Uruguay aspira a avanzar hacia una “base verde” en la Antártida, con el fin de mejorar su “obsoleto” desempeño ambiental

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, justificó que la resolución de esos asuntos quedó demorada debido a la transición hacia la nueva organización institucional —que implicó la creación de la cartera—, pero señaló que en julio se designó a un funcionario alterno para ocupar dichos cargos. Quien oficie de delegado titular debe tener, entre otras cosas, determinada formación, de acuerdo a un decreto de 2018, y por eso su designación es más compleja. “Mientras tanto estamos avanzando para resolver el tema en base a una definición más amplia que es, precisamente, la continuidad del decreto o no, y definir quién será el titular definitivo por parte del Ministerio de Ambiente”, indicó Peña.

“Queremos intentar mejorar la eficiencia energética de la base e incorporar tecnologías renovables para hacerla sostenible. El país ha avanzado mucho en el territorio continental, pero en la Base Antártica nos hemos quedado atrás y es algo que hay que cambiar”, señaló.

Por otro lado, existe un desafío respecto a la gestión de los residuos sólidos de la base, que hoy se incineran en una autoclave (que funciona a combustible fósil) antes de trasladarse al continente. Según explicó el subsecretario, ese procedimiento “también ha quedado obsoleto”.

Por último, las autoridades pretenden mejorar la gestión de los residuos líquidos, las llamadas aguas residuales. Hoy se aplica un proceso para quitarles la humedad y luego se traen los lodos al continente, algo que también repercute negativamente en la huella de carbono, dijo Amarilla.

“Tenemos que trabajar en generar un proceso biológico —como hacen otros países en la Antártida— para descomponer in situ la carga orgánica de los líquidos. Tenemos además el problema de la temperatura. Hay que calefaccionar a las bacterias para que trabajen en los residuos líquidos —básicamente, exponerlas al aire acondicionado—, lo que genera un costo importante”, explicó el subsercretario.

El jerarca reconoció que hoy la cartera no tiene los recursos como para implementar una solución, por lo que su intención es buscar la cooperación de otros organismos públicos —como OSE, UTE y el Ministerio de Industria, Energía y Minería— para establecer un plan concreto de mejora del desempeño ambiental de la base.

Otro de los temas centrales que el Ministerio de Ambiente trabaja, junto con el Instituto Antártico Uruguayo, se vincula al desarrollo de nuevas áreas marinas protegidas (AMP). Es que si bien Uruguay ya colidera al menos dos AMP en la Antártida (una en la Antártida Oriental y otra en el mar de Weddell), días atrás el ministerio resolvió apoyar oficialmente una propuesta planteada por la organización The Pew Charitable Trusts y Antarctic & Southern Ocean Coalition, miembro consultivo del Tratado Antártico. Esta propuesta plantea que Uruguay coimpulse (junto con un país europeo) la presentación de una nueva área protegida en el Dominio 9 de la Antártida, donde existe un gran interés por parte de empresas pesqueras.

“Hay que generar normas que puedan permitir actividades productivas o turísticas, pero con cierto plan de manejo para que se preserven los recursos naturales que existen en aquel continente”, indicó Amarilla. Según dijo, se trata de una zona de más de 4,3 millones de km2 donde hoy no hay ninguna AMP, por lo que es necesario proteger los recursos acuáticos mediante una normativa que regule la libre explotación.

Según figura en el documento elaborado por la organización internacional, al que accedió Búsqueda, la nueva AMP estaría ubicada en los mares de Amundsen y Bellingshausen en el marco de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, región que “sigue siendo la única sin un AMP existente o un proceso activo” para su desarrollo.

“Esto deja una región crítica del océano Austral desprotegida, así como una brecha en la red de Áreas Marinas Protegidas necesarias alrededor de la Antártida”, indica la carta. La organización prevé apoyar la iniciativa con recursos técnicos y financieros.

Uruguay se había comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas a alcanzar para 2020 el 10% de su área marítima protegida. Y aunque hoy el porcentaje bajo protección sigue siendo menor al 1%, el ministro Peña se propuso llegar pronto a los dos dígitos. La cartera estudia actualmente decretar como AMP la Isla de Lobos y los bancos de mejillones, propuestas por el movimiento Océanos Sanos de la Organización para la Conservación de Cetáceos (Búsqueda Nº 2.108).

“Seguramente antes de fin de año tengamos una audiencia entre el ministerio, la organización y otros interesados para ver cómo seguimos. Porque decretar AMP solamente en el papel no tiene sentido, hay que generar un plan de manejo y tener los recursos para protegerla”, cerró Amarilla.