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    Uruguay debe “intentar rentabilizar” su “excelente desempeño” en factores de ambiente, social y gobernanza para acceder a mercados

    Con el agronegocio como parte del título del IAAE Interconference Symposium-Congreso Regional de Economía Agraria, Juan Labraga aclaró a la audiencia que su área de expertise no es esa sino el comercio internacional, antes de exponer sobre “una interacción bien compleja de temas que tiene el mundo por delante”, entre la consideración de los factores medio ambientales, sociales y de gobernanzas (ESG, por su sigla en inglés), la producción internacional y el acceso a los mercados.

    Según ese economista, que está al frente de la Asesoría Comercial del Ministerio de Economía (MEF), países como Uruguay que estén dispuestos a volver “vinculantes” en aspectos comerciales compromisos asumidos en el Acuerdo de París o en otros factores ESG podrían aspirar a obtener algún tipo de garantía o tratamiento simplificado al momento de colocar sus productos de exportación.

    Labraga disertó el 21 de abril en la jornada final de ese foro académico organizado en Montevideo por la Asociación Internacional de Economistas Agrarios, la Asociación Argentina de Economía Agraria y la Sociedad de Economistas del Uruguay, entre otras entidades.

    Para iniciar, puso en contexto su enfoque. “El orden mundial económico de la pos Segunda Guerra Mundial ha desaparecido. Ese período estuvo caracterizado en materia de comercio exterior por una caída de los aranceles en todo el mundo, y también en América Latina, y una drástica reducción de los costos de transporte por la contenerización de la carga y los buques de mayor tamaño”, señaló.

    Caracterizó el período actual como una etapa de retorno de las políticas unilaterales. El “estancamiento” del ámbito de la Organización Mundial del Comercio y la ausencia de un foro claro en donde tratar los factores ESG en los organismos financieros multilaterales han llevado a que cada zona del mundo adopte sus propias políticas en esta materia “sin ninguna conversación o negociación a nivel global. La urgencia de la crisis climática amerita tomar acciones, pero sabemos que para países en desarrollo siempre sería mejor acordar estas medidas en un acuerdo multilateral”, reflexionó.

    Dijo que, hoy, los compromisos asumidos en el Acuerdo de París no son vinculantes para los países.

    Se refirió después al Pacto Verde (Green Deal) de la Unión Europea (UE). Explicó que plantea la prohibición de productos que no estén libres de deforestación e introduce un ajuste en la frontera del carbono. Se trata, por tanto, de subsidios “positivos” a la producción ambientalmente sustentable y restricciones al acceso al mercado en la medida que no se prueben ciertos requisitos de producción.

    De modo similar, dijo que en Estados Unidos (EE.UU.) la Inflation Reduction Act (IRA) contempla subsidios “positivos” a productos verdes y sus tecnologías en la medida que un 40% de la elaboración se haga en países “amigos”, es decir, con los que tenga tratados de libre comercio (TLC) vigentes. También mencionó la “resurrección” de la sección 307 de la Tariff Act de 1930, una prohibición de ingreso al mercado estadounidense de mercaderías que se presumen realizadas con trabajo forzoso o infantil. Si la autoridad aduanera de EE.UU. tiene sospecha fundada de que el producto fue realizado con trabajo forzoso, se invierte la carga de la prueba y es el país sospechoso el que debe demostrar que no es así. Según Labraga, esto implica un “cambio histórico de paradigma” en EE.UU., que deja de defender las medidas basadas en ciencia y evidencia para adoptar el principio precautorio, secularmente defendido por la UE, donde el país “acusado” —el exportador— debe garantizar su forma de producción “correcta”. Recordó, además, que en diciembre del 2021 se aprobó una ley que presume esta conducta para toda la región de Xinjiang (China) en “clara preocupación” por el trabajo forzoso.

    Apuntó que muchos países en desarrollo de peso internacional, como China y Brasil, pretenden retornar a los términos del Acuerdo de París para hablar de desarrollo sostenible y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas en las causas de la actual crisis climática. Otros actores plantean que, con la excusa “noble” del cambio climático, se imponen políticas proteccionistas.

