Ursec bloqueó en el año 27 dominios de TV ilegal tras denuncia de tres empresas

Si bien desde la Ursec se valoró positivamente estas primeras acciones, voceros de empresas sostienen que el proceso aún no tiene la agilidad necesaria para ser eficaz.

Juan Andrés Lerena, abogado de esta empresa y asesor legal de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), dijo a Búsqueda que todo este proceso, desde la primera detección de las webs que retransmitían de forma ilegal los contenidos y la resolución de la Ursec, “insumió dos meses y medio”. La segunda vez que acompañó otra denuncia de la empresa ya el tiempo transcurrido se redujo a dos meses. “Para que esto realmente funcione de manera eficaz tiene que ser inferior a un mes”, agregó.

En las últimas dos resoluciones de este tipo de la Ursec, desde la denuncia a la resolución transcurrieron nueve días en una y 14 en la otra. Esto no especifica, empero, si hubo una denuncia previa que no cumpliera las exigencias previstas por el decreto y debiera presentarse de nuevo.

Si bien actores como la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) habían saludado y valorado positivamente la reglamentación del artículo 712 de la última Ley de Presupuesto, como una manera de darle voz a los intermediarios en esta cadena y de proteger a las empresas ya establecidas, también hubo críticas a lo engorroso del proceso. Según el artículo 2 del decreto, el denunciante, que tiene que ser un titular de un servicio de televisión para abonados, debe acreditar bajo declaración jurada que está habilitado a hacer las transmisiones y fundamentar la solicitud de bloqueo, individualizando y presentando pruebas de la infracción. Una vez que esta instancia se sortea, se procede al bloqueo electrónico temporal y la notificación a las partes y a todas las empresas proveedoras de Internet en Uruguay.

Tanto desde la Ursec como desde los operadores se ha indicado que recopilar la documentación exigida, que incluye certificados notariales, es lo que más ha dilatado los procesos. Según dijeron fuentes del sector, este podría estar fuera del alcance de empresas pequeñas.

“Hasta ahora ha sido trabajoso, pero al menos cada procedimiento ha sido más rápido”, señaló Lerena. Desde Andebu se valoró esta solución “por vía administrativa” que permite una resolución más rápida que la judicial. Sin embargo, la demora conspira para que más empresas hagan más denuncias. “A medida que se vea que este procedimiento es exitoso, las compañías acudirán a este decreto cada vez más”, agregó el abogado.

“Como toda operativa nueva, lleva tiempo implementarla y aceitarla. Pero una buena señal es que está pasando y que ninguno de los sitios bloqueados compareció a presentar descargos, lo que quiere decir que las resoluciones estuvieron bien hechas”, dijo por su parte un integrante de la Ursec a Búsqueda.

El bloqueo de una web pirata por lo general se traduce en la aparición de otras similares, de nombres prácticamente idénticos. Además hay reincidencia, como en el caso de librefutboltv.com, sin que exista aún marco regulatorio que indique qué hacer en estos casos. De acuerdo con Lerena, una aspiración del sector es que “el regulador se anime a hacer bloqueos cada vez más masivos”. Ignacio Cersósimo, vocero de CCV San José, señaló que más allá de los perjuicios económicos a las empresas habilitadas los usuarios se enfrentan a “varios riesgos” al lidiar con este tipo de software, incluyendo acceso a los propios correos electrónicos y cuentas bancarias. El phishing, la publicidad engañosa y el direccionamiento involuntario a sites pornográficos son otros de los peligros señalados.

Fast track

Si bien sus impulsores destacan que Uruguay tiene una legislación “de avanzada” en el tema, atacando un informalismo que llega, según distintas fuentes, a ocupar entre el 20% y el 30% del mercado, hay voces que cuestionan esta potestad por parte de la Ursec sin que haya una orden judicial de por medio.

Una de ellas es la de Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom). “La Ursec no es un organismo idóneo para estos procedimientos. Es un mecanismo excesivo que quita las garantías del debido proceso, arriesgando a afectar derechos fundamentales, como el de expresión. El (derecho) de autor ya podía ser defendido a través de la Justicia”, dijo a Búsqueda.

Desde la Ursec resaltaron que no hay indicios de que nada de esto haya ocurrido al momento.

Actualmente, el gobierno se apresta a reglamentar el artículo de la Rendición de Cuentas de 2022 que habilita a la Ursec a bloquear “en tiempo real” señales que estén transmitiendo eventos deportivos en vivo en forma ilegal también por denuncia de los dueños de los derechos, lo que también fue cuestionado por Observacom y la Asociación Latinoamericana de Internet.

La actual Rendición de Cuentas, que hoy cuenta con media sanción, quiere extender la potestad de denunciar sitios de transmisión ilegales a las señales de aire que están habilitadas a transmitir en Uruguay. “Esto es un fast track para defender derechos patrimoniales cuando para otros derechos fundamentales es necesario acudir a la Justicia, lo que es desproporcionado”, añadió Gómez.