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Con la reforma laboral aprobada por el gobierno del presidente Michel Temer, Brasil quedaría 35 puestos arriba de Uruguay en cuanto a la eficiencia de su mercado laboral —uno de los parámetros incluidos en el índice de Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial—, estima el banco Itaú.
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Dicha reforma, votada en julio en el Congreso brasileño y que entrará en vigor a mediados de noviembre, es vista con inquietud en ámbitos de gobierno, empresariales y también sindicales en Uruguay. En un informe interno, el PIT-CNT alertó sobre la desregulación y “retroceso” que suponen esos cambios en Brasil.
Entre otras modificaciones, la nueva ley hace prevalecer los acuerdos entre empleador y empresa sobre los colectivos y flexibiliza las formas de contratación, así como de despido.
Según estimó Itaú, la reforma le permitiría a Brasil escalar del puesto 117º al 86º en la medición de eficiencia laboral; Uruguay está en el lugar 121º en dicho apartado.
A su vez, en el ranking mundial elaborado a partir del Índice de Competitividad Global Brasil podría subir del puesto 81º actual al 78º (Uruguay figuró en el lugar 73º en su última edición). El Foro Económico Mundial —una organización de líderes empresariales y políticos con sede en Ginebra que promueve el desarrollo de los países— publicará en las próximas semanas el informe de este año.
Itaú prevé, además, que en su globalidad la reforma en el mercado de trabajo permitirá aumentar 3,2% el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita en los próximos cuatro años (0,8% anual).
“La reforma laboral brasileña es un elemento que los países de la región con mayor rigidez laboral, como Uruguay o Argentina, deberían mirar con atención a la hora de repensar su competitividad hacia futuro”, dijo a Búsqueda el economista senior de Itaú en Brasil, Juan Barboza.
“El mercado (laboral) en Uruguay está relativamente débil y no ha respondido al crecimiento del producto. La actividad ha caído y las tasas de desempleo no subieron tanto porque hubo una retracción en la oferta. Pero hay un problema en la generación de empleo que puede estar asociado a la estabilidad del tipo de cambio nominal, el alto crecimiento de los salarios reales” y rigideces del mercado, analizó.
La reforma en Brasil habilita el contrato intermitente, algo que a entender del banco “beneficiará a una gran gama de sectores donde la demanda es zafral” como restaurantes, agricultura y el comercio minorista. La disminución en “el costo de contingencia en los litigios de trabajo” y los cambios en los mecanismos de despido (permitiendo, entre otros puntos, no exhibir motivos que justifiquen la desvinculación) “reducirán la burocracia”. En conjunto, se “tenderá a formalizar el empleo, producir una menor rotación y aumentar los incentivos para invertir en formación del capital humano”, sostiene.
“Diversas medidas de la reforma tienden a aumentar la productividad del trabajo y eso impacta positivamente en el PBI per cápita brasileño. Sin embargo, para alcanzar niveles de competitividad más elevados son necesarios cambios en otros frentes, como la calidad de las instituciones, el ambiente macroeconómico incluyendo la complejidad tributaria y la infraestructura”, apunta Itaú en el análisis.
Sus autores vaticinan también un “impacto relevante” en el nivel de desempleo, por la creación —calculan— de cerca de 1,5 millones de puestos.
Desregulación.
En tanto, un informe del área jurídica del PIT-CNT fechado a fines del mes pasado señala que la reforma en Brasil supone la “desarticulación” de los mecanismos de protección de trabajadores al “restringir” los instrumentos colectivos. Para la central sindical, supone un “retroceso” en derechos laborales conquistados, así como una ruptura con la “esencia y razón de ser del derecho del trabajo” que regresa “a las viejas concepciones del individualismo jurídico”.
“Se trata de aplicar nuevamente la visión de que el mercado todo lo regula y que las relaciones individuales de trabajo deben regirse por la voluntad de las partes”, señalan los abogados Mario Pomatta y Héctor Zapirain.
Para ellos el “cariz antisindical” de la reforma brasileña “resulta evidente” en las restricciones que impone a la acción de las organizaciones sindicales, estipulando que en empresas de más de 200 trabajadores se forme una comisión que asegure un contacto directo con los empleadores. Esto “restringe la representatividad de los sindicatos a nivel de las empresas, principalmente en las medianas y grandes”, apuntan los abogados.