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Luis Alberto Heber se sentó la semana pasada en la sala de conferencias del Ministerio del Interior para oficializar una tendencia que estaba clara desde antes: los homicidios continuaban en aumento en el país, con un crecimiento de 81 a 95 (17,2%) si se comparan los intervalos julio a setiembre de 2021 y 2022.
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“El 75% son producto de disputas por territorios porque hay menos droga, menos dinero y menos bocas de venta. Son bandas, gente vinculada al delito que se enfrentan entre ellos de una manera espantosa para generar terror, miedo y temor”, justificó el ministro el martes 15.
Insistió en la principal hipótesis de la Policía Nacional: el aumento de arrestos y de cierres de puntos de venta provoca más violencia en el mercado del narcomenudeo e involucra muertes de vendedores, consumidores, deudores y sus familias, especialmente en los barrios de Belvedere, Casabó, Casavalle, Cerro, Flor de Maroñas, La Paloma, La Teja, Lavalleja, Manga, Marconi, Paso de la Arena, Peñarol, Piedras Blancas y Punta de Rieles.
Aunque difiera en los términos, esta explicación oficial sobre el aumento de los homicidios es similar a la de administraciones pasadas del Ministerio del Interior. Y no por repetida se logró solucionar en este período. Por eso, más allá de anunciar medidas prácticas como profundizar el patrullaje y adquirir 2.000 cámaras de videovigilancia, el gobierno estudia otras más sofisticadas que implican el uso de información e inteligencia.
Una delegación encabezada por Heber y el director de la Secretaria de Inteligencia Estratégica de Estado, Álvaro Garcé, visitó Tel Aviv el mes pasado para conocer algunas de las estrategias del Ministerio de Seguridad Pública de Israel, un país que más allá de la amenaza del terrorismo tiene también una complicada realidad interna de asesinatos.
En agosto del 2021 un artículo de la BBC advirtió que en Israel “cada vez más personas se ven envueltas en una ola de delitos violentos relacionada con armas ilegales, disputas familiares y bandas organizadas”. En su mayoría son miembros de la comunidad árabe, donde es más común la presencia de pandillas dedicadas a la extorsión, los préstamos y la venta de drogas.
En setiembre el primer ministro, Yair Lapid, ordenó que se aumentara la presencia policial en las ciudades mixtas luego de la muerte de una madre y su hija adolescente. “Los hechos de violencia y asesinatos están dañando la sensación de seguridad de los ciudadanos y su rutina diaria”, informó la Oficina del Primer Ministro en un comunicado de prensa.
Según consultas realizadas por Búsqueda, las autoridades de seguridad uruguayas entienden que “estas formas de criminalidad” de Israel tienen “puntos en común” con la situación de los homicidios en Uruguay, marcados por bandas que pelean el microtráfico de drogas.
Durante su visita a Israel, Heber dijo al Semanario Hebreo que en sus reuniones discutió “sobre todo el tema de la logística de inteligencia”, que es “muy importante” para poder combatir las organizaciones delictivas. “Nosotros podemos tener imágenes, podemos tener conocimiento de lo que está pasando, pero si no hay un análisis, inteligente, y de ahí la inteligencia, como para poder interpretar cómo se mueve el crimen organizado, falta algo. Bueno, eso es para nosotros una tarea de aprendizaje que es muy importante para el Ministerio del Interior”, afirmó. Con el mismo semanario habló Garcé, quien destacó que conocer la gestión de seguridad de Israel “viene muy bien” ante la tasa de homicidios que tiene Uruguay, “un motivo de preocupación”.
Por el momento Israel no presentó ninguna propuesta concreta sobre asesoramiento en el combate a bandas criminales, pero sí se conversaron estrategias y la posibilidad de ampliar la relación a futuro. En marzo, el ministro de Justicia de Israel, Gideon Saar, expresó su agradecimiento al presidente Luis Lacalle Pou “por el cambio positivo” en la actitud de Uruguay hacia ese país desde que asumió la presidencia.
En agosto, el gobierno cerró la compra de 10.000 equipos de protección balística por un valor superior a los US$ 2,3 millones, tras una licitación pública internacional otorgada a la empresa israelí Marom Dolphin, proveedora de equipamiento de defensa a unidades del ejército de Israel. Se trató de la segunda compra que la administración cierra con una compañía israelí especializada en seguridad, luego de que el año pasado se compraran 200 fusiles de asalto Tavor fabricados por la Israel Military Industries, parte propiedad privada y parte propiedad del Estado.