    Para el director de la Asesoría Comercial del MEF, mientras se da este debate, el hecho concreto es que se pierde acceso comercial “en la medida que no se cumplan los estándares impuestos por los mercados de destino, ya que las medidas ya están tomadas”. Afirmó además que los acuerdos comerciales del presente y del pasado —los TLC— no estipulan nada sobre estos nuevos requisitos en materia de acceso a mercados. De todos modos, tales requisitos “ya existen y estarán vigentes con o sin acuerdos”. Como ejemplo, mencionó que el “tan postergado acuerdo” entre el Mercosur y la UE no alude a esos requisitos, básicamente porque no existían en 2019, cuando se firmó. Según Labraga, sin acuerdo se van a aplicar de forma unilateral. ¿Cambiaría algo con un acuerdo?, preguntó. De no cambiar nada, el estatus o la forma de demostrar el cumplimiento, parecería ser que las concesiones otorgadas en su momento “quedan un poco diluidas”. Y agregó que EE.UU. dio un tratamiento diferencial a sus países “amigos” en la IRA y la UE debería estar dispuesta a hacer lo mismo con el Mercosur.

    Para países como Uruguay, dijo, el “punto central” es que aquellas economías que adopten los estándares y lo acrediten —ambas cosas— tendrán efectivo acceso comercial y menos competencia, ya que hay otros que no los cumplirán o no podrán certificar que lo hacen.

    Las implicancias

    En su disertación mostró varios indicadores —usualmente expuestos por el MEF a inversores internacionales— que posicionan a Uruguay como “líder en factores ESG” en el mundo. Para Labraga, parecería ser una buena estrategia “intentar rentabilizar” el “excelente desempeño de Uruguay en los tres factores —medio ambiente, social y gobernanza— en cuanto al acceso a los mercados de exportación. Y planteó: “El debate está abierto en cómo se puede rentabilizar esta buena posición internacional. Quienes piensan que las negociaciones comerciales deben hacerse como ‘siempre se hicieron’ me dirán (que) no deben mezclarse los temas. Pero (…) los temas se han mezclado”.

    Recordó que el año pasado el gobierno uruguayo emitió un bono “sustentable” con una tasa de interés que sube o baja en función de si el país incumple o sobrecumple determinados objetivos ambientales. “¿No podría ser que Uruguay sea considerado un país libre de deforestación también para el acceso a mercados en la medida que auditorías de organismos internacionales certifiquen el proceso, tal como está previsto en el bono de deuda soberana? Parecería ser que los países que estén dispuestos a volver vinculantes en aspectos comerciales compromisos asumidos en el Acuerdo de París o en otros factores ESG, y que midan y rindan cuenta de estos factores, deberían tener algún tipo de garantía o tratamiento simplificado con respecto al acceso a mercados. Esto crearía los incentivos adecuados para que los países alineen sus incentivos”, sostuvo.

    Se explayó sobre esa idea. Dijo que, en términos técnicos, las negociaciones comerciales hasta hace unos pocos años se basaron, en materia de acceso a mercados, en “internalizar externalidades pecuniarias, internalizar acciones de los países que afectaban vía precios a los productos de otros países. Lo que ahora se requiere es mecanismos para internalizar externalidades no pecuniarias; no necesariamente se afecta el precio”.

    En su opinión, la sostenibilidad en sentido amplio —crisis climática, sostenibilidad social y de gobernanza— requiere “ser creativos y abiertos a la hora de pensar un nuevo sistema de incentivos para internalizar este tipo de externalidades”, donde está en juego la sostenibilidad del planeta. Para él, los acuerdos comerciales multilaterales y regionales del futuro deberían incorporar estos asuntos “o, de lo contrario, serán instrumentos que tratan sobre un aspecto de segundo orden en materia de acceso a mercados”: cuánto se cobra de impuestos pero “sin considerar las condiciones en cómo debe realizarse la producción para poder exportar a un determinado mercado.

    Economía
    2023-05-03T18:22:00