Algunas decenas de trabajadores tercerizados —que prestan servicios en el Correo, OSE, UTE, Ancap, Antel entre otras instituciones, así como de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys)— cortaban la calle frente a la sede de la central sindical y el tránsito, en la hora pico, era desviado mientras se aguardaba la llegada de García. Pero después de varios minutos, quienes portaban los bombos y pancartas ingresaron al local del PIT CNT y la puerta metálica del salón de actos se cerró para comenzar el evento, titulado “Las tercerizaciones en el Estado”, sin el jerarca.
Esa cifra representa algo más de la quinta parte (29%) de los 280.853 funcionarios presupuestados que tenía el Estado al cierre de 2013, de acuerdo con cifras oficiales.
Pedido de datos
Al amparo de la ley de acceso a la información pública, en los primeros días de febrero Búsqueda pidió a todos los ministerios, a la Presidencia de la República, a las principales empresas públicas y a otras instituciones gubernamentales información sobre la cantidad de contrataciones tercerizadas de personal y montos destinados a este rubro en el quinquenio 2010-2014. También se les solicitó que identificaran a las firmas privadas que les prestan esos servicios, ya sea de limpieza, seguridad u otros.
La mayoría de las respuestas fueron recibidas dentro de los plazos establecidos por la ley, pero varios organismos solicitaron prórrogas (ministerios de Desarrollo Social y Ganadería) y otros (ASSE, y ministerios de Transporte, Salud Pública y Vivienda) no habían contestado hasta ayer miércoles 29.
La información proporcionada fue, en unos pocos casos, detallada y completa. Otros —los ministerios de Economía y Defensa, Interior, así como el Banco República— remitieron a una página web sobre licitaciones estatales de donde no se desprende la cantidad de trabajadores que trabajan de manera tercerizada para el Estado.
Entre los que sí brindaron datos existe un grupo que no incluye en su informe el personal contratado, pero sí los montos y otro que dio ambas cosas. En el primer grupo se encuentran UTE, ANCAP, el Banco Hipotecario, el Ministerio de Trabajo y la Presidencia.
Quienes otorgaron la información más completa fueron la Asociación Nacional de Puertos, Administración de Ferrocarriles del Estado, Administración Nacional de Educación Pública, Banco de Seguros, y los ministerios de Industria, Relaciones Exteriores y Turismo. Esta última cartera tiene una categoría de personal solicitado “a demanda” que no especifica las cantidades.
A partir de la información recibida, Búsqueda calculó que el gasto en estos contratos de servicios tercerizados en 2014 ascendió a $ 2.962 millones, más del doble que en 2010 ($ 1.351 millones).
De los organismos que aportaron datos, UTE es el que realiza anualmente el mayor gasto: entre $ 1.000 y $ 1.700 millones anuales.
En cuanto a la cantidad de trabajadores, fueron 778 el año pasado en las cinco instituciones que dieron esta información.
Una de las razones esgrimidas para justificar la falta de datos al respecto es que el Estado contrata determinados servicios y que son las empresas privadas las que disponen con qué cantidad de personal se cumplen las tareas. El Ministerio de Educación y Cultura, Antel y otras pocas instituciones aportaron un listado de empresas proveedoras de servicios tercerizados.
La información que dio OSE no incluyó los gastos de vigilancia y limpieza. Fuentes de esa empresa dijeron que unas 1.000 personas trabajan de manera tercerizada en contratos que suman U$S 24 millones.
“Cero” beneficio
Fuentes expuso en la charla en el PIT-CNT la problemática actual de los trabajadores subcontratados por el Estado luego de hacer un repaso histórico del tema.
Recordó el plebiscito de 1992 que evitó la privatización de las empresas estatales y el posterior avance por la vía de los hechos de tercerizaciones en el sector público.
Señaló que la ley 18.099 de 2007 mejoró la situación porque obligó a que el Estado controle que las firmas contratadas cumplan con sus obligaciones tributarias y salariales porque, de no hacerlo, es “solidariamente responsable”. Esa norma fue sucedida al año siguiente por la 18.251, que atemperó las responsabilidades de la empresa principal y estableció que su obligación será “subsidiaria” si ejerciera la facultad de ser informado acerca del cumplimiento de las obligaciones por parte de la contratada.
Fuentes avanzó y dijo que el “no a las tercerizaciones” es una posición histórica resuelta por el Congreso del PIT-CNT, que se sustenta en las malas condiciones de trabajo y en el hecho de que “el beneficio” que este tipo de contratación “ha dado para el Estado es cero”.
Indicó que el sector público, en los últimos años, ha perdido mucho dinero en juicios por reclamos que estos trabajadores vienen realizando cuando la empresa que los emplea “desaparece” sin pagar los créditos laborales.
Agregó que el salario de un trabajador subcontratado es la mitad o la tercera parte del que percibe un funcionario presupuestado que realiza la misma tarea y tiene la misma capacitación. También dijo que los tercerizados son los “más reprimidos sindicalmente” por las empresas que contratan con el Estado.
“Estas son las cosas que queremos hablar con el gobierno, con la OPP que está empezando a armar la ley de Presupuesto, para que no haya trabajadores de segunda y de tercera, y sean todos iguales en un país en desarrollo”, sostuvo.
Señaló que si bien la ley de 2007 “mejoró las condiciones” de este tipo de trabajadores, “fue totalmente insuficiente para modificar la realidad”. Como ejemplo, citó a un grupo de empleados de una empresa contratada por Antel hasta hoy viernes 30 que perderán la antigüedad, no cobrarán despido y “no tienen derecho a nada”.
Añadió que la situación en el sector privado “es tan mala o peor” que en el público.
Fuentes afirmó que esta problemática “merece” elaborar un proyecto de ley que contemple las distintas situaciones que se presentan y “elimine la clara discriminación” hacia el personal tercerizado.
Seguido de Fuentes, otro integrante de la comisión del PIT-CNT agregó que gran parte de los trabajadores que ganan $ 15.000 nominales al mes son tercerizados.
“Vamos a pelear en este quinquenio por las tercerizaciones en el Estado con una discusión muy fuerte con el gobierno. La discusión tiene fecha de vencimiento, queremos respuestas concretas”, reclamó.
Julio Mujtarian, de la Federación Ancap, apuntó que la ley de participación público-privada, las empresas mixtas, y el eventual acuerdo de servicios conocido por la sigla TixSA traen más tercerizaciones.
Dijo que dentro del Estado las diferencias entre las condiciones del personal presupuestado y los contratados a terceras empresas “genera conflictos permanentes”, porque además de la discriminación salarial “no se les da capacitación”, “no tienen carrera funcional” y son perseguidos cuando se organizan sindicalmente.
Mujtarian dijo que el “gobierno tiene un debe y una deuda muy grande” porque “este gobierno se construyó con los trabajadores”.
En la misma línea, Héctor Zapirain, del Cuesta-Duarte, analizó la normativa vigente y afirmó que amerita una “revisión o mejoramiento”, además de “ver cómo se aplica” porque si bien en algunos casos da los instrumentos necesarios para hacer los reclamos y obtener una indemnización, luego de entablar un juicio durante dos o tres años “quizás haya que pulirlos más”.
Otro dirigente aseguró que la ausencia del director de la OPP es parte de las estrategias para que el tema “pase desapercibido” ante la opinión pública.
