y ex ministro de Estado en Chile (1994-1998) sostuvo que en Uruguay y otros países latinoamericanos falta mejorar la “rendición de cuentas” de lo que se invierte en la enseñanza.

—El fenómeno más llamativo del sistema universitario en América Latina es su enorme expansión en los últimos 15 o 20 años. De sistemas relativamente pequeños, de elites, con universidades que acogían a pocos alumnos provenientes en general de familias burguesas o profesionales, hemos pasado a un sistema ampliamente diversificado donde hay cerca de 4.000 universidades en toda la región, otras 6.000 instituciones no universitarias y más de 20 millones de estudiantes.

Este sistema en general es débil en producción de conocimiento, en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo, salvo por la excepción de Brasil. Hay poca producción de conocimiento, hay pocos investigadores, poco desarrollo de los programas de doctorado; basta mirar lo que pasa en Chile, que logra graduar 300 doctores cuando un país pequeño como Dinamarca gradúa 3.000.

—Usted mencionaba como uno de los puntos positivos el crecimiento del sistema, pero hay quienes sostienen que eso afectó la calidad de la enseñanza. ¿Qué opina al respecto?

—Si los países pretenden con el mismo financiamiento, con la misma tecnología, con sus pocas universidades generalmente públicas, responder a esa mayor demanda, lo más probable que ocurra es que universidades que fueron pensadas, construidas y financiadas para tener 20 o 30.000 alumnos terminan con 80.000. Y pagan un precio alto en calidad.

Los países tienen que diversificar su plataforma institucional, tienen que crear distinto tipo de instituciones, tanto publico como privadas. Ocurre que en algunas partes de América Latina hemos tratado de mantener el molde tradicional, tratando de meter la masificación dentro de pocas instituciones financiadas precariamente y eso golpea sobre la calidad promedio del sistema.

—¿Uruguay entra dentro de esa definición?

—Qué duda cabe. Uruguay inició el proceso de diversificación de sus instituciones mucho más tardíamente que otros países de América Latina. Trató de mantener una suerte de proveedor único de formación superior por muchísimo tiempo, basta mirar y compararlo con un país relativamente pequeño: Chile no tiene ninguna universidad publica con 80.000 alumnos. La Universidad de Chile, que está entre las 25 mejores de América Latina, tiene 25.000 alumnos. Uno puede perfectamente discutir que la masificación podría haber golpeado la calidad en Uruguay, ¿no tiene que ver y no era acaso un resultado previsible de la estrategia institucional que se siguió?

—Las autoridades de gobierno uruguayas entienden que el mayor problema está en la enseñanza media y no en la Universidad...

—Lo primero claro es terminar de universalizar la formación media, porque lo que importa a esta altura del siglo XXI no es cuánta gente entra a la Secundaria, sino cuánta gente se gradúa de la Secundaria y de qué franja socioeconómica proviene. En América Latina, si uno ve la tasa de graduación de los más pobres, nota cómo se gradúa menos del 10%. No hace mucho sentido insistir —y sé que este es un tema muy polémico— con la gratuidad en el nivel superior cuando tengo mal financiada la educación Secundaria y cuando buena parte de los jóvenes que ingresan ni siquiera logran terminarla. Porque entonces el gasto público en educación superior termina siendo extraordinariamente regresivo: se financia la educación terciaria a gente que viene del nivel social alto.

El modelo de financiamiento debiera asegurar que todo joven talentoso y sin recursos, que ha egresado de la Secundaria y que tuvo un buen desempeño, pueda ingresar a la educación superior. Quienes pueden financiar su educación superior debieran contribuir a ella. Es un modelo de costos compartidos entre el Estado y los privados.

—La Universidad de la República reivindica que es una de las pocas de la región que mantiene los ideales de la Reforma de Córdoba de 1918, entre los que se incluye la gratuidad y el cogobierno. ¿Cuál es el mejor modelo de gestión y financiación?

—Creo que es una discusión abierta y hay que tener enorme respeto por las tradiciones de cada universidad. Creo que el modelo tradicional de financiamiento, de organización, de gobierno y de gestión de nuestras universidades públicas está desalineado con lo que ocurre en las universidades públicas en Estados Unidos, Europa, Asia.

Creo que la experiencia de muchas de nuestras universidades públicas muestra que hay grandes dificultades para con ese modelo poder mantener universidades que estén en la punta, por lo menos dentro de la región, en términos de investigación científica, formación de posgrado y de pregrado de alta calidad.

—¿Qué implica ese atraso? 

—El costo es volverse cada vez más marginal y nostálgico de un modelo que ya no rinde y donde la cultura académica se torna en una cultura del resentimiento hacia las políticas del gobierno, donde hay una constante queja de que los ministros de hacienda no entienden, de que los gobiernos tienen políticas neoliberales; es decir, se transforma en una actitud defensiva y corporativista que no permite efectivamente dar impulso de transformación a esas universidades.

En otros países no se confunde lo que es el gobierno corporativo con lo que es el manejo académico; ni se confunde la democracia de un hombre=un voto como la mejor forma de organizar colectivamente los asuntos de la polis, con la universidad como una institución especializada de conocimiento.

—Desde el gobierno cuestionan la falta de resultados en la enseñanza pese al aumento presupuestal...

—Son procesos lentos, los resultados se ven a distancia, pero hay que tener sistemas de rendición de cuentas. No hay ningún país democrático de larga tradición universitaria que no esté usando una batería de indicadores muy exigentes para medir cuál es el valor de retorno por cada euro que están invirtiendo. Nosotros en América Latina tenemos esta idea de que lo que hacemos los académicos es algo tan esotérico que nadie podría evaluarlo ni medirlo. Uruguay no tiene un riguroso sistema de acreditación, es uno de los pocos casos en la región.